La Corte Suprema emitió una orden a última hora del 3 de julio que allanó el camino para que el gobierno federal deportara a inmigrantes ilegales a terceros países con los que no tenían ninguna conexión previa.
El caso se centra en ocho hombres a los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) califica como «extranjeros delincuentes» y que actualmente se encuentran detenidos en una instalación militar estadounidense en Yibuti.
El gobierno está alojando temporalmente a estos hombres, que ya estaban en proceso de ser trasladados a Sudán del Sur, en Yibuti para cumplir con una orden del juez Brian Murphy, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
La nueva orden de la Corte Suprema en el caso DHS vs D.V.D. deja claro que la orden del alto tribunal del 23 de junio que permite las deportaciones sustituye a la orden emitida por Murphy ese mismo día bloqueando las expulsiones.
En su orden del 23 de junio, Murphy consideró que su anterior orden judicial del 18 de abril, que detenía las expulsiones, seguía en vigor.
En la sentencia de la Corte Suprema, dictada por 6 votos contra 3 el 23 de junio, tres magistrados —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron.
Sotomayor escribió en ese momento que el gobierno había deportado indebidamente a los demandantes a Sudán del Sur, «una nación que el Departamento de Estado considera demasiado insegura para todos, excepto para su personal más esencial».
El DHS comunicó a la Corte Suprema el 24 de junio que la orden judicial de Murphy que bloqueaba las deportaciones era «un acto ilegal de desobediencia» que debía ser revocado con urgencia. El departamento pidió al alto tribunal que aclarara si su orden del 23 de junio anulaba la orden de Murphy del 23 de junio, así como la orden judicial subyacente que el juez dictó el 18 de abril.
La Corte Suprema dijo en su nueva orden sin firmar del 3 de julio que su orden del 23 de junio «dejaba sin efecto» la orden judicial de Murphy.
Kagan presentó una opinión coincidente con la nueva orden.
«Voté en contra de la solicitud de suspensión presentada anteriormente por el gobierno en este caso, y sigo creyendo que este tribunal no debería haber suspendido la orden del Tribunal de Distrito del 18 de abril que le prohibía al gobierno deportar a personas no ciudadanas a terceros países sin previo aviso ni una oportunidad significativa de ser escuchadas».
«Pero la mayoría de este tribunal vio las cosas de otra manera, y no veo cómo un tribunal de distrito puede obligar a cumplir una orden que este tribunal ha suspendido», escribió Kagan.
Sotomayor presentó una opinión disidente, a la que se sumó Jackson.
«Estados Unidos no puede deportar a personas que no son ciudadanas a un país donde es probable que sean torturadas o asesinadas», y tanto el derecho internacional como el nacional protegen ese «derecho humano básico», escribió Sotomayor.
«En este caso, el gobierno pretende anularlo deportando a personas que no son ciudadanas a países potencialmente peligrosos sin previo aviso ni oportunidad de alegar temor a la tortura.
«La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben seguir las normas, pero la Administración tiene a la Corte Suprema en marcación rápida», añadió.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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