Un proyecto de ley dirigido a los consumidores de la industria del tráfico sexual infantil fue aprobado por unanimidad por los legisladores de California.
El proyecto de ley 379 de la Asamblea fue aprobado el 7 de julio con una votación de 6 a 0 en el Comité de Asignaciones del Senado, que se centra en el coste que suponen los nuevos proyectos de ley para los contribuyentes.
El proyecto de ley AB 379, presentado en febrero, se dirige específicamente a los compradores de sexo comercial. Autorizaría el castigo como delito grave de la solicitación de cualquier menor por parte de un adulto que sea más de tres años mayor que el menor, así como una pena por delito menor por merodear con la intención de comprar sexo comercial.
«La trata y la explotación de personas tienen un coste humano real en nuestra comunidad», dijo durante la audiencia el asambleísta Nick Shultz, que representa al distrito 44 de California.
«Por lo tanto, aunque hay costes en términos de detección, aplicación de la ley y sentencia, también tenemos que equilibrar eso con la contrapartida y el coste real de las vidas que se ven afectadas por esta plaga que está muy presente en nuestra sociedad».
El proyecto de ley fue presentado por la asambleísta Maggy Krell, una demócrata de Sacramento que ganó notoriedad al procesar a los operadores de Backpage.com mientras trabajaba para el Departamento de Justicia de California. Sus esfuerzos finalmente llevaron al cierre de Backpage en 2018. Krell fue elegida para la Asamblea este año.
Si se aprueba, el proyecto de ley impondría penas más severas a quienes soliciten a menores o merodeen para comprar sexo.
Cuando los miembros de su partido rechazaron una disposición del proyecto de ley para endurecer las penas por comprar sexo a menores de 16 y 17 años la primavera pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, intervino con una declaración.
«La ley debe tratar a todos los depredadores sexuales que solicitan menores de la misma manera, como un delito grave, independientemente de la edad de la víctima. Y punto», dijo anteriormente la oficina del gobernador en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times.
Los comentarios de Newsom se produjeron después de que el Comité de Seguridad Pública exigiera a Krell que eliminara una disposición que tipificaba como delito grave la compra de sexo a menores de 16 y 17 años.
«Hicieron lo mismo con mi proyecto de ley el año pasado», declaró en abril a The Epoch Times la senadora estatal Shannon Grove, republicana de Bakersfield.
«Excluyeron a los jóvenes de 16 y 17 años de las disposiciones sobre delitos graves, tratándolos como adultos, lo cual es completamente absurdo».
«No permitirán que se castigue a los delincuentes que merodean y se quedan por allí intentando comprar sexo».
El proyecto de ley AB 379 impone multas de hasta 25,000 dólares por solicitar los servicios de menores de 16 años y permite que se imputen delitos graves de trata de personas a los reincidentes que compren sexo a menores. Si son condenados, los que merodean con la intención de comprar sexo se enfrentarán a un delito menor y pagarán una multa de hasta 1000 dólares, que se destinará a un fondo para los supervivientes.
El proyecto de ley también establece un Fondo de Apoyo a los Supervivientes, pionero en su género, a través del cual se distribuirían fondos a organizaciones comunitarias dirigidas por supervivientes de la trata de personas. Los servicios de apoyo incluirían alojamiento, apoyo a la salud mental, formación profesional y mucho más.
Al presentar el proyecto de ley, Krell señaló que el AB 379 apoyaría a las víctimas y daría a las fuerzas del orden más herramientas para perseguir a los compradores de sexo de víctimas de trata de personas.
«La demanda son los compradores», dijo. «Las filas de coches de hombres alineados en las esquinas para comprar adolescentes para tener relaciones sexuales. Sin los compradores, no hay realmente tráfico sexual».
El proyecto de ley recibió el apoyo de la Asociación de Fiscales del Distrito de California, la Asociación de Jefes de Policía de California, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la ciudad de Stockton, la Asociación de Ayudantes del Sheriff de Los Ángeles, la Liga de Juntas de Supervisores del Condado y otros. En la audiencia del lunes, representantes de diversos funcionarios públicos expresaron su apoyo, entre ellos el alcalde de San Diego, Todd Gloria, la Fiscalía del Distrito de San Diego, la alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, y la ciudad de Carlsbad.
En contra del proyecto de ley se encuentran el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, el Sindicato de Defensores Públicos de Los Ángeles y la Oficina de Defensores Públicos de San Francisco, que argumentan que la disposición contra el merodeo para prostitución de menores podría dar lugar a la elaboración de perfiles y al aumento de las deportaciones de los no ciudadanos acusados de delitos graves.
Ann Block, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización sin ánimo de lucro, dijo que la nueva ley podría otorgar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) nuevas competencias para sus operaciones.
«El proyecto de ley sometería a más personas a traumáticas detenciones, retenciones y deportaciones por parte de la ICE», afirmó Block en la audiencia del 7 de junio.
Block añadió que el estado vería un aumento de los costes como consecuencia del proyecto de ley.
«Habrá costes significativos en términos de detención por parte del ICE y separación de familias en California, familias que pasarán a depender de la asistencia social por ese motivo, lo cual está ocurriendo ahora mismo y ocurriría aún más si se aprueba este proyecto de ley», afirmó.
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