Opinión
Las provincias y los gobiernos locales de China llevan mucho tiempo teniendo que recurrir a Beijing en busca de ayuda financiera. Sin embargo, la crisis inmobiliaria está afectando tanto a los ingresos provinciales que las solicitudes de ayuda financiera a Beijing se están volviendo más frecuentes y de mayor magnitud.
De hecho, estos asuntos se están volviendo tan urgentes que Beijing comenzó a considerar reformas fiscales fundamentales, especialmente dado que la crisis inmobiliaria no muestra señales de remitir.
Los problemas para las recaudaciones provinciales comenzaron cuando estalló la crisis inmobiliaria en 2022, con la pérdida de los ingresos —que antes eran cuantiosos— provenientes de los impuestos y cuotas sobre la transferencia de terrenos. En los años transcurridos desde entonces, el déficit de recaudación se ha ido acumulando y, este año, la presión sobre los presupuestos provinciales parece haber alcanzado un nivel crítico.
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Según un estudio de Huachuang Securities, con sede en Guizhou, ninguna de las provincias de China puede financiar sus obligaciones sin la ayuda de Beijing. La denominada tasa de autosuficiencia —una medida de la proporción del gasto de una provincia que esta puede financiar con sus propios recursos— cayó al 55.9 por ciento en el primer trimestre de este año, el período más reciente para el que se cuentan datos disponibles.
La situación de Shanghái es ilustrativa. La ciudad, que durante mucho tiempo se situó entre las de mejor desempeño fiscal de China y solía reportar superávits presupuestarios absolutos, registró solo un crecimiento de ingresos del 2 por ciento durante los 12 meses que terminaron esta primavera, mientras que sus gastos aumentaron un 20 por ciento.
Beijing tuvo que intervenir para cubrir estos déficits presupuestarios de Shanghái y de todo el país. Ya había intervenido de esta manera anteriormente, especialmente desde que estalló la crisis inmobiliaria.
Sin embargo, las medidas políticas destinadas a aliviar el peso de la crisis han fracasado, y la creciente necesidad de fondos entre las provincias del país finalmente llevó a Beijing a reconocer la necesidad de una reforma fiscal más duradera. El viceprimer ministro Ding Xuexiang ha dado mayor relevancia al tema, señalando los "programas piloto de gestión fiscal" mencionados en el 15º Plan Quinquenal como medidas concretas que Beijing y las provincias deberían adoptar.
Un aspecto de esta reforma propuesta consistiría en que el gobierno central alivie algunas de las exigencias actuales que recaen sobre los gobiernos provinciales y locales mediante el financiamiento directo de las prioridades nacionales. En el pasado, el financiamiento de muchas de esas prioridades ha sido una obligación provincial o local.
Ding ha señalado que, dado que las transferencias actuales del gobierno central a los locales son ineficientes y opacas, el cambio en la atribución de estas obligaciones financieras otorgará a los gobiernos provinciales mayor discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades fiscales. Es de suponer que esta discrecionalidad les permitirá hacer frente a la pérdida de ingresos por transferencias de terrenos, que en el primer semestre de este año fueron, en promedio, un 31.5 por ciento menores que en el mismo período de 2025.
Los reformistas también se han centrado en los impuestos al consumo como una forma de cubrir, al menos parcialmente, los déficits presupuestarios provinciales. China ya cuenta con un importante impuesto al valor agregado, que actúa como un impuesto al consumo. Sin embargo, también aplica gravámenes especiales a 15 artículos, entre ellos los cigarrillos, el alcohol y los automóviles.
En el primer semestre del año, estos gravámenes especiales al consumo generaron para Beijing unos ingresos de 867 mil millones de yuanes, lo que convierte a este impuesto en la cuarta fuente de ingresos más importante después del impuesto al valor agregado y de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas.
Al trasladar la incidencia tributaria de la producción —donde recae actualmente— al nivel mayorista o minorista, parte de estos ingresos se redirigirá del gobierno central a las arcas provinciales y locales. Dicho cambio, por muy útil que sea, requerirá modificaciones legislativas y normativas que llevarán tiempo.
Irónicamente, estos cambios contemplados revierten gran parte de la reforma fiscal de 1994. En aquel entonces, casi todas las fuentes de ingresos favorecían a los gobiernos provinciales y locales, lo que dejaba a Beijing con un déficit crónico. Pero en ese momento, la economía de China estaba en pleno auge, especialmente el sector inmobiliario, por lo que las tasas e impuestos sobre la transferencia de terrenos se dispararon.
Ahora, las circunstancias —especialmente la obstinada persistencia de la crisis inmobiliaria— exigen un giro en la dirección opuesta: transferir ingresos de Beijing a los gobiernos provinciales y locales como alternativa a los ingresos por transferencia de terrenos. El viceprimer ministro Ding lidera esta iniciativa, pero no hay garantías de que China logre llevar a cabo el cambio.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
