El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, fue acusado formalmente por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según la investigación, habría mantenido bajo su mando una estructura criminal estable que realizó gestiones de alto nivel en Venezuela y China.
La orden de imputación, fechada el 19 de mayo y a la que tuvo acceso The Epoch Times España, autorizó registros en su domicilio, su oficina y varias sociedades vinculadas al caso, y también lo citó a declarar. El documento permite destacar los siguientes puntos fundamentales:
El documento identifica a Zapatero en el vértice de una estructura organizada y jerarquizada. Según el documento, habría ejercido el mando estratégico y utilizado su oficina en Madrid —a pocos metros de la sede del Partido Socialista Obrero Español— como centro operativo y de coordinación.
La red habría gestionado operaciones de gran escala con autoridades de Venezuela, incluido el supuesto acceso a Delcy Rodríguez, identificada y mencionada como “La Dama”, para la asignación de buques petroleros. También se señalan contactos con entidades que “dependen del Partido Comunista Chino”.
La investigación también apunta al entorno familiar del expresidente. La sociedad Whathefav SL, administrada formalmente por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habría funcionado como sociedad “finalista” para recibir y redistribuir los beneficios de la trama hacia el entorno personal de Zapatero.
La causa gira en torno a Plus Ultra Líneas Aéreas SA, beneficiaria de un rescate público de 53 millones de euros que, según la investigación, se habría obtenido mediante influencias ilícitas. La orden judicial también menciona el supuesto cobro de una comisión del 1 % relacionada con ese rescate.
Otra pieza clave es Análisis Relevante SL, empresa dirigida por dos hermanos venezolanos y descrita por la investigación como un vehículo para simular servicios de asesoría y canalizar fondos dentro de la presunta trama.
En la trama también figura el Grupo Aldesa, empresa que, según información externa a la orden judicial, fue adquirida en 2020 por la estatal china China Railway Construction Corporation. Según la investigación, se habrían pactado comisiones del 3 % por un proyecto valorado en 2000 millones de euros.
El documento menciona además más de una decena de sociedades instrumentales que habrían sido utilizadas para dar opacidad financiera a la operación.
Los investigados habrían operado bajo esa apariencia para encubrir el tráfico de influencias, utilizando contratos de asesoría ficticios y facturación preparada para dar apariencia legal a los cobros.
Zapatero en el vértice de una estructura organizada
El documento judicial sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”.A su alrededor habrían actuado varios colaboradores de confianza. Entre ellos figura Julio Martínez Martínez, señalado como “responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos”. El texto también menciona a una persona encargada de la “elaboración y cobertura formal de documentación” y a otra dedicada a la gestión del entramado societario y de la facturación preparada para dar apariencia legal a los cobros.
China y Venezuela: intermediación en “asuntos de Estado”
El juez señala que la actividad de la red iba más allá de operaciones mercantiles ordinarias. Según el documento, Zapatero habría tenido intervención “directa” en “operaciones de alto valor económico”, entre ellas las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas.El texto sostiene que la red estaba “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”.
En las comunicaciones intervenidas, la investigación identificó interlocutores chinos que actuaban en representación de una empresa que “depende del Partido Comunista Chino”. Para el magistrado, este dato es relevante porque apuntaría a la participación de actores de peso estatal en la operativa del negocio.
“De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)”, señala la orden judicial.
El 30 de octubre de 2023, la entidad China International Cultural Technology Resources Group CO LTD envió una carta de intenciones en la que constaban los datos de contacto de Zapatero y su dirección postal.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Pekín en Beijing, China. Imagen de archivo. (Foto de China Photos/Getty Images)Las indagaciones también identifican a altos cargos venezolanos. Entre ellos aparece Delcy Rodríguez, presentada en las comunicaciones como “la dama” que controlaba la asignación de buques involucrados en las transacciones. También se menciona al ministro de Petróleo, aunque sin que los integrantes de la red lo identificaran por nombre en esas conversaciones.
La orden también menciona al general venezolano Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, a quien se vincula con la autorización de vuelos de la aerolínea Plus Ultra y con la renegociación de su deuda.
Entre los operadores de la trama figuran Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva SL.
