El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol asistió el miércoles a una audiencia judicial para examinar la solicitud de un fiscal especial de arrestarlo y detenerlo, como parte de una investigación sobre su breve declaración de la ley marcial el año pasado.
El Tribunal Central del Distrito de Seúl comenzó a escuchar los argumentos del equipo del fiscal especial, dirigido por el fiscal especial Cho Eun-suk. Cho está presentando cargos adicionales contra Yoon en relación con su decreto del 3 de diciembre de 2024, entre los que se incluyen acusaciones de abuso de poder, obstrucción de funciones oficiales y falsificación de documentos oficiales.
El equipo de Cho afirmó que solicita la detención porque el expresidente supone una amenaza para la destrucción de pruebas; sin embargo, los abogados de Yoon calificaron la solicitud de excesiva y carente de pruebas.
Yoon llegó al tribunal vestido con un traje azul marino oscuro y corbata roja y no respondió a las preguntas de los periodistas al entrar en el edificio. Alrededor de 100 personas se reunieron en el juzgado para mostrar su apoyo al expresidente, coreando "Yoon Again" y "President Yoon".
El fiscal especial dijo que Yoon esperará la decisión del tribunal, que se considera que será para el miércoles por la noche o la madrugada del jueves, en el centro de detención de Seúl, a unos 19 kilómetros de distancia.
Si el tribunal falla a favor del fiscal especial, se espera que el expresidente permanezca en ese centro.
Podrían seguir otras investigaciones, entre ellas las relacionadas con las acusaciones de que Yoon provocó intencionadamente tensiones con Corea del Norte, perjudicando los intereses de Corea del Sur.
Destituido
Yoon, que entonces representaba al Partido Popular Conservador, llegó al poder en marzo de 2022 y gobernó hasta que fue destituido de su cargo en abril de 2025, después de que el Tribunal Constitucional confirmara su destitución, provocada por su declaración de la ley marcial.Ya se enfrenta a cargos de insurrección, que se castigan con cadena perpetua o la pena de muerte, y también está acusado de desplegar ilegalmente fuerzas de seguridad para bloquear un primer intento de arrestarlo a principios de enero.
Las autoridades finalmente pudieron arrestar y detener al expresidente a finales de ese mes. Sin embargo, tras 52 días, fue puesto en libertad en marzo después de que el Tribunal Central de Seúl anulara la detención por motivos técnicos.
Estas nuevas investigaciones judiciales se producen después de que el exlíder de la oposición Lee Jae-myung ganara las elecciones presidenciales anticipadas de junio y aprobara una ley que iniciaba investigaciones especiales sobre el breve decreto de ley marcial de Yoon. También se iniciaron investigaciones penales contra la administración de Yoon, así como contra su esposa y exprimera dama, Kim Keon-hee.
A principios de este mes, Yoon, un exfiscal de alto rango, dijo que el fiscal especial estaba llevando a cabo una "caza de brujas" por motivos políticos y que algunas de las tácticas utilizadas eran ilegales.
Ley marcial
Cuando invocó la ley marcial, Yoon dijo que los líderes del Partido Democrático de Corea, de oposición liberal, simpatizaban con la Corea del Norte comunista y participaban en "actividades antiestatales que tramaban una rebelión".A continuación, se desplegaron tropas en el exterior de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Corea del Sur.
Sin embargo, el decreto duró unas seis horas y terminó después de que los legisladores entraran en la Asamblea Nacional y votaran a favor de su levantamiento.
Yoon fue destituido el 14 de diciembre de 2024 y acusado por la fiscalía el 26 de enero de 2025 por orquestar una rebelión.
Yoon declaró anteriormente que las tropas se desplegaron para mantener el orden y no para impedir que los miembros de la Asamblea votaran, como alegó el partido de oposición.
La oposición afirmó que Yoon intentó arrestar a los miembros de la Asamblea desplegando al ejército en un intento de supuestamente perturbar el proceso democrático y socavar la autoridad del poder legislativo del país.
El incidente causó alarma en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, que considera a Corea del Sur un aliado histórico.
El último golpe militar en Corea del Sur tuvo lugar en 1980, y el país cuenta con un gobierno democrático desde 1987.
Según la Constitución del país, los presidentes gozan de amplia inmunidad judicial, salvo en caso de insurrección.
Sin embargo, no se produjo ninguna ejecución en Corea del Sur desde 1997, cuando, en 1998, el entonces presidente Kim Dae-jung introdujo una moratoria de las ejecuciones.
Con información de Associated Press, Reuters y Chris Summers.
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