La Corte Suprema revisará la política de detención migratoria sin fianza

Los magistrados decidirán si las personas detenidas años después de haber entrado ilegalmente al país deben permanecer detenidas sin una audiencia de fianza

Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) montan guardia frente a su oficina regional de Nueva York, el 1 de septiembre de 2026. (Michael M. Santiago/Getty Images).
Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) montan guardia frente a su oficina regional de Nueva York, el 1 de septiembre de 2026. (Michael M. Santiago/Getty Images).
Matthew Vadum
1 de octubre de 2026, 9:50 a. m.
Actualizado el1 de octubre de 2026, 4:05 p. m.

El 1 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó decidir si la ley federal exige que el gobierno detenga, sin audiencia de fianza, a las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, incluso si han estado en el país durante años.

Los magistrados admitieron a trámite la petición en el caso Rhoney v. Da Cunha mediante una orden sin firma. Ningún magistrado expresó su desacuerdo. La corte no explicó su decisión.

El caso plantea si una ley de detención de 1996 conocida como 8 U.S.C. 1225(b)(2)(A), que forma parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, exige la detención obligatoria de las personas arrestadas en el interior del país o solo de aquellas que solicitan formalmente la admisión en un puerto de entrada autorizado.

Se espera que la Corte Suprema resuelva una divergencia entre las cortes federales de apelación.

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La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito determinó en este caso que la norma de detención obligatoria se aplica únicamente a un no ciudadano que sea a la vez un "solicitante de admisión" y esté "buscando la admisión", y que, por el contrario, una persona que resida en el interior del país mucho tiempo después de una entrada ilegal queda sujeta a una ley diferente que permite la libertad bajo fianza.

Sin embargo, los circuitos Quinto y Octavo han adoptado una postura opuesta, al considerar que la presencia ilegal en el país sin haber sido admitido es suficiente para exigir la detención durante todo el proceso de expulsión.

El demandado, Ricardo Aparecido Barbosa Da Cunha, es un ciudadano brasileño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos alrededor de 2004 y ha permanecido en el país desde entonces.

En septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encontraron con Da Cunha durante una parada de tráfico en Norwood, Massachusetts. Lo detuvieron. El Departamento de Seguridad Nacional inició un proceso de expulsión en su contra y determinó que, en virtud de la Sección 1225(b)(2)(A), debía permanecer detenido sin posibilidad de fianza mientras durara dicho proceso. El juez de inmigración determinó que no tenía derecho a una audiencia de fianza y que estaba sujeto a detención obligatoria conforme a dicha sección, según la petición del gobierno.

El mismo día en que fue detenido, Da Cunha presentó una petición ante una corte federal alegando que su detención sin audiencia de fianza violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución. El caso fue transferido de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Oeste de Massachusetts a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Oeste de Nueva York.

Dichaccorte concedió su petición, al determinar que dicha sección no se aplicaba a su caso y que, en cambio, su detención se regía por la sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite la liberación bajo fianza o la libertad condicional mientras continúan los procedimientos de deportación del no ciudadano. La corte ordenó al gobierno que celebrara una audiencia de fianza. Dicha audiencia se llevó a cabo el 28 de octubre de 2025 y, al día siguiente, Da Cunha fue puesto en libertad bajo fianza, según indica la petición del gobierno.

El Segundo Circuito confirmó la decisión, al determinar que el requisito de detención previsto en la sección 1225(b)(2)(A) abarca únicamente a "aquellos no ciudadanos que se presentan en un puerto de entrada para ser admitidos, o que cruzan la frontera física hacia Estados Unidos pero son detenidos en el 'umbral de la entrada inicial'".

El gobierno argumentó en la petición que los circuitos Quinto y Octavo "sostuvieron correctamente" que dicha sección se aplica a los no ciudadanos "y exige su detención en espera de los procedimientos de expulsión". El Segundo Circuito, junto con los circuitos Sexto, Décimo y Undécimo, han determinado "que dichos extranjeros no están contemplados en la sección 1225(b)(2)(A), sino que están sujetos a detención discrecional en virtud de la sección 1226(a) y tienen derecho a audiencias de fianza".

El gobierno adoptó la postura de que el caso Raycraft v. López-Campos, del Sexto Circuito, constituía un mejor marco para resolver la cuestión jurídica y había solicitado a los magistrados que suspendieran la petición en el caso Rhoney v. Da Cunha.

"Lopez-Campos plantea de manera más directa la cuestión del debido proceso", reza la petición, "lo que lo convierte en un vehículo más adecuado para analizar la legalidad de la detención obligatoria impuesta por el gobierno en espera de los procedimientos de expulsión de extranjeros presentes sin admisión en virtud de la Sección 1225(b)(2)(A)".

En el caso López-Campos, el procurador general D. John Sauer señaló que actualmente existe "un mosaico inviable de medidas de control migratorio inconsistentes, en el que los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros".

"La aplicación de las leyes migratorias no debería depender de la casualidad geográfica", señaló Sauer en los documentos judiciales.

La Corte Suprema aún no ha programado la audiencia oral en el nuevo caso.

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