El 16 de mayo, la Corte de Apelación del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, rechazó la solicitud de la administración Trump de levantar la orden de un juez que impedía la rápida deportación de inmigrantes ilegales hacia países distintos al suyo.
La solicitud tenía por objeto apelar la sentencia del juez federal Brian Murphy, de 7 de mayo, que ordenaba que se notificara primero a los inmigrantes ilegales en un idioma que comprendieran y se les diera la oportunidad de solicitar protección en virtud de la legislación estadounidense para que pudieran alegar que podrían ser perseguidos, torturados o asesinados si eran deportados a determinados países.
La sentencia de Murphy se produce después que el 18 de abril dictara una orden judicial preliminar que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevar a cabo deportaciones a terceros países a menos que se notificara previamente por escrito al detenido, se le diera la oportunidad de solicitar una evaluación de riesgo razonable y se le concediera al menos 15 días para presentar una moción para reabrir su caso de inmigración si se denegaba la evaluación.
Sin embargo, los demandantes en la demanda colectiva presentaron una moción de emergencia para obtener una orden de restricción temporal, citando informes que alegaban que varios inmigrantes ilegales, entre ellos varios ciudadanos laosianos, filipinos y vietnamitas, estaban a punto de ser trasladados en un avión C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde Kelly Field, Texas, al aeropuerto de Misrata, en Libia, sin esas protecciones.
También señalaron que el Departamento de Defensa trasladó a cuatro venezolanos a El Salvador desde la bahía de Guantánamo, Cuba, tras la decisión inicial de Murphy.
Murphy se puso del lado de los demandados, afirmando que la deportación violaba la Quinta Enmienda.
«Si existe alguna duda —la corte no la ve—, las expulsiones supuestamente inminentes, tal y como informaron las agencias de noticias y como los demandantes tratan de corroborar con los testimonios de los miembros del colectivo y la información pública, violarían claramente la orden de esta corte», escribió Murphy en su fallo del 7 de mayo.
La Corte de Apelación, compuesta por tres jueces, afirmó que le «preocupaban las nuevas directrices emitidas por el DHS que regulan estas deportaciones y el daño irreparable que se derivará de las expulsiones indebidas en este contexto».
El presidente Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron este año un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría a la nación centroamericana para que encarcelara a los inmigrantes ilegales presuntamente asociados con bandas criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua en su «megaprisión» llamada CECOT, que se inauguró en 2023 y tiene capacidad para 40,000 reclusos.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio en febrero, también anunció que su país estaría dispuesto a acoger a inmigrantes ilegales no guatemaltecos deportados desde Estados Unidos.
Con información de Tom Ozimek y Reuters.
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