Tras las declaraciones de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sobre la eliminación de elecciones en el Estado nicaragüense, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el gobierno de Trump no tolerará tales acciones.
“La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión interna y fabrica una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos”, inicia el comunicado del secretario de este martes a través de X.
“La promesa de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, finalizó.
Las declaraciones de Ortega se dieron durante el 47.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio.
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"Aquí no volverá a haber elecciones. No volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder", dijo el líder sandinista.
Ortega aseguró que Estados Unidos estuvo detrás de la muerte de Augusto C. Sandino, líder de la resistencia nicaragüense asesinado en 1934 por la Guardia Nacional del general Anastasio Somoza García —quien encabezó la dictadura de la familia Somoza hasta 1979—, así como de cada presidente que ocupó el cargo durante el régimen de los Somoza.
"Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, no volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás!", advirtió Ortega.
Ortega, quien ocupa el cargo desde 2007 tras un mandato presidencial en la década de 1980, afirmó que esta medida impedirá que la oposición retome el poder. No especificó cómo haría cumplir la prohibición.
La administración Trump, que califica al gobierno de Ortega como una dictadura, ha impuesto sanciones a más de 2350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.
En 2021, Ortega detuvo a opositores y líderes empresariales y criminalizó la disidencia, en medio de la amplia controversia generada por las elecciones en Nicaragua. Esa fue la última vez que el país celebró elecciones.
En 2025, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, consolidaron aún más su poder mediante reformas constitucionales que incluyeron nombrar a Murillo como copresidenta del país, además de extender el mandato presidencial a seis años.
Ortega y su esposa controlan de facto todos los ámbitos del gobierno, incluyendo el poder judicial y las fuerzas armadas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acusado al gobierno nicaragüense de violaciones de los derechos humanos y de convertir al país "en un estado autoritario".
Sobre la esposa de Ortega, un informe publicado en febrero de 2026 por un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) reveló que presuntamente Murillo desvió fondos públicos para financiar la represión en Nicaragua.
El informe revela que la corrupción y la represión en Nicaragua operan como un "círculo vicioso", donde el régimen desvía fondos públicos y los utiliza para comprar jueces, atacar a la prensa y vigilar a los ciudadanos, garantizando así su propia impunidad.
Para consolidar este control, tanto Murillo como Fidel Moreno Briones —secretario general de la Alcaldía de Managua— crearon una estructura de mando secreta, paralela al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tomaba las decisiones reales por encima del resto de la dictadura.
Con información de Jackson Richman.
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