El 27 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un recurso presentado por los indios apaches que quieren impedir que se construya una mina de cobre en tierras que consideran sagradas.
La decisión de la corte en el caso Apache Stronghold vs Estados Unidos se presentó en forma de orden sin firmar. La corte no explicó su fallo.
Los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas discreparon, alegando que la corte debería haber considerado si la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) es aplicable a la explotación minera. El juez Samuel Alito no participó en el caso.
Resolution Copper, que planea explotar el yacimiento, dice que producirá hasta 40,000 millones de libras de cobre en un periodo de 40 años.
Los apaches occidentales han rendido culto durante siglos en un pequeño lugar sagrado de Arizona conocido como Oak Flat, que consideran «un pasaje directo al Creador y el lugar de ceremonias sagradas que no pueden celebrarse en ningún otro sitio», según afirmó Apache Stronghold, una organización tribal, en su petición presentada ante la Corte Suprema el 11 de septiembre de 2024.
El terreno forma parte del Bosque Nacional Tonto, supervisado por el Servicio Forestal de Estados Unidos.
Aunque el gobierno había protegido durante mucho tiempo los rituales apaches en el lugar, su postura cambió tras el descubrimiento de cobre, según la petición. El gobierno decidió transferir el lugar a Resolution Copper para crear allí una mina «que destruirá sin lugar a dudas Oak Flat, engulléndola en un enorme cráter y poniendo fin para siempre a los rituales sagrados de los apaches», según la petición.
Apache Stronghold impugnó la decisión, citando la RFRA y la cláusula de libre ejercicio de la Constitución. Una corte de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, dividido, rechazó la demanda en mayo de 2024 después de que una corte federal de distrito denegara una solicitud para bloquear la transferencia de tierras. La corte de distrito consideró que la demanda de Apache Stronghold no tenía probabilidades de prosperar.
La RFRA se creó para salvaguardar el derecho constitucional de los grupos religiosos minoritarios a ejercer sus creencias religiosas. La ley prohíbe al gobierno federal «imponer una carga sustancial» al ejercicio religioso, a menos que se considere que es el medio menos restrictivo para promover un interés gubernamental imperioso.
Aunque la corte de apelación reconoció que la destrucción de Oak Flat «impediría literalmente» a los apaches participar en la práctica de su religión, consideró que la explotación de la mina no interferiría sustancialmente en su ejercicio religioso en virtud de la RFRA, según la petición.
En su voto particular, al que se sumó Thomas, Gorsuch escribió que Oak Flat es un lugar en el que los miembros de la tribu participan en «ceremonias religiosas que no pueden celebrarse en ningún otro lugar» y que, por esa razón, el gobierno «ha protegido durante mucho tiempo tanto la tierra como el acceso de los apaches a ella».
«Ya no más. Ahora, el gobierno y un conglomerado minero quieren convertir Oak Flat en un enorme agujero en el suelo. Para extraer el cobre que yace bajo la tierra, planean excavar túneles que darán lugar a un cráter de quizás 1000 pies de profundidad y casi dos millas de ancho».
El proyecto impedirá a los apaches volver a utilizar el lugar para el culto religioso, y es «un grave error» que la Corte Suprema rechace el caso, que «cumple todos los criterios que solemos aplicar al evaluar las peticiones» de revisión, escribió Gorsuch.
«La decisión anterior es muy dudosa desde el punto de vista jurídico, adopta una interpretación de la ley contraria a la expresada por otras cortes federales de apelación y es de vital importancia. Antes de permitir que el gobierno destruya el lugar sagrado de los apaches, esta Corte debería al menos haberse molestado en escuchar su caso», afirmó el juez.
La entonces fiscal general Elizabeth Prelogar afirmó en un informe el 22 de octubre de 2024 que el Congreso promulgó en 2014 una ley que autorizaba el intercambio de terrenos solicitado por Resolution Copper.
La corte de distrito actuó correctamente al considerar que la autorización del Congreso para la transferencia de terrenos era una «ley válida y neutral de aplicación general» que «simplemente autoriza el intercambio de terrenos» entre Resolution Copper y el gobierno federal.
Esa corte también determinó que el intercambio de terrenos no supondría una «carga sustancial» para el ejercicio religioso en virtud de la RFRA, según el escrito.
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