Se incautaron alrededor de 3527 libras de lo que se sospecha que es cocaína en una operación en el Mar del Caribe en la que participaron socios de Estados Unidos y Honduras.
La operación coordinada de interceptación marítima internacional confiscó 55 paquetes de presunta cocaína y detuvo a cuatro personas de Honduras, informó el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional del Sur (JIATFS) en una publicación del 24 de septiembre en X.
La operación, en la que participaron las Fuerzas Armadas de Honduras, "supuso un duro golpe contra las redes criminales transnacionales", según la publicación, que llevaba por título "Gran victoria en el Caribe".
El JIATFS es una alianza con sede en Florida integrada por 13 socios nacionales y 20 internacionales que supervisa y facilita la interceptación de narcotraficantes en los ámbitos aéreo y marítimo. El grupo de trabajo lleva a cabo actividades de vigilancia en apoyo de las operaciones dirigidas por el Comando Sur de los Estados Unidos para desarticular y desmantelar a los narcoterroristas que operan en el Pacífico oriental y el Caribe.
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En otra operación reciente en el Caribe en la que participó la JIATFS, equipos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron una embarcación, recuperando aproximadamente 634 libras de cocaína y deteniendo a dos dominicanos.
La JIATFS también participó en dos operaciones de interceptación en las que la Guardia Costera de EE. UU. incautó drogas por un valor de 57 millones de dólares, incluidas 7250 libras de cocaína, en el Caribe. Las drogas fueron descargadas en Port Everglades, Florida, según informó la Guardia Costera en un comunicado del 21 de septiembre.
Un informe sobre la estrategia de control de drogas de la Casa Blanca publicado en mayo señaló que las organizaciones criminales transnacionales estaban utilizando diversos tipos de embarcaciones para transportar cantidades de cocaína de varias toneladas a través del Caribe.
“Esta amenaza ha dado lugar a un cambio fundamental en la postura del gobierno de los Estados Unidos, pasando de una misión liderada por las fuerzas del orden a una campaña centrada en la seguridad”, indicaba el informe.
“Cuando el presidente lo ordena, las fuerzas estadounidenses toman medidas decisivas, incluido el uso de la fuerza, contra embarcaciones y ciertas organizaciones con las que el presidente ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional en curso”.
La administración de Trump ha estado llevando a cabo ataques militares contra embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas desde septiembre de 2025 en el marco de la Operación Southern Spear, lo cual ha generado críticas.
En un comunicado del 1 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que al menos 223 personas han perdido la vida en ataques militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025.
“El tráfico de drogas es un asunto de aplicación de la ley regido por el derecho internacional de los derechos humanos en materia del uso de la fuerza. Llamarlo guerra no lo convierte en tal”, afirmó Naciones Unidas.
En diciembre de 2025, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, justificó los ataques, argumentando que se ajustaban a la legislación estadounidense e internacional.
“Estas acciones también han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles en todos los niveles de la cadena de mando”, afirmó Wilson.
En un comunicado del 22 de septiembre, la Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que su División del Caribe había presentado cargos contra 17 personas presuntamente vinculadas a un grupo de narcotraficantes que utilizaba el sistema postal de Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos.
El agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Mayer, señaló en el comunicado que los narcotraficantes utilizan todas las rutas de transporte disponibles para mover narcóticos, incluso a través de aeropuertos y fronteras marítimas.
“La DEA y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional están comprometidos a identificar y desmantelar estas redes, desde los organizadores y reclutadores hasta las personas responsables de transportar físicamente las drogas. Puerto Rico no será utilizado como puerta de entrada para la cocaína destinada a comunidades de todo Estados Unidos”, afirmó Mayer.
