Una de las muchas demandas que impugnan la agenda del presidente Donald Trump llegará a la Corte Suprema para su audiencia oral por primera vez el 15 de mayo.
El caso surge de una impugnación a la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. La audiencia es inusual, ya que se deriva de una apelación preliminar en la que la Administración Trump impugna el uso por parte de un juez federal de medidas cautelares a nivel nacional para bloquear la agenda del presidente.
La administración Trump sostiene que los jueces de las cortes de distrito están excediendo su autoridad al imponer bloqueos generales a la política gubernamental, en lugar de aplicarlos a las partes en el juicio. Tres jueces de tribunales inferiores habían dictado mandamientos judiciales a nivel nacional que bloqueaban la política de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales.
Con más de 100 demandas contra las políticas de Trump, los jueces de cortes inferiores han dictado una serie de medidas cautelares a nivel nacional que paralizan parte de la agenda de la administración, desde la congelación del gasto federal hasta la aplicación de la ley de inmigración y la cancelación de programas de diversidad, equidad e inclusión.
Las medidas cautelares son muy controvertidas porque imponen cambios políticos en todo el país en lugar de ofrecer alivio solo a los demandantes, lo que ha suscitado el escrutinio de algunos jueces de la Corte Suprema y miembros del Congreso.
Trump ha afirmado que son perjudiciales para el futuro de la nación.
"Estos jueces quieren asumir los poderes de la presidencia sin tener que obtener 80 millones de votos. Quieren todas las ventajas sin ninguno de los riesgos", escribió el presidente en un posteo de marzo en Truth Social.
"Detengan las medidas cautelares a nivel nacional ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan INMEDIATAMENTE esta situación tóxica y sin precedentes, nuestro país se encontrará en serios apuros".
Mientras tanto, la audiencia también podría abordar cuestiones sobre la constitucionalidad de la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. La orden cuestionaba la idea de que la ciudadanía por derecho de nacimiento permite a los hijos de inmigrantes ilegales obtener la ciudadanía si nacen en Estados Unidos.
En enero, Trump firmó una orden para dejar de conceder la ciudadanía a las personas cuya madre se encontrara en situación irregular en el país y cuyo padre no fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento.
También establece que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a las personas cuya madre estaba presente de manera legal pero temporal y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de la persona.
Mandamientos judiciales a nivel nacional
La cuestión de si los jueces han excedido su autoridad al bloquear políticas a nivel nacional se ha planteado anteriormente ante la Corte Suprema.La fiscal general en funciones, Sarah Harris, dijo a la Corte Suprema en marzo que debía decir "basta ya" a esta práctica y que las prohibiciones de la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento eran innecesariamente amplias.
"Mientras las partes litigan cuestiones de gran importancia, la corte debería 'restringir el alcance' de las múltiples medidas cautelares que 'pretenden abarcar a todas las personas... del país', limitando dichas medidas a las partes que realmente están bajo la jurisdicción de los tribunales", escribió en un escrito.
El abogado del Competitive Enterprise Institute, Devin Watkins, dijo a The Epoch Times que la disputa ante el alto tribunal el jueves "realmente no tiene nada que ver con los méritos de la posición del gobierno sobre la ciudadanía por nacimiento".
Más bien, la cuestión clave de esta apelación, dijo, es si las cortes inferiores tienen la facultad de emitir bloqueos que afecten a quienes no son parte en el litigio.
La postura de la Administración podría recibir el apoyo de los jueces Neil Gorsuch, Elena Kagan y Clarence Thomas, quienes han criticado en años anteriores las órdenes judiciales a nivel nacional. Al debatir sobre las órdenes judiciales a nivel nacional, los jueces podrían preguntar sobre el origen de la autoridad de los jueces en el artículo III de la Constitución y la legislación federal.
En una opinión concurrente de 2020, Gorsuch dijo que había un problema con "la práctica cada vez más común de los tribunales de primera instancia de ordenar medidas cautelares que trascienden los casos que se les presentan".
Sopesar los daños
Según Harris, los bloqueos a la política de Trump crearon un "daño irreparable", que es uno de los factores que los tribunales tienen en cuenta a la hora de decidir si dictan medidas cautelares. Afirmó que los tribunales "dañan irreparablemente nuestro sistema democrático cuando prohíben al Gobierno aplicar [...] políticas contra cualquier persona en cualquier lugar del país".Una larga lista de demócratas de la Cámara de Representantes presentó un escrito amicus en el que argumentaba, entre otras cosas, que el gobierno no podía demostrar que bloquear la política de Trump causaría un daño irreparable. En cambio, afirmaban que la política de Trump crearía "caos".
