La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos solicitaron a un juez federal el 11 de agosto que impidiera al presidente Donald Trump aplicar sus dos nuevas órdenes ejecutivas que limitan la ciudadanía por nacimiento.
Las organizaciones argumentan que el presidente está desacatando el fallo de la Corte Suprema del 30 de junio en el caso Trump contra Barbara y creando nuevas excepciones a la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Dicha cláusula establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos.
La nueva moción en el caso Barbara v. Trump fue presentada ante la Corte de Distrito de EE. UU. en New Hampshire —la misma corte que en julio de 2025 bloqueó la Orden Ejecutiva original 14160 de Trump—. Esa orden anterior buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes ilegales y de visitantes temporales legales.
El juez federal de distrito Joseph Laplante dictó una medida cautelar contra la orden. La Corte Suprema confirmó ese fallo el 30 de junio, sosteniendo que la orden ejecutiva violaba la 14.ª Enmienda.
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En la nueva moción, los demandantes le piden a Laplante que aclare que la medida cautelar actual abarca las dos órdenes ejecutivas que Trump firmó el 6 de agosto o, en su defecto, que modifique la medida cautelar o emita una nueva.
Las nuevas órdenes, aún sin numerar, son más limitadas que la Orden Ejecutiva 14160. No pretenden negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales comunes ni de visitantes temporales.
La primera orden, titulada "Continuar protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía estadounidense a ningún niño nacido en Estados Unidos cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense y se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: que alguno de los padres sea un "enemigo extranjero" (incluidos los miembros de organizaciones terroristas extranjeras designadas); cualquiera de los padres sea empleado de un gobierno extranjero; cualquiera de los padres haya participado en una transacción comercial para garantizar que la madre estuviera presente en Estados Unidos para dar a luz; o el niño haya nacido en un territorio de EE. UU. o en aguas territoriales donde la ley federal no confiere la ciudadanía.
La otra orden, "Fin del turismo de parto", ordena a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional que denieguen visas, revoquen autorizaciones de viaje, prohíban la entrada y expulsen a los ciudadanos extranjeros que participen en el turismo de parto, que es la práctica de viajar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz para que el niño reciba automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Trump calificó las nuevas órdenes como "algo muy importante" y dijo durante la ceremonia de firma que la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en una broma. También afirmó que la decisión de la Corte Suprema fue "muy desafortunada", y agregó que su administración estaba realizando ajustes.
La ACLU sostiene que las nuevas órdenes ejecutivas son inconstitucionales.
"A pesar de la clara orientación de la Corte Suprema, el presidente sigue atribuyéndose la facultad de “identificar categorías de niños” a quienes pretende negarles la ciudadanía", señala la moción.
"Este caso siempre ha girado, y sigue girando, en torno al intento del presidente de crear nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema confirmó que no existen excepciones adicionales más allá de las reconocidas en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), y que la Decimocuarta Enmienda no está sujeta a revisión ejecutiva (ni legislativa)".
"La continua resistencia del presidente Trump a ese principio exige una nueva intervención de esta corte", señala la moción.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que la administración Trump "siempre ha acatado las órdenes judiciales".
"Todas las medidas tomadas por el presidente desde los recientes fallos de la Corte Suprema son consistentes con los dictámenes y el análisis establecidos por la corte", declaró Bis a The Epoch Times.
Con información de Tom Gantert.
