El 26 de agosto se recrudecieron las tensiones en el Capitolio del estado de California, en Sacramento, cuando defensores de la libertad de expresión se manifestaron para revocar una nueva ley estatal a la que denominaron "Ley Stop Nick Shirley", firmada por el gobernador Gavin Newsom la semana pasada.
El periodista independiente de Utah Nick Shirley se unió a los legisladores estatales republicanos y a cientos de simpatizantes para denunciar lo que, según ellos, constituía una violación de sus derechos.
La legislación firmada por Newsom el 22 de agosto amplía un programa ya existente, creado para proteger a las víctimas de violencia doméstica, para incluir a los trabajadores de servicios para inmigrantes, lo que convierte en ilegal publicar, mostrar, revelar o distribuir la información personal o la imagen de cualquier proveedor de servicios de apoyo a la inmigración, empleado o voluntario designado u otras personas que residan en la misma dirección, con la intención de acosarlos, divulgar sus datos personales o amenazarlos.
Cualquiera que infrinja la ley se enfrenta a una multa mínima de 4000 dólares y a una máxima de tres veces el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida por un jurado. La ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.
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La oficina de Newsom desmintió las acusaciones de que la legislación estuviera dirigida contra Shirley y sus investigaciones.
Shirley publicó su primer video relacionado con California el 16 de marzo, después que su equipo descubriera más de 170 millones de dólares en presuntos fraudes vinculados a un sistema de guarderías y cuidados paliativos del estado.
Shirley, que se unió a la manifestación, dijo que el proyecto de ley era innecesario.
"Aquí, en California, los políticos, en lugar de perseguir a los estafadores, ahora persiguen a quienes van a sacar a la luz el fraude", declaró Shirley ante la multitud.
Algunos legisladores estatales también se pronunciaron contra la nueva ley, cuyo título oficial es "Proyecto de Ley de la Asamblea 2624: Privacidad para los proveedores de servicios de apoyo a la inmigración".
"En Estados Unidos, tenemos derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa", declaró ante la multitud el senador estatal republicano Tony Strickland, cuyo distrito está compuesto en su mayor parte por ciudades del condado de Orange. "Y todo ciudadano tiene derecho a cuestionar cómo se gasta su dinero en el estado de California".
El diputado republicano Carl DeMaio, del condado de San Diego, dijo que la ley acabará en las cortes.
"Solicito a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE. UU. que intervenga para bloquear la aplicación de la Ley Stop Nick Shirley", declaró DeMaio en un video publicado en X. "El Departamento de Justicia puede hacerse cargo de casos que vulneren los derechos constitucionales. Puede llevar a California ante las cortes y defender nuestros derechos recogidos en la Primera Enmienda. De una forma u otra, llevaremos este asunto a las cortes".
El gobernador de California, Gavin Newsom, se reúne con funcionarios chinos en la pista de aterrizaje antes de la llegada del líder chino Xi Jinping al Aeropuerto Internacional de San Francisco el 14 de noviembre de 2023. (Frederic J. Brown/AFP vía Getty Images)La portavoz de Newsom, Diana Crofts-Pelayo, declaró a The Epoch Times en un correo electrónico: "La verdadera polémica aquí es que los republicanos de MAGA o bien mienten para inventarse teorías conspirativas falsas, o bien ninguno de ellos sabe leer".
La oficina del gobernador y los partidarios de la legislación dicen que el proyecto de ley solo permite a los proveedores de servicios de inmigración ocultar su información personal al público para protegerse de ser expuestos o acosados.
La diputada demócrata Mia Bonta, cuyo distrito se encuentra en el Área de la Bahía, presentó el proyecto de ley el 20 de febrero, un mes después que Shirley anunciara públicamente por primera vez que tenía como objetivo el fraude en California durante una audiencia del Congreso celebrada el 21 de enero sobre el fraude en Minnesota.
Bonta dijo que no tenía ni idea de quién era Shirley antes de presentar la propuesta de ley y declaró a KRCA en abril que no "se movía en los mismos círculos de las redes sociales" que el entorno de Shirley.
El marido de Bonta, el fiscal general de California, Rob Bonta, ya había presentado demandas junto con el fiscal general de Minnesota contra la Administración Trump después que se descubrieran millones en fraudes en Minnesota a raíz de las investigaciones de Shirley en diciembre.
La asambleísta Mia Bonta en el Capitolio en Sacramento el 28 de agosto de 2024. (Travis Gillmore/The Epoch Times)El fiscal general Bonta también lideró una batalla jurídica sin precedentes contra la Administración Trump durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, presentando 82 demandas importantes y más de 120 escritos en apoyo de otras acciones legales. LINK
"Desde que el presidente Trump volvió al cargo, California ha sido objeto de ataques y ha liderado la respuesta", dijo el fiscal general el 4 de agosto.
En sus declaraciones del miércoles, Shirley explicó a los asistentes que la nueva ley crea una categoría de personas protegidas dentro del gobierno estatal y les otorga privilegios especiales al eximirles de la obligación de revelar su información al público.
Los políticos aprendieron que pueden utilizar a las comunidades de inmigrantes y a las organizaciones sin ánimo de lucro para canalizar millones y millones de dólares de los contribuyentes hacia estas organizaciones, señaló Shirley.
"Ahora quieren prohibir que la gente pueda ir a grabar estos lugares para sacarlos a la luz", dijo.
El Pacific Justice Institute intervino en la manifestación y dijo que tenía previsto ayudar a impugnar la ley ante las cortes.
"El propósito de esta legislación —su objetivo es muy claro— es intimidarlos para que no investiguen. Para que no denuncien. Para que se vayan a casa con miedo", dijo Brad Dacus, presidente del instituto.
El instituto se comprometió a defender ante las cortes a cualquier persona a la que el Estado multe en virtud de la nueva ley.
