EE. UU. rechaza las "cuatro prohibiciones" impuestas por Beijing a cónsul de Hong Kong

Estados Unidos rechazó las exigencias de que la recién nombrado diplomática estadounidense en Hong Kong se ajuste a lo que Beijing denomina "colusión con fuerzas antichinas" e "interferencia en asuntos de seguridad nacional".

Las exigencias, denominadas "cuatro requisitos de lo que no se debe hacer", se impusieron a Julie Eadeh, cónsul general de Estados Unidos en Hong Kong, que llegó a la ciudad en agosto.

"Los diplomáticos estadounidenses representan a nuestra nación y se encargan de promover los intereses de Estados Unidos a nivel mundial, lo cual es una práctica habitual para los diplomáticos de todo el mundo, incluido Hong Kong", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en una declaración a The Epoch Times el 3 de octubre.

Cui Jianchun, el máximo diplomático de Beijing en Hong Kong, se reunió con Eadeh el 30 de septiembre para presentar las "solemnes protestas de China por lo que lleva a cabo desde que asumió sus funciones", según informó la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen en Hong Kong en un comunicado el 2 de octubre.

La declaración indicaba que, durante la reunión, Cui expuso a la diplomática estadounidense los "cuatro requisitos de lo que no se debe hacer" del régimen. Le ordenó que no se reuniera con personas con las que "no debía reunirse", que no "colaborara" con lo que él denominó "fuerzas antichinas", que no ayudara ni financiara ninguna actividad que pudiera "debilitar la estabilidad en Hong Kong" y que no "interferiera en los asuntos de seguridad nacional" de la ciudad.

Medios de comunicación respaldados por el Estado

Los artículos cuestionaban su recepción de bienvenida, a la que asistió Emily Lau, una destacada figura prodemocrática y exlegisladora. Ta Kung Pao afirmó que Anson Chan, la antigua segunda autoridad de la ciudad y participante en las protestas de 2019, también estuvo presente, pero ni Chan ni el consulado lo confirmaron.

En un artículo republicado por la oficina del PCCh en Hong Kong el 27 de septiembre, Eadeh fue catalogada como "promotora de una revolución de colores", un término asociado a los movimientos de protesta a gran escala que exigen la dimisión de sus dictadores.

El artículo señalaba una reunión que se realizó hace seis años en la que participaron Joshua Wong y Nathan Law, dos de los defensores de la democracia más activos de la ciudad, durante el anterior mandato de Eadeh como consejera política en el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong.

En agosto de 2019, Ta Kung Pao publicó una fotografía de una funcionaria estadounidense —identificada como Eadeh— hablando con Law, Wong y otros dos líderes estudiantiles en el lobby de un hotel. El informe dice que esto es una prueba de "injerencia extranjera" en las protestas masivas de la ciudad. Los informes de Ta Kung Pao incluyen información sobre la familia de Eadeh, como los nombres de sus hijos pequeños.

La en ese momento portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, acusó a Beijing de filtrar la información personal de la diplomática y de actuar como un "régimen de matones".

"No creo que filtrar la información privada de una diplomática estadounidense, sus fotos, los nombres de sus hijos (...) No creo que eso sea una protesta formal", dijo Ortagus en una rueda de prensa en Washington en ese momento, en respuesta a una pregunta sobre la reacción de Beijing a la supuesta reunión en el vestíbulo del hotel.

"Eso es lo que haría un régimen de matones. Así no se comportaría una nación responsable", añadió, sin confirmar la identidad del funcionario estadounidense.

La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, habla durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado en Washington el 10 de junio de 2019. Samira Bouaou/The Epoch Times

En una declaración en las redes sociales más tarde ese mismo día, Ortagus dijo que los informes de los medios de comunicación oficiales chinos sobre el diplomático estadounidense en Hong Kong han "pasado de ser irresponsables a peligrosos".

"Esto debe acabar", dijo. "Las autoridades chinas saben perfectamente que nuestro personal consular acreditado solo está haciendo su trabajo, al igual que los diplomáticos de cualquier otro país".

Ley de Seguridad Nacional

Esta legislación, redactada en términos vagos, ha criminalizado los discursos o acciones considerados secesionistas, subversivos, terroristas o de colusión con fuerzas extranjeras contra el régimen comunista chino, con penas tan severas como la cadena perpetua.

Hasta marzo, al menos 320 personas habían sido detenidas por presuntas violaciones de la ley de seguridad, según informó el Departamento de Estado en su último informe anual sobre el clima de inversión de la ciudad, publicado a finales de septiembre. En el mayor juicio por seguridad nacional, realizado en noviembre de 2024, 45 activistas recibieron condenas de hasta 10 años de prisión.

El PCCh impuso la controvertida ley en 2020, tras meses de protestas en las que participaron más de un millón de personas y que fueron provocadas por los planes del gobierno de la ciudad de permitir la extradición a China continental.

Decenas de miles de residentes locales salieron a las calles casi todos los fines de semana para exigir la retirada de la propuesta legislativa que, según temían, socavaría la autonomía de la ciudad como región administrativa especial.

Las protestas se transformaron posteriormente en un movimiento más amplio que exigía mayor democracia y libertades ante el creciente control del PCCh sobre la antigua colonia británica.