Opinión
En el primer semestre de 2026, grupos vinculados a Corea del Norte fueron responsables de 99 incidentes documentados de amenazas persistentes avanzadas (APT). La actividad rusa aumentó un 30 por ciento y se extendió más allá de Ucrania. Grupos chinos continuaron desplegándose estratégicamente dentro de la infraestructura crítica occidental. Las operaciones iraníes se intensificaron con la guerra regional. No se trata de delitos aislados.
Los actores que operan en este ámbito son grupos de hackers, a veces criminales, a veces híbridos, que a menudo trabajan con apoyo estatal tácito o explícito. Logran un impacto estratégico a bajo costo y con la posibilidad de negarlo. Ese es el trato de los mercenarios. Los principales responsables son los regímenes de China, Rusia, Corea del Norte e Irán.
China gestiona el sistema de doble uso más institucionalizado. Grupos estatales como Volt Typhoon y Salt Typhoon se centran en la recopilación a largo plazo y el preposicionamiento de infraestructura. Un ecosistema de contratistas difumina la línea entre las tareas oficiales y el lucro.
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Los investigadores describen un modelo de "Pase Premium como Servicio": un grupo establece el acceso en tiempo real y lo transfiere a otro. La inteligencia sigue siendo la prioridad; el delito financiero es secundario.
Rusia ofrece refugio y asigna tareas selectivas. Los grupos de ransomware gozan de casi total impunidad si no atacan objetivos rusos. Algunos reciben apoyo de inteligencia; otros simplemente utilizan el refugio seguro. El resultado es una presión constante y de gran volumen sobre Occidente.
Irán es más reactivo. Sus operaciones combinan sabotaje, influencia y redes de intermediarios que se intensifican con eventos cinéticos, útiles para enviar señales, pero menos fiables para la recaudación sostenida.
Corea del Norte opera con el modelo de ingresos más puro. Lazarus y grupos afines tratan el robo de criptomonedas como una forma de financiación del régimen. En 2025, robaron más de 2000 millones de dólares en activos digitales —aproximadamente el 59 por ciento de todos los robos de criptomonedas de ese año—, incluyendo el robo de 1500 millones de dólares a Bybit. El Estado obtiene la moneda fuerte que necesita. Los operadores reciben protección que puede retirarse si generan demasiado ruido.
La especialización se ha vuelto estructural: los intermediarios de acceso comprometen y transfieren información, los recolectores se apropian y extraen datos, los grupos de recaudación roban y los especialistas disruptivos atacan los sistemas industriales. Esto permite que el ritmo de las actividades aumente y el riesgo individual disminuya.
La cooperación es visible, aunque incompleta. A mediados de 2025, la infraestructura utilizada por el grupo ruso Gamaredon alojaba malware vinculado al Grupo Lázaro de Corea del Norte. Grupos chinos comparten acceso internamente. Operadores norcoreanos comparten herramientas con grupos de ransomware. Se trata de intercambios pragmáticos, no de fusiones.
Rusia y Corea del Norte han profundizado sus lazos político-militares; la colaboración cibernética parece seguir la misma línea. La fusión profunda chino-rusa sigue siendo limitada. Los programas cibernéticos nacionales ya no están completamente aislados. Por supuesto, esto es solo lo que sabemos a partir de fuentes abiertas.
El Estado obtiene el mayor beneficio: negación, menor costo y presión constante. Los operadores asumen el riesgo legal y reciben una protección poco fiable. Este patrón es similar a cómo ciertos grupos criminales rusos han recibido durante mucho tiempo refugio o encargos, o cómo las redes de las tríadas chinas a veces operan para el régimen en el país o en el extranjero, aunque formalmente sigan siendo criminales.
Una vieja tradición
Este instrumento no es nuevo. Históricamente, los Estados han recurrido a actores privados cuando necesitaban fuerza sin la carga total de los ejércitos oficiales. Las patentes de corso autorizaban a los barcos privados a atacar el comercio enemigo. El corsario se quedaba con una parte del botín; el Estado obtenía disrupción, inteligencia y negación. La línea entre corsario y pirata era muy delgada.El modelo funcionó porque los actores privados aportaban capacidades que los Estados no siempre podían mantener a gran escala. Incentivos alineados con el lucro, negación, menor exposición política y la posibilidad de emitir o revocar las comisiones. La especialización surgió de forma natural: reconocimiento, abordaje, disrupción a larga distancia.
