El Departamento de Justicia (DOJ) libra una batalla legal a nivel nacional contra los estados que prohibieron a los agentes federales usar mascarillas.
Las operaciones federales de control migratorio ilegal en todo el país han sido recibidas con protestas, disturbios y violencia, lo que hace necesario que los agentes federales puedan usar mascarillas, según argumenta la administración Trump. Sin ellas, los agentes podrían enfrentar mayores riesgos para su sustento y el de sus familias.
Algunos han sido víctimas de acoso y difamación por parte de opositores a la aplicación de la ley en materia de inmigración. Otros sufren acoso y agresiones.
Mientras tanto, funcionarios demócratas acusan a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza de actuar como una policía secreta al ocultar sus identidades.
Ciudades y estados implementan prohibiciones del uso de mascarillas
Legisladores de California, Nueva York, Virginia, Connecticut, Nueva Jersey, Filadelfia y Denver han implementado políticas para revelar la identidad de los agentes federales. Denver es la única ciudad que no enfrenta una demanda del Departamento de Justicia.
California inició esta tendencia hace un año. El 20 de septiembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom promulgó las leyes que prohíben la policía secreta y los grupos de justicieros.
La Ley contra la Policía Secreta prohibía a las fuerzas del orden locales y federales —pero no estatales— el uso de mascarillas, con algunas excepciones, tipificando como delito menor la infracción. La Ley contra los Vigilantes exigía que todos los agentes del orden llevaran distintivos identificativos, como números de placa o nombres.
Newsom calificó estas leyes como un paso para contrarrestar las "tendencias autoritarias" de la administración Trump.
"Es como una película de ciencia ficción distópica. Automóviles sin distintivos, gente con mascarillas, personas que literalmente desaparecen. Sin el debido proceso, sin derechos en una democracia donde sí los tenemos ", declaró Newsom en aquel momento.
Este tipo de comentarios se han escuchado en general entre funcionarios demócratas de estados que promulgaron leyes similares, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien acusó al ICE de “aterrorizar a la población”.
En mayo, firmó un proyecto de ley de presupuesto estatal que incluía la prohibición del uso de mascarillas para los agentes federales y la eliminación de los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local realizar labores de control migratorio bajo la supervisión del ICE. Un agente que infrinja esta ley podría enfrentar hasta 15 días de cárcel por la primera infracción y hasta un año por reincidencias.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó la Ley de Protección de Agentes del Orden Público el 25 de marzo. Esta ley exige que los agentes locales, estatales y federales —incluidos el ICE, la Patrulla Fronteriza, el FBI y la Administración para el Control de Drogas— se quiten las mascarillas y presenten su identificación antes de realizar arrestos.
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó leyes el 20 de mayo que incluían la prohibición del uso de mascarillas, requisitos de identificación y la prohibición de los acuerdos 287(g). Los agentes que infrinjan esta ley podrían ser acusados de un delito menor punible con hasta un año de cárcel o multas de hasta 2500 dólares.
"Los agentes del orden que usan máscaras en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública", dijo.
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó la Ley sobre Democracia y Responsabilidad Gubernamental el 4 de mayo, que prohíbe el uso de cubrebocas, exige identificación y obliga a los agentes federales a acatar las políticas estatales sobre el uso de la fuerza.
Demandas del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia presenta prácticamente los mismos argumentos en todas sus demandas, mientras que el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la administración denuncian las leyes sobre el uso de cubrebocas y la identificación como inconstitucionales, afirmando que los agentes federales no las cumplirán.En algunos casos, el Departamento de Justicia suspendió estas políticas.
El 17 de noviembre de 2025, la agencia demandó a California, alegando que sus leyes constituían un abuso de poder inconstitucional y representaban una grave amenaza para los agentes que ya sufrían acoso, agresiones, divulgación de información personal y acecho.
El 9 de febrero, una corte federal de distrito bloqueó la Ley de No Policía Secreta de California, al considerar que se aplicaba de manera desigual y discriminatoria a los agentes federales.
El 22 de abril, una corte federal de apelaciones bloqueó definitivamente la Ley de No Vigilantes, declarándola inconstitucional debido a la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal cuando existe un conflicto entre ellas.
