Los líderes de Francia y Alemania pidieron a la Unión Europea que elimine una ley de auditoría a la cadena de suministro.
La Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD), aprobada en mayo de 2024, establece obligaciones obligatorias de gran alcance en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas de la Unión Europea y de terceros países que alcancen determinados umbrales de volumen de negocios, a partir de 2027.
Además de exigir a las empresas que realicen controles medioambientales y de derechos humanos a sus proveedores directos, la ley también forma parte del «Pacto Verde Europeo».
Las empresas estarán obligadas a adoptar y aplicar un plan de transición de mitigación climática como parte de su modelo de negocio, compatible con «la limitación del calentamiento global a 1.5 °C [2.7 grados Fahrenheit] de acuerdo con el Acuerdo de París», según la CSDDD.
La ley se aplica principalmente a las empresas de la UE con más de 1000 empleados y un volumen de negocios neto mundial superior a 450 millones de euros (486 millones de dólares) y a las empresas no pertenecientes a la UE con un volumen de negocios neto superior a 450 millones de euros en la UE.
El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el 19 de mayo que la ley debería retirarse. Las empresas francesas, respaldadas por Macron, criticaron anteriormente la ley por considerarla «abiertamente punitiva».
El canciller alemán Friedrich Merz pidió que se eliminara la ley durante su primera visita a Bruselas.
«Estamos totalmente de acuerdo con el canciller Merz y otros colegas en la necesidad de avanzar mucho más rápido... y [la ley de auditoría de la cadena de suministro] y algunas otras regulaciones no deberían simplemente posponerse un año, sino descartarse», dijo Macron a los ejecutivos empresariales reunidos en una cumbre de inversión en Versalles el lunes.
La Comisión Europea propuso reformas a la ley para reducir la burocracia de las empresas europeas.
El llamado de las mayores economías de la UE se produce en un momento en que la UE pone en marcha su «Paquete de simplificación», cuyo objetivo es permitir que el bloque de 27 países compita con Estados Unidos y China.
El 25 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las empresas de la UE «se beneficiarán de unas normas simplificadas».
«Esto le facilitará la vida a nuestras empresas y garantizará que sigamos firmemente encaminados hacia nuestros objetivos de descarbonización. Y hay más simplificaciones en camino», afirmó.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, pretende reducir las cargas de información en un 25 por ciento en una primera tanda de medidas que se aplicarán en el primer semestre de 2025. Según la Comisión, esto supondría un ahorro de 40,000 millones de euros (42,000 millones de dólares) para las empresas europeas.
El paquete omnibus propone flexibilizar las normas sobre la forma en que las empresas informan sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades en virtud de la Directiva sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), así como las normas de diligencia debida en la cadena de suministro en virtud de la CSDDD.
Los grupos empresariales franceses señalaron que el país ya cuenta con su propia versión nacional de la ley sobre la cadena de suministro, denominada Ley de Vigilancia de 2017.
En virtud de esta ley, los jueces pueden multar a las grandes empresas con hasta 10 millones de euros (10.8 millones de dólares) si no publican planes anuales de vigilancia. Las multas pueden alcanzar los 30 millones de euros (32.5 millones de dólares) si el incumplimiento da lugar a daños que podrían haberse evitado.
Las dos principales asociaciones empresariales francesas, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) y Association française des entreprises privées (AFEP), expresaron su preocupación por la CSDDD.
El año pasado, la MEDEF afirmó que la directiva «no tiene en cuenta el entorno a menudo complejo en el que operan las empresas».
«Ninguna empresa, independientemente de su tamaño, es realmente capaz hoy en día de controlar toda su cadena de valor o de negocio. Las repercusiones operativas y financieras de este texto en nuestras empresas son difíciles de cuantificar y, por lo tanto, no han sido evaluadas seriamente en un estudio de impacto», afirmó.
Afirmó que «el enfoque abiertamente punitivo adoptado por la directiva expone a las empresas europeas al riesgo de sanciones paralizantes».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para recabar sus comentarios.
Guy Birchall contribuyó a este artículo.
Con información de Reuters
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