La tragedia volvió a golpear a La Guaira, el antiguo estado Vargas, sobre un problema ya advertido: la ocupación de zonas de riesgo. En esta franja estrecha entre la montaña y el mar, muchas viviendas fueron levantadas en terrenos expuestos a bajadas de agua, lodo y piedras. El terremoto volvió a dejar al descubierto esa vulnerabilidad, agravada por construcciones frágiles ante los movimientos sísmicos.
Un hidrólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dos geólogos y un ingeniero, expusieron en 2021 el riesgo de reurbanizar la costa de La Guaira, en el litoral central de Venezuela, una zona muy cercana a Caracas, con aeropuerto, hoteles, playas y turismo de fin de semana.
El análisis se realizó tras el desastre natural ocurrido en 1999, cuando fuertes lluvias ocasionaron deslizamientos de tierra, además de derrumbes e inundaciones con consecuencias humanas y materiales devastadoras. La cifra de muertos estimada estaba entre 19,000 y 30,000 personas.
Recientemente, el Ministerio de Turismo informó que la ciudad histórica conservaba edificaciones coloniales, la Casa Guipuzcoana y una ruta turística de 3.5 km frente al puerto. El estado contaba además con 66 playas disponibles y proyectos en desarrollo, como el Complejo Turístico Camurí Mar, impulsado por el Gobierno como parte de la Zona Económica Especial del litoral central y como un polo turístico costero que se pensaba inaugurar en 2026.
El 24 de junio todo cambió. Un doble terremoto azotó la región, donde, según el USGS, gran parte de la población vive en construcciones poco resistentes al movimiento sísmico, especialmente en edificaciones de ladrillo sin refuerzo y con bloques de adobe.
Se registraban 1719 muertos y 5034 heridos por el sismo, como informó el 29 de junio el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según la agencia EFE, sin dar una cifra oficial de desaparecidos, que otras fuentes estiman entre 33,000 y 45,000 personas.
Precisamente la zona señalada como vulnerable por los geólogos resultó ser una de las más afectadas: La Guaira. El Gobierno informó que 855 edificios quedaron dañados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total, y al menos 15,866 personas habían sido registradas como damnificadas.
La red de ayuda Avapre informó, además, que 11,087 personas estaban hospitalizadas.
Rafael Oviedo, un ingeniero informático de Caracas, viajó a la ciudad de La Guaira tras el doble terremoto para acompañar a un amigo que no tenía noticias de su familia en la zona. Allí describió un escenario “apocalíptico”. Según explicó en el programa Desde el Capitolio, de The Epoch Times, la magnitud del desastre lo llevó a prestar ayuda a la población y a crear una plataforma que reúne datos de distintos reportes de desaparecidos, como un servicio para los familiares que buscan a sus seres queridos.
Por su parte, Francis Martín, de 24 años le dijo a EFE que ahí “no queda nada" para él.
"Es una ciudad inhabitable, donde no hay agua, ni electricidad, ni edificios, ni supermercado, ni hospital, nada”, añadió.
Martín logró escapar con vida junto con su madre, quien sufrió algunas heridas durante la huida. El joven explicó que quizá el edificio donde vivía, en el sector de La Llanada, podría recuperarse, pero que sin servicios básicos sigue siendo inhabitable.
Pese a los riesgos de la zona, el joven espera que La Guaira pueda volver algún día a ser como era, aunque admite que tomará tiempo. “Me duele mucho saber que no podré volver a pisar mi casa ni vivir allí”, lamentó.
En Caraballeda, otra de las localidades de La Guaira, Kisadia, de 52 años, sobrevivió ya que una columna impidió que un muro le cayera encima. Un pequeño espacio entre los escombros fue su vía de escape a la superficie.
"Empujé, empujé, empujé, y así logré sobrevivir", declaró a EFE.
Mientras las réplicas aumentan el temor de la población —incluida una de magnitud 4.6 registrada este 29 de junio por el Servicio Geológico de Estados Unidos frente al litoral central, cerca de Caracas—, otro problema comenzaba a afectar a quienes habían abandonado sus viviendas: los saqueos.
Saqueos y militarización
Gran parte de La Guaira, ciudad portuaria situada cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, quedó reducida a escombros, informó el 29 de junio The Guardian. También reportó saqueos en medio de la emergencia y las tareas de rescate.
“Farmacias, supermercados y otros negocios fueron saqueados”, señaló el medio, citando relatos de residentes.El 25 de junio, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció que el Gobierno incrementó de 4200 a 11,500 el número de funcionarios desplegados en La Guaira, entre efectivos de la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército, para reforzar las labores de rescate, seguridad y atención a la población, según el medio venezolano El Diario. Un día después, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la militarización del estado La Guaira.
La orden de militarizar La Guaira provocó la respuesta de 40 organizaciones de derechos humanos que recordaron el antecedente del deslave de 1999. Según el comunicado conjunto del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), tras aquella tragedia se documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, restricciones a la circulación y obstáculos para conocer el paradero de familiares desaparecidos.
Las organizaciones adherentes al comunicado afirman que la prioridad debe ser salvar vidas, rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar agua, alimentos, refugio y atención médica. Pero advierten que la emergencia no puede suspender los controles civiles ni el respeto a los derechos humanos.
Y reclaman que cualquier actuación militar o policial sea excepcional, proporcional, transparente y sometida a rendición de cuentas. También piden libre acceso para el personal sanitario, periodistas, rescatistas, organizaciones humanitarias y organismos internacionales.
Las ONG se refieren a los hechos que ocurrieron el 15, 16 y 17 de diciembre de 1999, cuando fuertes lluvias y deslaves dejaron la zona sin luz ni agua, y muchas viviendas fueron abandonadas, por lo que se desplegaron infantes de marina, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Disip.
Sin embargo, mientras los militares tenían la orden de restablecer el orden público, algunas organizaciones denunciaron violaciones a los derechos humanos.Cofavic recuerda que, durante el despliegue militar posterior al deslave de Vargas, tres hombres detenidos en Caraballeda —Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández— desaparecieron tras ser interceptados por militares o funcionarios de la Disip.
Sus familiares los buscaron en dependencias militares y policiales sin obtener información.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano por la desaparición forzada de tres víctimas y por la violación de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
El doble terremoto del 24 de junio dejó a Venezuela ante su peor desastre sísmico en un siglo. En Puerto Cabello y Catia La Mar se manifestó con una intensidad severa, y en Maiquetía, La Guaira, Caracas y Valencia con intensidad muy fuerte, según el USGS.
Los dos movimientos principales, de magnitud 7,2 y 7,5 fueron seguidos por varias réplicas frente a la costa centro-occidental, reportó el organismo estadounidense.
La comparación histórica inmediata es el terremoto de Caracas de 1967, que causó 245 muertos y miles de heridos. Pero en La Guaira, la emergencia sigue abierta: los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros y algunos residentes denuncian demoras en la llegada de ayuda a sus comunidades.
El Gobierno de Venezuela suspendió el 29 de junio, durante 48 horas, el traslado de periodistas en autobuses que había habilitado a la zona de desastre, por "recomendación sanitaria", dijo una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El sindicato indicó en X que los corresponsales han bajado al lugar por sus propios medios y están haciendo la cobertura.
"Impedir el reporte en terreno no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas".




