"Los niños perderán el acceso a la atención sanitaria y podrían ser deportados, a pesar de que al término del litigio se determine que siempre han sido ciudadanos estadounidenses", dice su escrito.
Los republicanos han argumentado que el artículo III de la Constitución limita la reparación a las partes implicadas en un caso y han presentado una legislación que intenta limitar la autoridad de los jueces en este ámbito. Han señalado la expresión constitucional "casos y controversias".
"La Constitución limita a los jueces al ejercicio de su poder sobre 'casos' o 'controversias'. Los jueces no son responsables políticos, y permitirles asumir este papel es muy peligroso", afirmó el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-Iowa), en un comunicado de prensa en marzo.
Sin embargo, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida Jacob Eisler dijo a The Epoch Times que las políticas de Trump tienen implicaciones a nivel nacional. Por lo tanto, la reparación no podía limitarse a las partes concretas que comparecían ante el tribunal.
Si bien algunas de los demandantes son inmigrantes embarazadas, otros incluyen gobiernos estatales.
Al emitir una de las medidas cautelares ante la corte superior, el juez federal de distrito John Coughenour dijo en febrero que una medida cautelar limitada geográficamente sería "ineficaz" porque los estados demandantes tendrían que pagar por los hijos de los inmigrantes ilegales que viajan desde otros estados.
"Por ejemplo", dijo, "los bebés nacidos en otros estados viajarían a los estados demandantes. Una vez allí, esas personas tendrían derecho a recibir servicios y asistencia que, sin una medida de alivio a nivel nacional, tendrían que ser financiados por los estados demandantes".
Cuestiones constitucionales
Aunque el argumento se centrará en la capacidad de los jueces para dictar mandamientos judiciales de amplio alcance, el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown David Super declaró a The Epoch Times que es probable que los magistrados también consideren la constitucionalidad de la política de Trump sobre el derecho de nacimiento."En este caso, los méritos están muy entrelazados con la ayuda", dijo Super, para aquellos afectados por la política.
La audiencia podría dar lugar a que los jueces devuelvan o remitan el grupo de casos de ciudadanía por derecho de nacimiento a los tribunales inferiores con instrucciones adicionales. A diferencia de los casos típicos de la Corte Suprema, se espera que ofrezcan conclusiones legales provisionales en lugar de una sentencia definitiva que declare inconstitucional la orden de Trump.
También podrían comentar si Nueva Jersey y otros estados que impugnan la administración tienen posibilidades de ganar el argumento de que la orden de Trump viola la Constitución. En la audiencia oral, los jueces podrían preguntar sobre el texto de la 14.ª Enmienda y cómo se ha fallado sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en casos anteriores.
Quienes no están de acuerdo con la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento señalan lo que se conoce como la cláusula de ciudadanía, que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen". Ambas partes discrepan sobre quiénes están protegidos exactamente por ese texto.
Hace más de 100 años, la Corte Suprema abordó la cuestión en un caso conocido como Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Una opinión mayoritaria de 1898 sostenía que la 14.ª Enmienda concedía la ciudadanía por nacimiento a un hombre chino cuyos padres se encontraban legalmente en Estados Unidos.
Los estados y otras entidades que demandan a la administración afirman que este caso demuestra que los hijos de inmigrantes ilegales deben recibir la ciudadanía. En su escrito amicus curiae, los demócratas del Congreso afirmaron que "el lenguaje claro de la 14.ª Enmienda confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a sus leyes".
Sin embargo, el Gobierno y otros, como el estado de Tennessee y algunos miembros del Congreso, han argumentado que es más limitada.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), se unió a otros miembros en un informe amicus en el que se argumentaba que la referencia de la 14.ª Enmienda a la jurisdicción suponía que el sujeto tenía algún tipo de lealtad a Estados Unidos.
"Existe un amplio consenso", afirmaron los miembros, en que la enmienda "significa que los hijos nacidos en Estados Unidos de embajadores o soldados invasores no recibirían la ciudadanía en virtud de la Decimocuarta Enmienda". Añadieron que "la mejor razón es que no deben lealtad total a Estados Unidos".
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