Perú, presidido por Keiko Fujimori, rechazó categóricamente la reforma aprobada recientemente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que anula la participación de la oposición en las elecciones.
Mediante un comunicado del 2 de septiembre, el gobierno de Fujimori expresó una “profunda preocupación” por la nueva reforma constitucional “que busca liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo”.
El país sudamericano señaló que las acciones tomadas por Nicaragua representan una violación grave a las reglas básicas que permiten que exista una democracia real, y que al quitar los mecanismos democráticos se le está arrebatando al pueblo nicaragüense el derecho fundamental de vivir en libertad.
“Esta condenable iniciativa del régimen Ortega-Murillo reafirma que actualmente en Nicaragua no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas, y que su aparato represor criminaliza en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática”, expresa el comunicado.
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El Estado peruano instó a la comunidad internacional y a las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos a tomar cartas en el asunto “para evitar que se consolide una dictadura en el hermano país de Nicaragua”.
La reforma al sistema electoral fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre por la Asamblea Nacional de Nicaragua. De acuerdo con el texto publicado este miércoles en el diario oficial "La Gaceta", esta reforma a la Constitución transforma los periodos presidenciales y la forma en que se participa en las votaciones.
La normativa veta explícitamente el acceso a cargos gubernamentales y a la dirigencia de partidos políticos a toda persona calificada como "traidora a la patria". La disposición también alcanza a quienes soliciten sanciones económicas internacionales o sean señalados por el Estado de participar en intentos de golpe de Estado.
La reforma también extiende los mandatos de todos los cargos de elección popular a siete años, una disposición que se aplica de forma inmediata a las autoridades en funciones, y también establece cambios relacionados con los periodos de las jefaturas del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
Finalmente, la reforma establece que ninguna sanción o normativa extranjera surtirá efecto jurídico en territorio nicaragüense, y faculta al órgano electoral para disolver o denegar el registro a cualquier partido que reciba financiamiento desde el exterior.
Perú se une a los diversos gobiernos y organismos internacionales que vigilan de cerca a la nación centroamericana, particularmente a raíz de las declaraciones emitidas el 19 de julio por Ortega, donde aseguró que no se volverían a celebrar elecciones en Nicaragua.
En este marco, el gobierno estadounidense, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el 2 de septiembre a través de X que se asegurará de que Occidente “deje de hacer negocios como de costumbre” con Nicaragua, tras la reforma electoral.
Rubio aseguró a través de un mensaje en X que Estados Unidos abordará dichas medidas en la próxima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Ayer, la Asamblea Nacional de Murillo-Ortega desmanteló lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años", declaró el secretario.
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