El lunes, un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de dos estudiantes internacionales en Oregón y ordenó a la administración Trump reinstaurar su estatus de visa.
La decisión se produce tras dos demandas presentadas por un estudiante de la Universidad Estatal de Oregón y otro de la Universidad de Oregón, a quienes la administración había revocado su estatus migratorio de estudiante F-1.
El juez federal de distrito Michael McShane dictó una orden de restricción temporal que impide la deportación de los estudiantes y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que restableciera sus registros de estudiante F-1 durante 14 días, según la orden judicial.
Ambos demandantes fueron representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Oregón y un bufete de abogados especializado en inmigración. El primer estudiante, Aaron Olaf Ortega González, es un ciudadano mexicano que cursa un doctorado en ecología y gestión de pastizales en la Universidad Estatal de Oregón.
La segunda estudiante, identificada únicamente como Jane Doe, es ciudadana británica y cursa dos másteres en la Universidad de Oregón. Los demandantes afirmaron que el DHS les revocó su estatus de estudiantes "sin previo aviso ni explicación significativa".
Sus abogados alegaron que la decisión del DHS de revocar el estatus de estudiantes era "ilegal" y violaba los derechos de sus clientes al debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Una moción presentada por los abogados de Ortega González el 17 de abril afirma que el Gobierno canceló su estatus de estudiante F-1 el 4 de abril, alegando como motivo que "fue identificado en una verificación de antecedentes penales y/o se le revocó el visado".
Según la moción, sus abogados argumentaron que Ortega González nunca ha sido detenido ni condenado por ningún delito en Estados Unidos.
El fiscal adjunto de Estados Unidos Patrick J. Conti, en representación del Departamento de Seguridad Nacional federal, afirmó que no había tenido tiempo suficiente para recabar toda la información y argumentó que los estudiantes no se enfrentaban a un daño irreparable, ya que no se había emitido una decisión definitiva de la agencia que pudieran impugnar administrativamente, según informó The Oregonian/OregonLive.
La organización sin ánimo de lucro Innovation Law Lab, que también representaba a los demandantes, calificó la decisión de la corte como "una gran victoria" para los estudiantes y las universidades de Oregón, afirmando que les permitiría seguir trabajando y cursando sus estudios en el estado.
The Epoch Times se puso en contacto con el DHS para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
Varios afiliados de la ACLU presentaron el 18 de abril una demanda colectiva federal en representación de más de 100 estudiantes extranjeros de New Hampshire, Massachusetts, Maine, Rhode Island y Puerto Rico. Según ellos, "revocaron de forma ilegal y abrupta el estatus migratorio de estudiante F‑1 sin especificar ninguna razón".
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas el mes pasado que el Departamento de Estado podría haber revocado más de 300 visas hasta la fecha. Rubio dijo que el Gobierno está cancelando los visados de quienes actúan en contra de los intereses nacionales, como los que apoyaron al grupo terrorista Hamás o se enfrentan a cargos penales.
Con información de Jacob Burg y The Associated Press.
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