El presidente Donald Trump firmó el 9 de mayo una orden ejecutiva dirigida contra lo que denominó la excesiva criminalización de la regulación en todo Estados Unidos.
"Estados Unidos está drásticamente sobrerregulado", afirma la orden. "El Código de Regulaciones Federales contiene más de 48,000 secciones, que se extienden a lo largo de 175,000 páginas, mucho más de lo que cualquier ciudadano puede leer, y mucho menos comprender en su totalidad. Peor aún, muchas de ellas conllevan posibles sanciones penales en caso de incumplimiento".
El presidente afirmó que muchos de los delitos reglamentarios son delitos de "responsabilidad objetiva", lo que privilegia a las grandes empresas que tienen los medios para contratar a un equipo jurídico capaz de eludir la normativa.
"El objetivo de esta orden es aliviar la carga normativa que pesa sobre los estadounidenses de a pie y garantizar que ningún estadounidense se convierta en delincuente por infringir una normativa cuya existencia no tiene por qué conocer", afirma la orden.
En el plazo de un año desde la firma de la orden, los jefes de cada agencia y el fiscal general deben presentar un informe al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. El informe debe contener una lista de todos los delitos reglamentarios punibles, el rango de posibles sanciones penales por su infracción y el estándar de mens rea aplicable, en referencia a la intención delictiva.
Dicho informe se actualizará al menos una vez al año y se publicará en Internet. Se desaconseja encarecidamente la aplicación penal de cualquier delito no incluido en dicho informe.
"Se desaprueban los delitos reglamentarios de responsabilidad objetiva", afirma la orden. "Cualquier delito penal propuesto o definitivo que incluya una responsabilidad objetiva por el delito se considerará una 'medida reglamentaria significativa' y se remitirá al Administrador de la Oficina de Información y Asuntos Reglamentarios para su revisión, de conformidad con la Orden Ejecutiva 12866, de 30 de septiembre de 1993 (Planificación y revisión reglamentaria), o cualquier proceso que la sustituya".
La orden también exigía una mayor transparencia, exigiendo que todas las futuras notificaciones de propuestas de reglamentación y normas definitivas se publicaran en el Registro Federal, incluyendo la infracción penal y la ley que la autoriza, en consulta con el Departamento de Justicia.
También se ordena a los jefes de cada organismo que publiquen en el Registro Federal, en un plazo de 45 días a partir de la orden, directrices sobre sus planes para abordar las infracciones penales reglamentarias.
La agencia debe aclarar que, al decidir remitir al Departamento de Justicia las presuntas infracciones penales reglamentarias, deben tener en cuenta factores como el daño o el riesgo de daño, si el acusado tenía conocimiento de la norma, así como cualquier prueba de que era consciente de su conducta ilegal, y el beneficio que el acusado podría obtener de la infracción.
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