El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con los fiscales generales de varios otros estados, presentó el 7 de julio un escrito amicus curiae o "amigo de la corte" en un intento por impedir que el gobierno federal continúe sus operaciones de control de la inmigración en Los Ángeles.
El caso, Perdomo contra Noem, fue presentado en nombre de personas que afirman que fueron detenidas o retenidas ilegalmente por agentes federales. La demanda alega que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están utilizando tácticas de inmigración inconstitucionales e ilegales, y deteniendo a personas por motivos de raza y etnia.
La demanda también alega que las agencias están privando a los detenidos del debido proceso constitucional y que las políticas de ICE y la CBP ignoran la necesidad de una sospecha razonable. La demanda también alega que las acciones violan la Cuarta Enmienda.
La demanda, que se anunció el 2 de julio en el Autolavado Bubble Bath Hand Car Wash, lugar donde se llevaron a cabo varias operaciones de expulsión, se presentó a raíz de un incidente concreto. Según la ACLU del sur de California, el 2 de julio cinco personas fueron detenidas o arrestadas.
Posteriormente, presentaron una demanda junto con la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, la Unión de Trabajadores del Campo, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el proveedor de servicios legales Centro de Defensores de Inmigrantes.
La demanda pretende poner fin a las detenciones y arrestos, así como garantizar que las personas detenidas reciban un proceso justo y acceso a un abogado mientras se encuentran bajo custodia federal.
La demanda se produce solo dos días después de que la administración Trump demandara a la ciudad de Los Ángeles el 30 de junio por sus políticas de "ciudad santuario", alegando ante una corte federal que la ordenanza viola la Constitución al obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración.
"La cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a la ciudad elegir qué leyes federales se aplicarán y cuáles no", afirmó el fiscal federal del Distrito Central de California, Bill Essayli, en un comunicado sobre la demanda.
El escrito amicus curiae apoya a los demandantes en el caso, que solicitan una orden de restricción temporal para prohibir al ICE y al CBP llevar a cabo detenciones en Los Ángeles durante las acciones de inmigración, a menos que exista una sospecha razonable de que se cometió un delito.
Los fiscales generales, en su escrito amicus curiae, también argumentan que las detenciones, así como el hecho de que los agentes federales lleven máscaras y oculten el nombre del organismo policial para el que trabajan, socavaron la seguridad pública.
"La demanda se produce en medio de las agresivas redadas de inmigración de la Administración Trump en Los Ángeles, que aterrorizaron tanto a los residentes inmigrantes como a los no inmigrantes, enfriaron la participación de los miembros de la comunidad en la sociedad civil y obstaculizaron la aplicación de la ley y la seguridad pública", dijo la oficina de Bonta en un comunicado el 7 de julio.
Bonta sostiene que las operaciones de ICE no tienen que ver con la seguridad o la justicia, sino con las cuotas de detención.
"Las acciones de ICE y la CBP durante las redadas en Los Ángeles forman parte de un patrón cruel y familiar de ataques contra nuestras comunidades de inmigrantes por parte de una administración que se nutre del miedo y la división", afirmó Bonta.
El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó en un comunicado que la Cuarta Enmienda protege a todo el mundo de registros y confiscaciones injustificados.
"En lugar de perseguir a delincuentes peligrosos, los agentes federales están deteniendo a ciudadanos estadounidenses, separando familias y haciendo desaparecer a personas para cumplir cuotas de arrestos indiscriminados, sin respetar el debido proceso ni los derechos constitucionales que nos protegen a todos de la crueldad y la injusticia", declaró Newsom.
"Sus acciones ponen en peligro el tejido de nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestra economía. Esto no es ley y orden, es crueldad y caos. Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo al progreso, a la ley y a los cimientos sobre los que nuestros padres fundadores construyeron esta gran nación".
Mientras tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que las acciones de la ciudad constituyen una obstrucción de la ley federal.
"Jurisdicciones como Los Ángeles, que incumplen la ley federal al dar prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando la aplicación de la ley a todos los niveles, y esto terminará con el presidente Trump", afirmó Bondi en un comunicado sobre la demanda.
Bonta comparó la deportación de inmigrantes ilegales por parte de la administración Trump con la Operación Wetback de 1954, bajo el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower, en la que se detuvo y deportó a unas 300,000 personas, incluidos ciudadanos estadounidenses naturalizados.
"La redada dio lugar a la detención indebida de ciudadanos estadounidenses y creó una cultura del miedo y pueblos fantasma al estilo COVID", afirmó la oficina de Bonta en un comunicado.
Los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregón, Vermont y Washington firmaron el escrito amicus, que se centra en los acontecimientos que tienen lugar en Los Ángeles.
Los Ángeles, Pasadena, Culver City, Montebello, Monterey Park, Pico Rivera, Santa Mónica y West Hollywood, así como el condado de Los Ángeles, también presentaron una moción para intervenir en la demanda Vasquez Perdomo et al. v. Noem et al.
"La Administración está tratando a Los Ángeles como un caso de prueba para ver hasta dónde puede llegar en la promoción de su agenda política mientras deja de lado la Constitución", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
"La ciudad de Los Ángeles, junto con el condado, ciudades, organizaciones y angelinos de todo Los Ángeles, está llevando a la Administración a las cortes para detener su clara violación de la Constitución de Estados Unidos y la ley federal. No nos dejaremos intimidar: estamos convirtiendo a Los Ángeles en un ejemplo de cómo las personas que creen en los valores estadounidenses se mantendrán unidas y firmes".
En una detención muy sonada, el 2 de julio, el ICE detuvo al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en su domicilio de Studio City, cerca de Los Ángeles. Chávez, que según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entró ilegalmente en el país, está acusado de ser socio del cártel de Sinaloa, que fue designado organización terrorista extranjera.
"Este afiliado al cártel de Sinaloa, con una orden de arresto activa por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue detenido por el ICE. Es impactante que la administración anterior señalara a este inmigrante ilegal criminal como una amenaza para la seguridad pública, pero decidiera no dar prioridad a su expulsión y le permitiera salir y VOLVER a nuestro país", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado el 3 de julio.
El DHS afirmó que sus operaciones en Los Ángeles dieron lugar a la detención de personas condenadas por asesinato, pedofilia, tráfico de fentanilo, maltrato conyugal, agresión sexual y robo a mano armada.
"Bajo la Administración Trump, el 70 por ciento de los inmigrantes ilegales detenidos fueron condenados o acusados de un delito más grave que la entrada ilegal en nuestro país", declaró McLaughlin en un comunicado el 26 de junio.
"Mientras los políticos de mala fe intentan degradar y vilipendiar a nuestras valientes fuerzas del orden, nosotros solo redoblaremos y intensificaremos nuestras medidas de aplicación de la ley contra los peores de los peores delincuentes".
Con información de John Fredericks.
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