El gobierno federal inició una investigación sobre las prácticas de contratación del estado de Minnesota y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la Universidad George Mason en Virginia, según anunció el 10 de julio.
El Departamento de Educación dijo en un comunicado que investiga a la universidad por presuntas violaciones al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en los programas educativos que reciben financiación federal.
El comunicado señala que la investigación se basa en una denuncia presentada ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) por "varios profesores" de la universidad, que alegan que "utiliza ilegalmente la raza y otras características inmutables en las políticas universitarias, incluidas la contratación y la promoción".
Según la denuncia, el departamento afirmó que la dirección de la universidad “promueve y adopta políticas ilegales de diversidad, equidad e inclusión" desde 2020, y que dichas políticas “dan un trato preferencial a candidatos y profesores actuales de ‘grupos subrepresentados’ para impulsar el llamado ‘antirracismo’”.
El departamento afirmó que la conducta denunciada crea un "entorno hostil desde el punto de vista racial" y está prohibida por el Título VI.
"Este tipo de discriminación perniciosa y generalizada, disfrazada de 'antirracismo', se ha permitido que floreciera bajo la Administración Biden, pero no será tolerada por esta", dijo en un comunicado el secretario adjunto interino de Derechos Civiles, Craig Trainor.
"La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Trump-McMahon investigará este asunto a fondo para garantizar que las personas sean juzgadas por sus méritos y logros, y no por el color de su piel".
Se trata de la segunda investigación en virtud del Título VI abierta contra la Universidad George Mason en el mismo mes, después de que el Departamento de Educación anunciara que estaba investigando las denuncias de que la universidad no había protegido a los estudiantes y profesores judíos de lo que describió como un "entorno hostil" entre octubre de 2023 y el curso académico 2024-2025.
La universidad negó cualquier acusación de discriminación en un comunicado y afirmó que "reafirma su compromiso de cumplir con todos los mandatos federales y estatales".
Esto se produce después de que la Administración Trump anunciara en las últimas semanas investigaciones sobre las prácticas de DEI de varias universidades, entre ellas la Universidad de California y la Universidad de Virginia, esta última tras la dimisión de su rector, James Ryan.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump, que desde enero ha emitido varias órdenes ejecutivas destinadas a poner fin a la financiación federal de las iniciativas de DEI, que, según él, violan las leyes federales de derechos civiles y socavan la "unidad nacional".
En una declaración separada, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dijo que también está investigando al estado de Minnesota, incluido el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, por posibles prácticas de contratación laboral basadas en raza y sexo, lo que violaría el Título VII de la Ley de Derechos Civiles.
Citó una política, emitida a principios de este mes, por el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota que exige a sus supervisores de contratación que proporcionen una "justificación de la contratación cuando se trate de contratar a un candidato no representado".
Los supervisores de contratación que incumplan la política "podrán ser objeto de medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido", según el departamento, que afirmó que la política parecía formar parte de un esfuerzo más amplio del estado por "aplicar prácticas de empleo basadas en la raza y el sexo en sus objetivos de 'acción afirmativa'".
La Sección de Litigios Laborales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia está dirigiendo la investigación.
"Los habitantes de Minnesota merecen que los empleados de su gobierno estatal sean contratados en función de sus méritos, y no en función de las políticas ilegales de DEI", afirmó la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.
Bondi añadió que la ley federal prohíbe las políticas de empleo que discriminan por motivos de raza o sexo.
"El Departamento de Justicia se niega a tolerar tal conducta, y los estados se exponen a ser investigados cuando participan en prácticas de contratación sesgadas vinculadas a características protegidas", dijo Bondi.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, para obtener comentarios.
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