El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó una avalancha de desafíos a su agenda desde que regresó al cargo. Algunos llegaron a la corte más alta del país y podrían, al final, dar forma al panorama legal de los Estados Unidos
Se presentaron más de 100 demandas contra la administración Trump, de las cuales 10 llegaron hasta ahora a la Corte Suprema.
Un punto de preocupación importante para críticos y jueces es que argumentan que la agenda de Trump excede los límites de la autoridad presidencial, violando así la separación de poderes.
La separación de poderes es un componente fundamental del Gobierno de Estados Unidos, caracterizado por un sistema de controles y contrapesos.
Tradicionalmente, el poder legislativo —el Congreso— elabora las leyes, el poder ejecutivo —el presidente— las aplica, mientras que el poder judicial —la Corte Suprema— las interpreta.
Desde el día de la investidura, Trump firmó 130 órdenes ejecutivas (EO). Esta cifra supera a la de cualquier otro presidente en sus primeros tres meses de mandato. El presidente Joe Biden firmó 162 EO durante su mandato, y el presidente Barack Obama firmó 277 EO durante sus ocho años en el cargo.
Trump firmó 220 durante su primer mandato, de 2016 a 2020.
Una orden ejecutiva es una directiva firmada por el presidente que ordena al Gobierno tomar una medida específica. Sin embargo, las órdenes ejecutivas no pueden anular las leyes federales y los estatutos creados por el Congreso. Aquí es donde la línea entre la ley y la autoridad presidencial puede volverse difusa.
El 7 de abril, Trump obtuvo una victoria en la Corte Suprema que le permitió seguir deportando a miembros de una pandilla venezolana, Tren de Aragua, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, utilizando una controvertida ley de tiempos de guerra denominada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Usada solo tres veces en la historia, permite la deportación de extranjeros que invadan activamente un país, lo cual, según Trump, es lo que ellos hicieron.
Inicialmente, un juez de distrito intentó detener las deportaciones, argumentando que Estados Unidos no estaba en guerra y que las personas tenían derecho a un juicio justo. El caso llegó finalmente la Corte Suprema, que falló a favor de continuar con las deportaciones, pero ordenó notificar a los individuos con antelación.
Un fallo separado, el diez de abril, implicó el regreso del salvadoreño deportado Kilmar Abrego García, acusado de ser miembro de la Mara Salvatrucha trece (MS-13). García llegó a El Salvador mientras se encontraba bajo protección contra la deportación. Este traslado aún está en trámite.
Las deportaciones forman parte de una de las promesas de campaña de Trump para frenar el aumento significativo de la inmigración ilegal en los últimos años.
Tres casos separados buscan limitar la ciudadanía por nacimiento, que otorga la nacionalidad al instante a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar la nacionalidad de sus padres, según lo consagra la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El 17 de abril, la Corte Suprema emitió una suspensión temporal de una corte inferior a este recurso, y programó una audiencia para el 15 de mayo.
El presidente Donald Trump muestra una orden ejecutiva firmada titulada "Restablecimiento de las políticas de disciplina escolar basadas en el sentido común" en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington el 23 de abril de 2025. (Chip Somodevilla/Getty Images)Otra parte de la promesa de campaña de Trump fue reducir la deuda gubernamental de 36 billones de dólares y eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del Gobierno. Ambas iniciativas generaron numerosos retos legales.
Los críticos sostienen que Trump no tiene autoridad para redirigir fondos sin la aprobación del Congreso. Pero la administración Trump afirma que se trata de disputas contractuales del gobierno, lo cual entra en el ámbito del poder ejecutivo.
El 4 de abril, la Corte Suprema accedió a suspender subvenciones por millones de dólares para el Departamento de Educación (DOE) debido a preocupaciones sobre DEI.
Trump sufrió otra derrota cuando la Corte Suprema ordenó restablecer el financiamiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un organismo creado para proveer ayuda social a otros países y que la administración Trump había considerado fuera de los intereses de EE.UU.
El despido de empleados federales ha sido otro asunto polémico con los sindicatos. Estos argumentan que Trump violó la ley federal al no dar razones para sus destituciones.
Esto supuso una victoria para Trump en la Corte Suprema, que falló a su favor.
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