La candidatura para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar ha desencadenado una disputa diplomática entre China, Chile y Bélgica. El desacuerdo no se limita a la ubicación de la sede permanente: también afecta a dónde se instalará la infraestructura tecnológica destinada a almacenar e intercambiar información científica marina a escala mundial y quién será responsable de su gestión.
La controversia, según la rueda de prensa del Ministerio de Relaciones de China de este 12 de noviembre, alcanza también a la ciudad que acogerá las reuniones de los órganos especializados del tratado.
China propuso a comienzos de 2026 a la ciudad portuaria de Xiamen como la sede administrativa y como la infraestructura del Mecanismo de Intercambio de Información científica, que permitirá gestionar datos sobre recursos genéticos marinos.

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Según la propuesta, las instalaciones contarían con conexiones de fibra óptica, redes 5G y sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos. También dispondrían de espacio para ampliar los equipos tecnológicos, oficinas para los órganos especializados del tratado y salas para celebrar reuniones científicas y técnicas.
Por su parte, Chile promovió el 23 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la candidatura de Valparaíso como sede permanente de la mencionada Secretaría. Sin embargo, el 6 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, anunció que Chile y Bélgica habían decidido unir sus candidaturas.
La propuesta conjunta contempla que Valparaíso acoja las principales funciones administrativas de dicha Secretaría y la puesta en marcha del mecanismo financiero del tratado. En cambio, la infraestructura de intercambio de información se instalaría y operaría desde Bruselas, aunque su gestión seguiría correspondiendo a la Secretaría.
Además, Chile y Bélgica ofrecen a Bruselas como ciudad anfitriona de las reuniones de los órganos especializados del tratado, de acuerdo con las decisiones que adopte la Conferencia de las Partes.
El tratado –Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ)– fue adoptado el 19 de junio de 2023, tras casi 20 años de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026.
Entre otras medidas, establece un sistema internacional para registrar e intercambiar información sobre los recursos genéticos marinos obtenidos en aguas internacionales, su utilización y los productos que puedan desarrollarse a partir de ellos, incluidos medicamentos y otros productos biotecnológicos.
También contempla mecanismos para compartir los beneficios económicos y científicos derivados de esos recursos.
Las declaraciones presentadas por los países al ratificar este acuerdo revelan diferencias sobre su aplicación: concretamente, si las obligaciones relacionadas con estos recursos deben extenderse a materiales y datos genéticos obtenidos antes de la entrada en vigor del tratado.
China y México se acogieron a una excepción prevista en el propio acuerdo que limita su aplicación a los recursos genéticos marinos y datos obtenidos después de su entrada en vigor para cada país. Esto significa que determinados usos posteriores de materiales recogidos con anterioridad quedan fuera de esas obligaciones.
La Unión Europea y Bélgica también adoptaron esa excepción de no retroactividad.
Por su parte, Chile no presentó esa excepción. En su declaración, dijo que "no tendrá en cuenta ni se vinculará de manera alguna" a las declaraciones de otros Estados que pretendan excluir o modificar los efectos jurídicos del acuerdo.
También se reservó el derecho a pronunciarse posteriormente sobre ellas y aclaró que su silencio no podrá interpretarse como aceptación.
Los países que han ratificado el acuerdo tienen previsto reunirse del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York, para abordar la elección de la sede permanente de su Secretaría y avanzar en las normas de funcionamiento de los organismos encargados de aplicarlo, incluido el sistema de intercambio de información científica. Argentina, Colombia, Estados Unidos y Perú lo han firmado, pero todavía no lo han ratificado.
China afirma tener el apoyo de la mayoría de los países, Chile en cambio dice que "no solo tiene las condiciones necesarias para enfrentar este desafío sino que su historia de contribuciones al derecho del mar lo avalan".