A principios de este año, los legisladores de California reanudaron su intento de prohibir el uso de mascarillas, pero el éxito previo del Departamento de Justicia al detener las políticas de California podría servir de base para otras demandas.
En su demanda del 18 de junio contra Filadelfia, el Departamento de Justicia calificó las políticas de la ciudad como "claramente inválidas" debido a la decisión de la corte de apelaciones sobre la Ley de No Vigilantes de California.
"Lamentablemente, tuvimos que demandar a la cuna de esta gran nación", declaró el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward.
De manera similar a la demanda contra California y otros estados, el Departamento de Justicia acusa a Filadelfia de intentar gobernar ilegalmente a las fuerzas del orden federales.
La decisión de California también se mencionó en la demanda contra Nueva York. Ambas partes presentaron demandas recíprocas el 22 de junio, solicitando a los jueces que decidan si los estados pueden regular el funcionamiento de los agentes federales dentro de sus fronteras.
Dado que la nueva legislación del estado de Nueva York también busca poner fin a los acuerdos 287(g), el Departamento de Justicia argumenta que esto viola la Cláusula de Contratos de la Constitución, que establece que los estados no pueden aprobar una ley que menoscabe la obligación de los contratos.
El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que las políticas de Nueva York contrarias a las fuerzas del orden regulan al gobierno federal y están diseñadas con el fin de generar riesgos para nuestros agentes.
Estas declaraciones y argumentos de funcionarios del Departamento de Justicia, así como las demandas presentadas, se observan en todas sus acciones.
La agencia calificó las políticas de Virginia de "manifiestamente inconstitucionales" en su demanda del 11 de junio.
"El gobernador Spanberger no puede decirle a los agentes federales cómo hacer su trabajo", declaró Woodward.
Asimismo, en la demanda presentada en Connecticut el 19 de mayo, Blanche dijo: "Los agentes del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger a los estadounidenses, y no merecen ser víctimas de acoso ni de la divulgación de información personal simplemente por cumplir con su deber".
El Departamento de Justicia argumentó que la aplicación de estas políticas y la amenaza de enjuiciamiento tienen un efecto disuasorio sobre la capacidad de los agentes para desempeñar sus funciones y protegerse.
¿Por qué los agentes usan mascarillas?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó un aumento del 8000 por ciento en amenazas de muerte, un aumento del 1300 por ciento en agresiones y un aumento del 3300 por ciento en agresiones con vehículos contra agentes federales.Los agentes del ICE han sido emboscados, víctimas de doxing , atacados con vehículos, obstaculizados por manifestantes, acosados y se han ofrecido recompensas y presentado complots para asesinarlos.
A principios de este año, dos mujeres fueron condenadas en Los Ángeles por acosar a un agente del ICE hasta su domicilio mientras lo transmitían en directo por redes sociales. Se enfrentan a hasta cinco años de prisión federal.
Familiares de agentes declararon a The Epoch Times que las políticas que prohíben el uso de mascarillas les generan temor por su seguridad.
"Ya es un trabajo peligroso y de alto riesgo", dijo la esposa de un agente de la Patrulla Fronteriza en una entrevista anterior. "Que te llamen nazi es desgarrador".
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofreció una solución de compromiso a los legisladores durante su comparecencia ante el Congreso el 4 de junio.
"Si queremos que los agentes no tengan que usar mascarillas, entonces debemos aumentar las sanciones", dijo. "Si los acusan de revelar su identidad o los amenazan de cualquier manera, la sanción debe ser muy severa".
El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, propuso un enfoque diferente el 15 de mayo para las jurisdicciones santuario que se resisten a la aplicación de la ley de inmigración.
Afirmó que estos lugares verán un aumento del personal del ICE en el terreno si no permiten que los agentes locales cooperen con ellos.
"La ley federal siempre prevalece sobre la ley estatal y local", dijo Homan. "Y mientras las amenazas aumentaron en más del 8000 por ciento, el uso de mascarillas es inaceptable, así que buena suerte intentando hacer cumplir esa norma".
Con información de Brad Jones.
