Las organizaciones sin ánimo de lucro, los estados y otros presentaron más de 100 recursos legales contra el programa del presidente Donald Trump, lo que a veces detiene sus acciones.
Las batallas legales llegaron a la Corte Suprema en 10 ocasiones. De ellas, la administración ganó cinco casos y perdió dos. Tres casos relacionados con la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump aún no se resuelven.
En todas las sentencias hasta la fecha, la administración Trump solicitó la suspensión temporal de las sentencias de las cortes inferiores que bloqueaban ciertas acciones ejecutivas. Como tal, provocaron decisiones por parte de la Corte Suprema que en su mayoría ofrecen sentencias legales estrechas en lugar de sacar conclusiones firmes de la ley, como suelen hacer los casos de la Corte Suprema.
"En general, la administración tiene un gran éxito en los casos que llegan a la Corte Suprema" declaró Joe Luppino-Esposito, jefe de política federal de Pacific Legal Foundation, un grupo legal libertario, a The Epoch Times.
"Parece haber dos tendencias claras: el rechazo de las órdenes de las cortes inferiores que son demasiado amplias y una afirmación de la idea del ejecutivo unitario. Las cuestiones que afectan a esos empleados u otros designados del poder ejecutivo están cayendo especialmente del lado del presidente".
Este es el desglose de las sentencias hasta la fecha.
Deportaciones
El 7 de abril, la Corte Suprema le dio a Trump una victoria en su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.Aunque la corte no se pronunció sobre la legalidad de la invocación de Trump de la ley del siglo XVIII, sí eliminó uno de los bloqueos de la corte inferior sobre sus deportaciones. Al hacerlo, la Corte Suprema permitió que las deportaciones continuaran, pero exigió a la administración Trump que notificara a los deportados antes de sus vuelos de expulsión.
La mayoría de los jueces dijo que los demandantes en ese caso impugnaron a Trump en la corte equivocada y con una vía legal inadecuada. También estuvo de acuerdo con la administración en que la vía adecuada para impugnar una detención era a través de una petición conocida como habeas corpus, en lugar del método utilizado por los demandantes.
Antes de esa sentencia, la administración se enfrentó a un posible desacato por desobedecer presuntamente la orden de bloqueo de las deportaciones de una corte de distrito. El asunto podría llegar de nuevo a la Corte Suprema, ya que los detenidos presentaron peticiones de hábeas corpus en Nueva York y Texas tras la decisión de los jueces.
Uno de los hombres deportados es un ciudadano salvadoreño que, según el gobierno, es miembro de la banda MS-13, pero que fue deportado a El Salvador en lugar de a otro país debido a un "error administrativo", según un expediente judicial del Departamento de Justicia.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, detuvo inicialmente la sentencia de un juez federal que exigía que el gobierno devolviera al hombre, Kilmar Abrego García, de una prisión de El Salvador. Pero el 10 de abril, la Corte Suprema emitió una orden que confirmaba parcialmente la sentencia del juez de distrito, diciendo que el gobierno debe "facilitar" el regreso del hombre a Estados Unidos.
Guardias de seguridad se encuentran fuera de un bloque de celdas en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 4 de abril de 2025. Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y a 21 miembros de la banda MS-13 al CECOT. (Alex Peña/Getty Images).En una reunión en la Oficina Oval el 13 de abril, altos funcionarios de Trump dijeron que, en última instancia, dependía de El Salvador si devolvía a Estados Unidos a Abrego García, ciudadano salvadoreño.
Refiriéndose al fallo de la Corte Suprema, la fiscal general Pam Bondi dijo: "Si quisieran devolverlo, lo facilitaríamos, es decir, proporcionaríamos un avión".
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la política exterior es una función ejecutiva. "Ninguna corte en Estados Unidos tiene derecho a dirigir la política exterior de Estados Unidos", dijo.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también presente en la reunión de la Oficina Oval, dijo que no devolverá a Abrego García, lo que plantea la posibilidad de que el caso acabe siendo irrelevante.
Gastos
Parte del programa de Trump implica recortes drásticos en el gasto público de múltiples agencias y departamentos federales. En los recursos legales se alega que Trump violó la separación de poderes de la Constitución al reasignar fondos sin la aprobación del Congreso, que es el encargado de asignar los fondos.Uno de los argumentos de la administración es que las demandas eran esencialmente disputas sobre contratos con el gobierno federal. Al igual que en el caso de las deportaciones, la administración sostuvo que la demanda debía presentarse ante una corte diferente: la Corte de Reclamaciones Federales, que se ocupa de las disputas contractuales federales.
