Maryland pronto comenzará a utilizar millones de dólares recaudados a través de un recargo en los planes de seguro vendidos bajo la Ley de Asistencia Asequible, también conocida como Obamacare, para pagar abortos.
El martes, el gobernador Wes Moore promulgó un proyecto de ley que autoriza al estado a utilizar el recargo de un dólar al mes que se aplica a cada póliza de seguro vendida a través del mercado de la ACA. Estos fondos se reservan exclusivamente para los servicios de aborto, en consonancia con la normativa federal que prohíbe la mayoría de los dólares públicos se utilicen para cubrir este tipo de procedimientos.
El recargo, que asciende a USD 25 millones, existe desde hace años, pero el Estado no pudo acceder a él hasta ahora. En virtud de la nueva ley, el Departamento de Salud de Maryland podrá utilizar el dinero para reembolsar a los proveedores de abortos, en particular para abortos de mujeres sin seguro o con seguro insuficiente.
La nueva ley también establece que los fondos deben utilizarse exclusivamente para abortos y no para otra cosa, como infraestructura, equipamiento o seguridad de las clínicas. Este lenguaje responde a las preocupaciones que surgieron el año pasado, cuando un proyecto de ley similar propuso utilizar el dinero del recargo del seguro para ayudar a reforzar la seguridad de las clínicas abortistas, lo que provocó opiniones legales contradictorias de la oficina del fiscal general y, en última instancia, el estancamiento de la medida.
Desde que la Corte Suprema de EE. UU. anuló en 2022 un precedente fundamental que legalizaba en gran medida el aborto a escala nacional y devolvió la cuestión a cada estado, Maryland experimentó un aumento de la demanda de servicios de aborto, atrayendo a pacientes de estados vecinos donde entraron en vigor nuevas restricciones.
Maryland consolidó su papel de paraíso regional en 2023 al aprobar una ley que protege a los proveedores de abortos de la persecución judicial en otros estados. Esta postura se consolidó en 2024, cuando los votantes aprobaron una medida electoral para hacer del aborto un derecho constitucional estatal.
«El vicegobernador y yo fuimos muy claros, desde el primer día, en que Maryland siempre será un refugio seguro para el acceso al aborto», dijo Moore durante una ceremonia de firma del proyecto de ley en la Casa de Estado.
La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, suscitó críticas de los defensores de la vida.
Laura Bogley, directora ejecutiva de Maryland Right to Life, discrepó con las prioridades del estado, argumentando que la política beneficia a la industria del aborto a expensas de las mujeres necesitadas.
«Las mujeres pobres no necesitan abortos gratuitos. Necesitan programas públicos de apoyo que las capaciten para elegir la vida para sus hijos», declaró en un testimonio ante la Asamblea estatal. «El Estado de Maryland debería redirigir los fondos de los contribuyentes lejos del negocio del aborto hacia alternativas al aborto que salven vidas, incluyendo servicios legítimos de planificación familiar, proveedores de atención prenatal y opciones de adopción asequibles».
Bogley dijo que el mecanismo de financiación, que se extrae de las primas de seguros, esencialmente obliga a todos los asegurados en el mercado ACA de Maryland a subvencionar el aborto, independientemente de sus creencias personales o religiosas.
«Esto no sólo aumenta los costos sanitarios para todos, sino que también infringe nuestras libertades de la Primera Enmienda, incluidos los derechos de conciencia y el libre ejercicio de la religión», dijo.
Maryland es uno de los doce estados que obligan a que los planes de seguros privados vendidos a través del mercado de la ACA incluyan la cobertura del aborto, según el grupo de investigación sobre política sanitaria KFF. Los otros estados son California, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.
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