El 30 de enero, un juez federal anuló partes clave de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que endurecía los requisitos de verificación de la ciudadanía para el registro de votantes, dictaminando que había excedido su autoridad.
El caso se refiere a la Orden Ejecutiva 14248, que Trump firmó el 25 de marzo de 2025 con el objetivo de impedir que los inmigrantes ilegales votaran. En la orden, el presidente ordenó a la Comisión de Asistencia Electoral que exigiera en su formulario nacional de registro de votantes por correo que los votantes presentaran pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense, como un pasaporte estadounidense.
La comisión fue creada por el Congreso en 2002 y ayuda a los funcionarios locales a administrar las elecciones.
La orden también ordenaba a los funcionarios federales que tomaran medidas para garantizar que los inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos no votaran en las elecciones federales.
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Varias secciones de la orden fueron bloqueadas previamente de forma preliminar por diversas órdenes judiciales.
En el caso que nos ocupa, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly dictaminó que las disposiciones de la orden que exigen la verificación de la ciudadanía a quienes se inscriben para votar o solicitan el voto por correo "son incompatibles con la separación constitucional de poderes y no pueden aplicarse legalmente".
La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide el gobierno en tres ramas para evitar que una sola de ellas acumule demasiado poder.
Kollar-Kotelly afirmó que la Constitución de los Estados Unidos "no permite al presidente imponer cambios unilaterales en los procedimientos electorales federales".
Los redactores de la Constitución de los Estados Unidos otorgaron el poder sobre las normas electorales "a las partes de nuestro gobierno que consideraban más receptivas a la voluntad del pueblo: primero a los estados y, en algunos casos, al Congreso".
"No asignaron ningún papel al presidente", añadió la jueza, con sede en la capital del país.
Kollar-Kotelly también anuló parte de la orden ejecutiva que ordena a los jefes de determinadas agencias federales "evaluar la ciudadanía" antes de entregar el formulario federal a "los inscritos en programas de asistencia pública".
Afirmó que la Ley Nacional de Registro de Votantes exige a las agencias que entreguen el formulario federal a quienes reciben sus servicios. Esa ley especifica que la elegibilidad de los votantes debe verificarse mediante una declaración bajo pena de perjurio en el formulario, y ese requisito rechaza implícitamente cualquier otro tipo de evaluación o "preselección".
Dado que el Congreso expresó su voluntad en la ley que aprobó, el presidente solo puede anular esa autoridad si tiene "suficiente autoridad constitucional sobre el tema", que no posee porque la Constitución otorga la autoridad para regular las elecciones federales al Congreso y a los estados, afirmó.
La jueza dijo que el requisito de la orden de presentar una prueba de ciudadanía para las solicitudes de tarjetas postales federales para votantes militares y en el extranjero también era inconstitucional porque el presidente no puede cambiar unilateralmente los procedimientos electorales federales.
La resolución preliminar se aplica a tres demandas separadas presentadas por los demandantes Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes y el Partido Demócrata.
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La sentencia deja sin resolver por el momento varias de las impugnaciones presentadas por los demandantes. La jueza ordenó a las partes que elaboraran un calendario para examinar las impugnaciones restantes.
Además de establecer políticas, la orden ejecutiva de Trump también criticaba la forma en que se llevan a cabo las elecciones en este país.
"Estados Unidos no aplica actualmente las protecciones electorales básicas y necesarias que emplean los países modernos y desarrollados, así como los que aún se encuentran en vías de desarrollo", decía la orden.
India y Brasil utilizan bases de datos biométricas para confirmar la identidad de los votantes, mientras que Estados Unidos "se basa en gran medida en la autodeclaración de ciudadanía". Dinamarca y Suecia limitan el voto por correo a aquellas personas que no pueden votar en persona y no aceptan votos que llegan tarde, independientemente de la fecha del matasellos.
En comparación, muchas jurisdicciones de Estados Unidos permiten el voto masivo por correo y permiten a los funcionarios contar los votos que llegan sin matasellos o que se reciben mucho después del día de las elecciones, según la orden.The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recabar sus comentarios sobre la sentencia. No se recibió ninguna respuesta antes de la publicación.
Con información de Zachary Stieber.
