La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó el jueves una ley que podría tipificar como delito la realización de oraciones fuera de los centros de abortos en el estado, según la organización pro-vida New Jersey Right to Life (NJRTL).
El proyecto de ley, S2260, tiene como objetivo fortalecer la protección de las personas que buscan servicios de salud reproductiva, como el aborto, en Nueva Jersey, así como de los profesionales de la salud que prestan dichos servicios, según un comunicado del 20 de agosto emitido por la oficina de la gobernadora.
La nueva ley tipifica como delito amenazar, intimidar, bloquear físicamente o lesionar a pacientes o a proveedores de servicios de salud reproductiva.
La legislación tipifica un nuevo delito de "interferencia con los servicios de salud reproductiva", según una estimación fiscal legislativa del proyecto de ley del 1 de julio.
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La medida no exige explícitamente la prohibición de las oraciones fuera de los centros de aborto, pero autoriza la interposición de acciones civiles contra cualquier persona que se considere que está interfiriendo ilegalmente con los servicios de salud reproductiva de otra persona.
En tales casos, un tribunal puede otorgar a las víctimas una indemnización por daños y perjuicios, medidas cautelares, daños punitivos y otras formas de reparación. El proyecto de ley lo clasifica como un delito de cuarto grado que puede acarrear una multa de hasta 10,000 dólares, 18 meses de prisión o ambas sanciones. Si las víctimas sufren lesiones corporales, la pena de prisión y las multas se incrementan.
En un comunicado del 20 de agosto, NJRTL condenó el proyecto de ley, argumentando que otorga "inmunidad legal generalizada" a quienes prestan servicios de aborto.
La directora ejecutiva de NJRTL, Marie Tasy, señaló que términos como "intimidar", "coaccionar" y "amenazar" son subjetivos y se basan en sentimientos individuales, lo que convierte la redacción del proyecto de ley en un "grave peligro" para la libertad de expresión.
"El asesoramiento pacífico en la acera, la oración, portar pancartas o simplemente ofrecer ayuda y alternativas fuera de un centro pueden ser fácilmente calificados como 'intimidación' por alguien que afirme sentirse amenazado, lo que deja a los defensores de la vida expuestos a cargos penales difíciles de refutar y que coartan la expresión protegida constitucionalmente", señaló Tasy.
Tasy calificó la nueva ley como un "acto deliberado de desafío" contra el más básico de los derechos humanos: el derecho a la vida de los niños en el útero. Acusó a Sherrill de crear nuevas sanciones penales ambiguas para silenciar a quienes se oponen a lo que ella denominó "políticas radicales".
"Eso no es compasión. Es un extremismo descarado. Las mujeres merecen un apoyo significativo y alternativas genuinas, no un gobierno estatal enfocado en ampliar las protecciones para el aborto", afirmó Tasy.
En su comunicado, la oficina de Sherrill defendió la firma del proyecto de ley, y la gobernadora señaló que el estado se mantiene "firme en la defensa" de las decisiones reproductivas de las personas, como el aborto.
La medida también incluye la “atención de afirmación de género”, o tratamientos transgénero, dentro de la definición de servicios de salud reproductiva protegidos.
Se prohíbe a las entidades estatales colaborar en ciertas investigaciones o acciones legales de otros estados que busquen imponer responsabilidad civil a quienes reciben o brindan atención de salud reproductiva protegida. El proyecto de ley impide que las juntas reguladoras tomen medidas contra un proveedor de salud únicamente por ofrecer atención de salud reproductiva protegida por la ley.
"Nadie debe temer la intimidación o la violencia por buscar atención médica, y ningún profesional de la salud debe temer ser sancionado por otro estado por brindar atención que es legal en Nueva Jersey", afirmó Sherrill en el comunicado.
Se ha promulgado una ley similar en Irlanda, donde se creó una "zona de seguridad" de 150 metros alrededor de los hospitales en relación con el aborto. Cualquier acción en esta zona de seguridad destinada a influir en la decisión de una persona de someterse a un aborto puede ser tipificada como delito.
En mayo, un pastor jubilado fue condenado por infringir la ley de la zona de seguridad para el aborto después de que predicara frente a un hospital.
Las zonas de seguridad alrededor de las clínicas de aborto entraron en vigor en Inglaterra y Gales a partir de 2024.
Proyecto de ley de Nueva York
Otro proyecto de ley estatal que busca proteger a los centros de salud reproductiva de interferencias también está enfrentando críticas. El proyecto de ley S8599 del Senado de Nueva York tiene como objetivo prohibir que los grupos se manifiesten a menos de 25 pies de un centro de salud reproductiva o de un lugar de culto.Agudath Israel of America, un grupo de defensa de la comunidad judía ortodoxa estadounidense, respaldó el proyecto de ley en un comunicado del 7 de enero, argumentando que la protección de los lugares de culto era importante dado el aumento de los incidentes antisemitas en Nueva York.
Sin embargo, la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) criticó el proyecto de ley en una publicación del 13 de febrero. La prohibición de manifestaciones a 25 pies establecida en la legislación abarcaría una amplia gama de lugares de culto y centros de salud reproductiva, incluidas las clínicas de aborto y de fertilidad.
Hay miles de lugares en todo el estado de Nueva York que quedarán sujetos a este proyecto de ley, señaló FIRE, y advirtió que prohibir las manifestaciones en cada uno de estos lugares creará “zonas muertas” de la Primera Enmienda, en las que los agentes podrán encarcelar a las personas por cualquier actividad de protesta. Además, en las regiones densamente pobladas, muchas de estas zonas se superpondrían.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en el Senado de Nueva York.
