Un juez federal permitió el viernes al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) seguir accediendo a datos confidenciales de millones de estadounidenses en los Departamentos de Trabajo y Salud y Servicios Humanos, rechazando la presión de los sindicatos y los defensores de la privacidad para bloquear el acceso del DOGE.
En una decisión emitida el 27 de junio, el juez federal de distrito John D. Bates, en Washington, denegó una moción de medida cautelar en una demanda presentada por una coalición que incluye a la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y el Instituto de Política Económica. Los demandantes alegaban que el DOGE carece de autoridad legal para acceder a sistemas gubernamentales confidenciales que almacenan información personal, como historiales médicos, historiales financieros, números de la Seguridad Social y direcciones particulares.
El juez consideró que, si bien los demandantes han demostrado su legitimación para presentar la demanda, no han demostrado el tipo de daño inminente e irreparable necesario para justificar la suspensión del trabajo de DOGE en esta fase.
"A falta de pruebas de que ese personal vaya a hacer un uso indebido o revelar públicamente esa información de forma inminente, el Tribunal no puede afirmar que se producirá un daño irreparable antes de que pueda pronunciarse definitivamente sobre el fondo del asunto", escribió Bates. No obstante, el juez reconoció la "grave" preocupación por el acceso de DOGE a datos "extremadamente sensibles".
El juez ya ha denegado en dos ocasiones las solicitudes de los demandantes de órdenes de restricción temporal para bloquear las actividades de DOGE, una vez el 7 de febrero y otra el 14 de febrero, y en ambas ocasiones Bates expresó su preocupación por el acceso de DOGE a registros sensibles, pero denegó la medida extraordinaria solicitada.
El caso seguirá ahora hacia nuevas audiencias y, posiblemente, una sentencia definitiva, y el tribunal ha solicitado a ambas partes que propongan un calendario para los próximos pasos.
DOGE se creó en virtud de la Orden Ejecutiva 14158 del presidente Donald Trump para revisar las operaciones federales, recortar gastos y eliminar el despilfarro. Sus equipos han obtenido acceso a nivel de sistema en múltiples agencias como parte de lo que la administración describe como un impulso para modernizar el gobierno y erradicar el fraude y la ineficiencia.
Pero el alcance de DOGE ha desencadenado una serie de demandas en todo el poder judicial federal. La semana pasada, otro juez federal ordenó al gobierno que presentara un informe detallado sobre el nivel de acceso de DOGE a la información de identificación personal de la Oficina de Gestión de Personal, en respuesta a otra demanda presentada por la AFL-CIO.
Mientras tanto, a principios de este mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que DOGE continuara su labor en la Administración de la Seguridad Social, suspendiendo la orden judicial preliminar de un tribunal inferior en una decisión que suscitó varias discrepancias.
A medida que se desarrollan las batallas legales, crece el impulso en el Congreso para codificar los recortes presupuestarios y las reformas operativas de DOGE. El 24 de junio, la Subcomisión de Eficiencia Gubernamental de la Cámara de Representantes celebró una audiencia titulada "Consolidar los recortes de DOGE: acabar con el despilfarro, el fraude y los abusos para siempre", en la que los legisladores destacaron el papel de DOGE en el ahorro de lo que, según los funcionarios, asciende a 180,000 millones de dólares —más de 1100 dólares por contribuyente— mediante la identificación de ineficiencias en los programas, subvenciones, contratos y personal del gobierno.
"La DOGE se ha ganado enemigos porque se ha enfrentado a la cultura del gasto de Washington", afirmó durante la audiencia la presidenta de la Subcomisión, la representante Marjorie Taylor Greene (R-Georgia). "Debemos convertir esto en una batalla permanente. Debemos institucionalizar la lucha contra el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno".
En sus declaraciones durante la audiencia, los testigos se hicieron eco de los llamamientos para que la labor de DOGE se incorpore a la legislación permanente. Dan Lips, de la Fundación para la Innovación Americana, declaró que DOGE ya ha contribuido a reducir la carga normativa al eliminar más de 1.7 millones de palabras del código federal, mientras que David Burton, de la Fundación Heritage, advirtió de que, sin la intervención del Congreso, muchos de los recortes iniciados por DOGE podrían no traducirse nunca en un ahorro presupuestario real.
Matthew Dickerson, director de Política Presupuestaria del Centro de Innovación en Política Económica, declaró que reducir la plantilla federal en un 10 % podría suponer un ahorro de entre 559,000 y 608,000 millones de dólares en la próxima década.
Lips afirmó que los esfuerzos por mejorar la eficiencia del gobierno "no deberían ser una cuestión partidista, sino una necesidad fiscal", e instó a la cooperación bipartidista para garantizar las reformas de DOGE.
Mientras tanto, mientras continúan las batallas legales, el personal afiliado a DOGE mantiene su acceso a los sistemas de organismos como el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aunque Bates denegó la ayuda de emergencia en el caso liderado por la AFL-CIO en Washington, señaló que el tribunal sigue abierto a fallar en contra de DOGE si en el futuro se demuestran usos indebidos de información privada o violaciones de la ley.
"Esta decisión no supone la sentencia de muerte de las reclamaciones finales de los demandantes", señaló Bates en su fallo. "El tribunal se reserva opciones de reparación si los demandantes prevalecen en cuanto al fondo".
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