La Corte Suprema pareció estar de acuerdo el 4 de abril cuando suspendió la decisión de una corte inferior que habría obligado a la administración a reincorporar 65 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Educación. El gobierno congeló esas subvenciones por temor a que se utilizaran para promover programas de diversidad, equidad e inclusión.
La mayoría de la corte dijo que era probable que la administración tuviera éxito en su reclamo de que una corte inferior carecía de jurisdicción para ordenar pagos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, en la cual se basaron los estados en su demanda contra el gobierno federal.
La Corte Suprema señaló la Ley Tucker, que el gobierno había invocado ante la corte. Promulgada en 1887, la ley permite a las entidades demandar al gobierno federal cuando este renuncia a la inmunidad soberana para tipos específicos de reclamaciones, incluidas las basadas en cualquier "contrato expreso o implícito" con los Estados Unidos. Estos casos deben presentarse ante la Corte de Reclamaciones Federales en Washington.
(De izquierda a derecha) Los jueces de la Corte Suprema Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett M. Kavanaugh, Amy Coney Barrett, el presidente de la Corte Suprema John Roberts, Elena Kagan y Sonia Sotomayor asisten a la ceremonia inaugural del segundo mandato del presidente Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. (Melina Mara/POOL/AFP a través de Getty Images)Sin embargo, otro caso relacionado con el desembolso de fondos federales tuvo un resultado diferente. La mayoría de los jueces se negaron el 5 de marzo a permitir que la administración congelara 2 mil millones de dólares en pagos de ayuda exterior.
En su decisión, la corte no ofreció una explicación detallada, pero dijo que los pagos eran "adeudados por trabajo ya completado".
Cuatro jueces disintieron de esa decisión y el juez Samuel Alito redactó una opinión enérgica en la que dijo que estaba "aturdido" por la decisión de la mayoría.
"¿Tiene un solo juez de una corte de distrito que probablemente carece de jurisdicción, el poder ilimitado de obligar al Gobierno de los Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) 2 mil millones de dólares de los contribuyentes?", escribió.
"La respuesta a esa pregunta debería ser un enfático 'No', pero la mayoría de esta corte aparentemente piensa lo contrario".
Empleados federales
Parte de la resistencia legal a la agenda de Trump proviene de exdirectores de agencias y sindicatos, específicamente por los intentos de la administración de despedir a muchos en el gobierno federal.Al comienzo de la administración Trump, los directores de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito recibieron breves correos electrónicos notificándoles que el presidente había decidido despedirlos. En respuesta, presentaron una demanda alegando que Trump violó la ley federal al no proporcionar una causa para su destitución.
Un cartel de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en el exterior de su sede en Washington el 8 de septiembre de 2012. (Geraldshields11/CC BY-SA 3.0)El caso condujo a las cortes inferiores a debatir sobre el poder de destitución del presidente, que fue abordado en precedentes históricos y recientes de la Corte Suprema.
Después de que dos cortes de distrito ordenaran a Trump que reincorporara a los jefes de agencia, un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C. otorgó a Trump un alivio inicial al suspender esas decisiones. Sin embargo, el circuito completo revocó la decisión de sus colegas, lo que llevó a la administración a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
El 9 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Roberts, emitió una orden que suspendía las decisiones de la corte de distrito hasta que la Corte Suprema emitiera una nueva orden.
Ni esa orden ni otra relacionada con el despido de empleados en período de prueba por parte de Trump ofrecieron mucho en cuanto a razonamiento jurídico. En este último caso, la Corte Suprema permitió a Trump despedir a algunos empleados en período de prueba e indicó el 8 de abril que nueve organizaciones sin fines de lucro que presentaron la demanda no hicieron lo suficiente para establecer su legitimación o su derecho a demandar.
"El mandamiento judicial de la Corte de Distrito se basó únicamente en las alegaciones de las nueve organizaciones sin ánimo de lucro demandantes en este caso", dijo la corte. "Pero según la ley establecida, esas alegaciones son actualmente insuficientes para respaldar la legitimación de las organizaciones".
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