El 21 de noviembre, un juez federal bloqueó temporalmente a la administración Trump para que no impusiera condiciones ni retuviera los fondos federales para la preparación ante desastres que se asignaron a los gobiernos locales.
El juez federal de distrito William Orrick, del Distrito Norte de California, dictó una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda judicial presentada por una coalición de 29 gobiernos locales, que alegaba que las condiciones vinculadas a los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) eran inconstitucionales.
Según los documentos judiciales, la administración exigía a los gobiernos locales que pusieran fin a los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y apoyan la aplicación de la ley federal de inmigración, o se arriesgaban a perder los fondos.
En una sentencia de 76 páginas, Orrick afirmó que era probable que los demandantes ganaran el caso al alegar que las condiciones de la administración eran "ambiguas" y violaban los principios fundamentales del derecho constitucional.
"En resumen, la condición de la orden ejecutiva, tal y como está redactada actualmente y se aplica a las condiciones del DHS, es ambigua. Considerar lo contrario supondría desafiar la potestad del Congreso para conferir a las agencias la autoridad de conceder financiación en primer lugar", afirmó el juez.
Orrick también señaló que el interés de los demandantes en obtener la financiación para apoyar programas de infraestructura crítica y respuesta a emergencias para sus comunidades supera con creces el interés de la administración.
"Como se indicó anteriormente, los demandantes representan a más de treinta millones de personas, y las subvenciones del DHS y la FEMA proporcionan financiación para apoyar estas iniciativas de seguridad pública y en caso de catástrofes. Muchos de los demandantes no podrían financiar estos programas sin las subvenciones", afirmó el juez.
Los Ángeles, San Francisco, Oakland y San Diego se encontraban entre los demandantes que presentaron una demanda el 30 de septiembre para impedir que la administración impusiera lo que denominaron "condiciones ilegales" a más de USD 350 millones en fondos de emergencia y preparación para desastres.
En una declaración conjunta, el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, acogió con satisfacción la sentencia y afirmó que retener los fondos de emergencia y preparación para desastres pondría en peligro la seguridad pública.
"Esta financiación significa tiempos de respuesta de emergencia más rápidos, una coordinación regional más sólida y una mejor protección para nuestros residentes durante desastres y ataques terroristas", declaró Chiu. "Agradecemos que la corte fallara a nuestro favor y bloqueado esta extralimitación ilegal".
El abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, parte de los demandantes, elogió al juez por reconocer que la "agenda política" de la administración no debería influir en la financiación.
"Como gobiernos locales, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a todos los miembros de la comunidad de los estragos de los desastres, independientemente de su ideología política", afirmó LoPresti en el comunicado. "Los gobiernos no deberían tener que pasar una prueba política para poder cuidar de sus comunidades, especialmente ante un desastre".
El DHS y la FEMA no respondieron a la solicitud de comentarios antes de la publicación.
