Gobernadores y alcaldes de varias jurisdicciones santuario rechazaron esta semana las cartas de demanda de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, que advertían sobre posibles acciones legales y cargos penales para funcionarios estatales y locales que limitaran la cooperación con la aplicación de leyes migratorias federales.
En su carta del 13 de agosto a Gavin Newsom, gobernador de California, Bondi escribió: “Durante demasiado tiempo, las políticas de las llamadas jurisdicciones santuario han socavado esta cooperación necesaria y obstaculizado la aplicación federal de inmigración, dando a los extranjeros cobertura para cometer delitos en nuestras comunidades y evadir las consecuencias migratorias que exige la ley federal”.
Agregó: “Los individuos que actúan bajo la autoridad de la ley, usando su posición oficial para obstaculizar los esfuerzos de aplicación de la ley federal de inmigración y facilitando o induciendo la inmigración ilegal, pueden estar sujetos a cargos penales.”
En su carta, Bondi citó la orden ejecutiva de abril del presidente Donald Trump, que instruía al Departamento de Justicia y a otras agencias federales a identificar jurisdicciones santuario, iniciar litigios y examinar las condiciones para la asignación de fondos federales.
En una publicación en X, Bondi escribió que “cualquier jurisdicción santuario que continúe poniendo a los extranjeros ilegales por delante de los ciudadanos estadounidenses puede venir a la mesa o vernos en los tribunales”. Llamó a las cartas “un paso clave en nuestro esfuerzo estratégico para erradicar las políticas santuario de California a Nueva York”.
A comienzos de este mes, el DOJ también publicó una lista de jurisdicciones santuario, definiéndolas como aquellas que respaldan “acciones y políticas que impiden materialmente la aplicación de los estatutos y regulaciones federales de inmigración”. La lista incluye 12 estados, cuatro condados y 18 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Seattle y San Francisco.
La oficina de Newsom respondió formalmente el 19 de agosto, citando protecciones constitucionales y normas éticas de los abogados.
“La última vez, el gobierno federal demandó y perdió”, escribió David Sapp, secretario de asuntos legales del gobernador, en referencia al fallo de 2019 del Noveno Circuito en United States v. California. “Ahora está establecido por ley en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que la ley de California que limita la coordinación de la policía con la aplicación federal de inmigración ‘no entra en conflicto directo con ninguna obligación que la [Ley de Inmigración y Nacionalidad] u otros estatutos federales impongan a los gobiernos estatales o locales’”, indicó la carta.
El escrito señala que procesar a funcionarios de California por cumplir la ley estatal sería “desafiar el estado de derecho y probablemente constituiría un enjuiciamiento malicioso”. Agregó que “cualquier abogado de California involucrado en amenazar o iniciar tal proceso podría enfrentar una queja ética ante el Colegio de Abogados del Estado de California”.
A nivel local, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, citó la Décima Enmienda durante una conferencia de prensa el 19 de agosto: “Hoy estamos aquí para decir que Boston no se inclinará. Hoy estamos aquí para decir que Massachusetts no será intimidado”.
El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, declaró a KIRO 7 News: “La aplicación de la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. La ciudad no interfiere ni ejecuta esas funciones federales. Hemos recibido y estamos revisando la última carta de la fiscal general Bondi y discrepamos fuertemente con sus afirmaciones.
“Nuestras leyes y políticas protegen la seguridad, privacidad y derechos constitucionales de todos los residentes de Seattle, cumpliendo con la ley aplicable. Seguimos comprometidos con nuestros valores locales, incluido ser una ciudad acogedora para todos. Continuaremos defendiendo a nuestros residentes y nuestros derechos y no dudaremos en hacerlo en los tribunales”.
Mientras tanto, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, declaró en X: “Lucharé por la seguridad y prosperidad de cada residente de Oregón, desde inmigrantes recientes hasta quienes han estado aquí por generaciones. Amenazas como esta socavan nuestros valores y nuestro derecho a gobernarnos. No nos intimidarán para hacer el trabajo del gobierno federal en la aplicación de inmigración”.
El DOJ indicó que su personal ha sido instruido para “investigar incidentes que involucren cualquier conducta potencialmente ilegal y… cuando la evidencia lo respalde, procesar violaciones de las leyes federales”.
El DOJ no respondió a una solicitud de comentarios sobre las respuestas de los líderes estatales y locales a Bondi antes de la publicación.
Con información de Joseph Lord.
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