El Tribunal Supremo de Brasil decidió que leyes o decisiones judiciales de otros países no tienen efecto en el país sin previa aprobación de las instituciones gubernamentales previstas en la Constitución Federal y las leyes brasileñas, desestimando las sanciones de Estados Unidos.
El juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió la vigencia de cualquier decisión judicial, leyes, decretos y órdenes ejecutivas de países extranjeros sin un análisis o aprobación de órgano judicial brasileño competente.
"Con base en la Constitución Federal, el relator [Dino] enfatizó que las decisiones judiciales extranjeras solo pueden ejecutarse en Brasil tras su aprobación o en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional", según un comunicado de STF del 18 de agosto.
La decisión tomó como ejemplo una queja presentada por el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) ante el STF sobre una serie de demandas de indemnización ambientales presentadas por municipios brasileños en los tribunales del Reino Unido en el caso de Minas Gerais, y que terminó en una orden judicial de los tribunales del Reino Unidos contra Ibram. Sin embargo, Dino declaró que "los argumentos son aplicables a todos los casos similares".
Dino también destacó que los estados y municipios brasileños están impedidos de presentar nuevas acciones ante tribunales extranjeros, en respeto a la soberanía nacional y a las competencias atribuidas por la Constitución al Poder Judicial brasileño.
Eduardo Bolsonaro, un hijo del expresidente y diputado federal, quien se encuentra en Estados Unidos, denunció el mismo lunes que el gobierno brasileño intenta bloquear la aplicación de la Ley Magnitsky en medio de la crisis institucional que vive Brasil.
"Sin mencionar [la ley] Magnitsky, [el juez] Dino impidió las restricciones derivadas de actos unilaterales extranjeros. Pues bien, la Suprema Corte, o mejor dicho, estos dos individuos, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ahora están al descubierto", dijo el diputado Bolsonaro el 18 de agosto en un video en X.
"Que Dios ilumine el corazón y la mente de ustedes, porque la respuesta de Estados Unidos, según todo indica, está muy cerca. Un abrazo, que Dios los bendiga", añadió.
El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro sancionó el 30 de julio al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, bajo la Ley Global Magnitsky por ordenar detenciones arbitrarias y limitar la libertad de expresión de opositores políticos, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
La Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos está dirigida contra los autores de graves y sistemáticos abusos contra los derechos humanos en todo el mundo e implica el bloqueo de los bienes o intereses en bienes de la persona sancionada que se encuentren en Estados Unidos
La medida se produjo luego de que el 18 de julio el Departamento de Estado revocara la visa de De Moraes y de sus familiares directos, alegando una "caza de brujas política" contra Bolsonaro y la "censura de la libertad de expresión en Estados Unidos".
Jair Bolsonaro fue acusado por la Fiscalía General ante el STF el 14 de julio por presuntamente cometer "actos contrarios al Estado Democrático de Derecho" por un supuesto intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
Jair Bolsonaro ha declarado que “todas las acusaciones son falsas”.
El pasado 9 de julio el presidente Trump publicó en Truth Social la copia de una carta para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la que señala a Brasil por convertirse en una “vergüenza internacional” por el juicio contra el expresidente Bolsonaro, aliado de Trump; después ordenó aranceles del 50% a todas las exportaciones de Brasil.
Con información de Alicia Marquez
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