Dos jueces federales limitaron el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros —una ley de tiempos de guerra que da al presidente poderes para encarcelar y expulsar a no ciudadanos— por parte de la administración Trump para deportar a personas en Texas y Nueva York que demandaron después de que la Corte Suprema eliminara órdenes similares de Washington.
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez, del Distrito Sur de Texas, dijo en una orden del 9 de abril que deportar a individuos en virtud de la proclamación de Trump del 15 de marzo que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, en la que declaró una invasión a Estados Unidos por parte de la banda venezolana Tren de Aragua, "causaría un daño inmediato e irreparable a los individuos deportados".
Su orden expira el 23 de abril pero podría extenderse.
También se aplica a tres demandantes venezolanos y otras personas sujetas a expulsión de un centro de detención en Texas.
El 9 de abril, el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein emitió una orden similar después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda contra dos demandantes detenidos en Nueva York.
Estos casos ocurrieron justo después de que la Corte Suprema anulara dos órdenes de un juez federal en Washington que bloqueaban la capacidad de Trump para deportar según la proclamación del 15 de marzo.
Al emitir su decisión, la mayoría de la Corte Suprema dijo que el caso había sido presentado en la corte equivocada, señalando que los demandantes estaban confinados en Texas y que las personas que desafiaran a la administración debían hacerlo en el distrito donde estaban confinados.
La opinión no firmada también decía que la administración debe proporcionar algún tipo de aviso a los detenidos.
"Los detenidos deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación según la Ley", se lee en la opinión de la Corte Suprema.
"La notificación debe darse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que se produzca dicha expulsión".
El recurso de hábeas corpus se refiere a una vía legal que tienen los detenidos para impugnar su internamiento.
La fiscal general Pam Bondi elogió la decisión de la Corte Suprema y declaró en la plataforma de redes sociales X el 7 de abril que "el pueblo estadounidense puede estar seguro" de que ella, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el zar fronterizo Tom Homan "ordenarán a nuestros activos que recorran el país en busca de cualquier remanente del Tren De Aragua y los DEPORTEN".
En Washington, la administración dijo al juez federal de distrito James Boasberg que había deportado a muchos otros basándose en una autoridad legal distinta a la Ley de Enemigos Extranjeros.
Rodríguez dijo en su orden que sin una orden judicial, o un bloqueo a las acciones de la administración, los individuos "no podrían solicitar el recurso de hábeas corpus".
Los demandantes en el juicio de Nueva York expresaron de manera similar su preocupación de que el gobierno expulsaría a individuos sin la revisión judicial requerida.
El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la fecha de publicación.
Trump dijo en el pasado que acataría las órdenes judiciales.
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