Según la investigación, ambos gestionaban “asuntos de Estado” relacionados con petróleo, petcoke y oro, y enviaban informes y cartas de intención directamente a la oficina de Zapatero.
Según los mensajes citados por el juez, los operadores se dirigían a Zapatero como “Presidente”, con frases como “Presidente, le reporto las novedades” o “nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto”.
El documento cita un mensaje de WhatsApp del 23 de enero de 2024 en el que Domingo Amaro comunicó que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, y “los chinos” estaban “listos para comprar barcos” y reunirse con la cúpula venezolana.
Sobre Apikian, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que participó en la venta y envío de crudo venezolano y lo sancionó el 19 de enero de 2021 por actuar, directa o indirectamente, en nombre de Swissoil Trading SA.
En esa misma comunicación, el Departamento del Tesoro también mencionó al entonces ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, ya sancionado previamente, por su participación junto a Alex Saab en negociaciones para la venta de cientos de millones de dólares en petróleo venezolano.
El líder venezolano Nicolás Maduro y el empresario colombiano Alex Saab (a la derecha) asisten a un acto en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (Leonardo Fernández Viloria/Reuters)Historias relacionadas
El rescate de una aerolínea y la distribución del 1 %
En el contexto de la pandemia de Covid-19, las autoridades españolas otorgaron una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas SA, una aerolínea española que operaba vuelos regulares a Venezuela, Ecuador y Perú. La justicia investigó ese rescate porque la normativa excluía de estas ayudas a empresas que ya estuvieran en crisis antes de la pandemia.La orden de imputación señala que se detectaron reuniones y llamadas entre los dueños de la aerolínea y el entorno de Zapatero. Según el documento, se habría pactado una comisión del 1 % del rescate de Plus Ultra, equivalente a 530,000 euros, mediante un contrato de asesoramiento suscrito entre Idella Consulenza Strategica SL, una de las sociedades vinculadas a la presunta trama, y la aerolínea.
Plus Ultra y la pista venezolana en documentos del Tesoro de Estados Unidos
En el marco de la trama también aparece una referencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una propuesta de la Red de Control de Delitos Financieros para restringir el acceso del banco suizo MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense señala que, en 2021, una cuenta de un inversor suizo recibió más de 519,000 dólares procedentes de Plus Ultra Líneas Aéreas SA.La autoridad estadounidense evaluó que esa cuenta “probablemente se utilizó para blanquear fondos derivados de la corrupción pública venezolana”.
Delitos imputados
El juez atribuye a Zapatero y a su entorno varios presuntos delitos. Uno de ellos es tráfico de influencias, por supuestamente haberse prevalido de relaciones personales, políticas o jerárquicas para influir en funcionarios y autoridades con el objetivo de obtener resoluciones favorables para terceros.
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de octubre de 2025 en una imagen de archivo. (Foto de Oscar del Pozo/AFP vía Getty Images)También se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Según el documento, la trama habría creado una arquitectura financiera internacional destinada a ocultar el origen ilícito de fondos y desplazar capitales fuera de España.
La causa incluye además la presunta pertenencia a organización criminal. El juez sostiene que habría existido una red jerarquizada, con reparto de funciones entre sus integrantes y bajo el liderazgo estratégico de Zapatero.
Asimismo, la investigación apunta a otros posibles delitos, entre ellos falsedad documental, apropiación indebida y delitos contra la Hacienda Pública.
El 17 de junio, Zapatero fue citado a declarar ante el juez que instruye la causa. Según la información recogida por la agencia EFE, el expresidente negó haber liderado una trama de influencias en favor de Plus Ultra y atribuyó los pagos recibidos a trabajos de consultoría.
Por su parte, el juez que investiga la causa consideró que la declaración de Zapatero “no ha logrado desvirtuar” los indicios racionales de criminalidad expuestos en el documento de imputación, aunque rechazó imponerle medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga.
Además de los delitos recogidos en la imputación inicial, el juez investiga al expresidente por posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con las casi 80 piezas de joyería valoradas en más de 1.3 millones de euros halladas en una caja fuerte de su oficina durante un registro policial el mes de mayo.
Con información de Efe