La misma lógica reapareció más recientemente en las empresas militares privadas. Blackwater, por ejemplo, proporcionaba capacidad de respuesta rápida y distancia política en zonas de conflicto. Wagner representaba una versión más extrema y menos restrictiva: estrechamente vinculada a los intereses rusos y formalmente negable.
Pero existe una reticencia occidental con raíces profundas. La Declaración de París de 1856 abolió el corso por parte de la mayoría de las grandes potencias europeas de la época, ya que las fuerzas privadas con licencia resultaban desestabilizadoras y difíciles de controlar en el mar. (Estados Unidos se negó a firmarla formalmente en aquel momento, aunque se adhirió a sus principios en la práctica). Las democracias liberales han preferido un monopolio más claro sobre el uso de la fuerza. La percepción generalizada de la experiencia de los contratistas tras el 11-S ha reforzado este instinto.
La ciberdelincuencia hereda la antigua lógica y la amplifica. Las barreras de entrada son menores, ya que el premio son datos, acceso, interrupción o criptomonedas robadas, en lugar de cargamento, mientras que la atribución es imperfecta por diseño. Las operaciones se escalan con menos fricción. La especialización ya está presente, como se mencionó anteriormente.
También existen diferencias. Los efectos pueden propagarse a través de infraestructuras compartidas. Los proveedores de servicios en la nube y los sistemas de terceros se interponen en el camino de prácticamente cualquier operación importante. Al mismo tiempo, los ciclos de decisión se acortan. Las herramientas se filtran rápidamente de grupos vinculados al Estado a los mercados criminales, lo que difumina la línea entre la acción autorizada y la depredación, en comparación con la situación en alta mar.
Occidente se adapta
Los gobiernos occidentales siguen prefiriendo el monopolio estatal de la fuerza, pero la magnitud de la amenaza obliga, no obstante, a experimentar con la externalización controladaLa medida más concreta es estadounidense. El 12 de agosto, la Casa Blanca emitió un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que ordena un programa mediante el cual empresas estadounidenses previamente investigadas pueden realizar vigilancia cibernética y llevar a cabo operaciones contra organizaciones criminales transnacionales extranjeras con capacidad cibernética, es decir, grupos que no forman parte explícitamente de gobiernos extranjeros.
Las operaciones requieren la aprobación por escrito del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, un depósito en garantía sujeto a confiscación, una rigurosa investigación y supervisión federal. Se prohíben las acciones que provoquen pérdida de vidas o el uso de la fuerza. Las empresas actúan como agentes del gobierno, no como operadores independientes.
Esta es la primera autorización formal de Estados Unidos para operaciones cibernéticas ofensivas del sector privado de este tipo, y es deliberadamente más restrictiva que la actividad de corsarios tradicional.
Un modelo más amplio se encuentra en la legislación propuesta. La Ley de Patentes de Corso y Represalia Cibernéticas del Senador Mike Lee permitiría al presidente de Estados Unidos encargar a entidades privadas que ataquen amenazas cibernéticas extranjeras específicas, exigiría fianzas y permitiría la recuperación de activos y el reparto limitado de los mismos, incluyendo el pago de recompensas. Se asemeja más al instrumento histórico. A finales de agosto, aún se encontraba en sus primeras etapas, con escaso impulso, aunque podría incorporarse a un proyecto de ley más amplio.
En Gran Bretaña, el debate aún se encuentra en fase analítica. Los documentos del RUSI han explorado la posibilidad de "delegar": una interrupción temporal y de alcance limitado por parte de empresas previamente seleccionadas contra delitos cibernéticos graves, bajo autorización gubernamental continua e indemnización legal, con la posibilidad de que el Estado detenga la actividad en cualquier momento.
¿Está cambiando la situación?
Los sistemas autoritarios nunca han abandonado por completo este modus operandi. Para Occidente, el costo del desgaste continuo se ha vuelto más difícil de ignorar. Las herramientas tradicionales no han logrado cerrar la brecha, y la capacidad técnica privada ya supera a la del gobierno en muchos ámbitos. Parece haber una tendencia a reconocer que cierta capacidad privada controlada podría ser necesaria.Pero las lecciones de 1856 siguen vigentes: la fuerza privada autorizada es difícil de contener. La atribución, la escalada a través de infraestructuras compartidas y la rápida filtración a mercados criminales exigen cautela. Esto no representa un retorno total al corso, pero sí un cambio. Un grupo de estados normalizó este instrumento, y ahora otro está probando versiones supervisadas bajo presión. Aún está por verse hasta dónde llegarán estos experimentos.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
