Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables de ayudar a lavar millones en ganancias del narcotráfico en Estados Unidos, las cuales luego se enviaron a México mediante criptomonedas o transferencias electrónicas.
Eliomar Segura Torres, de 37 años, Juan Carlos Michel Martínez, de 41, y Manuel Ignacio Correa, de 45, se declararon culpables de conspiración para el lavado de dinero.
La sentencia para Segura Torres y Michel Martínez está fijada para el 18 de febrero de 2027. La sentencia de Correa está programada para el 4 de marzo de 2027.

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Cada uno de ellos enfrenta hasta 20 años de prisión. Un juez federal determinará la sentencia basándose en las pautas de sentencia y otros factores. Esto incluye la posible confiscación de 190,000 dólares en efectivo incautado y al menos 20 millones de dólares involucrados en el delito, según el expediente judicial.
Los cárteles de la droga mexicanos idearon un intrincado sistema para lavar y transferir a México las ganancias obtenidas de la venta de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos, según indican los expedientes judiciales.
En el pasado, los narcotraficantes empaquetaban y enviaban el efectivo hacia el sur. Sin embargo, eso resultaba difícil y hacía que los envíos fueran propensos a ser incautados por las autoridades estadounidenses.
La tecnología proporcionó una forma de mover el efectivo a través de plataformas de intercambio de criptomonedas y transferencias electrónicas entre cuentas bancarias, según una acusación formal del 3 de mayo de 2024 presentada en el caso.
La acusación afirma que los cárteles de la droga pagan a "intermediarios financieros" con sede en Guadalajara y la Ciudad de México un porcentaje del dinero que logran introducir en México.
Los intermediarios se encargan de que los mensajeros recojan el efectivo en ciudades de Estados Unidos, para luego depositar el dinero en cuentas bancarias o comprar criptomonedas. Posteriormente, el dinero se transfiere de una cuenta a otra, lo que dificulta determinar su origen.
Segura Torres ofreció contratos a los intermediarios Michel Martínez y Correa para lavar las ganancias procedentes de la venta de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, según indican los expedientes judiciales.
Michel Martínez y Correa se organizaron para lavar las ganancias de la droga con cómplices en todo Estados Unidos utilizando criptomonedas y transferencias electrónicas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., varias agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley colaboraron en la investigación.
En la investigación también participaron la División de Campo de Detroit de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Investigación Criminal del IRS en Detroit, en colaboración con las Oficinas Residentes de la DEA en Austin y Lexington.
También participaron la División de Operaciones Especiales de la DEA y sus oficinas en México; Atlanta; Chicago; Denver; Houston; Tulsa, Oklahoma; y Youngstown, Ohio.
La subjefa Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, y el subjefe Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky, llevaron adelante el proceso judicial.
Se ordena la creación de grupos de trabajo
Según el comunicado de prensa, la investigación formaba parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, "Protección del pueblo estadounidense contra la invasión". El presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva el 20 de enero de 2025.Dicha orden revocó varias órdenes ejecutivas de la administración de Biden. Trump afirmó que millones de inmigrantes ilegales ingresaron a Estados Unidos durante esa administración.
La orden instruía al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario de Seguridad Nacional a establecer grupos de trabajo en cada estado.
"La HSTF es una alianza que involucra a todo el gobierno, dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero", afirma el comunicado de prensa.













