El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó una polémica ley que otorga al fiscal general del país el control de los organismos anticorrupción, lo que ha provocado reacciones negativas por parte de funcionarios, protestas y advertencias de funcionarios de la Unión Europea sobre el compromiso de Kiev con las reformas del Estado de derecho.
La nueva ley, firmada el 22 de julio, permite al fiscal general reasignar fiscales y transferir casos de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), dos organismos creados tras la revolución de 2014 en Ucrania para combatir la corrupción de alto nivel.
Zelenski defendió la medida, afirmando que reforzaría las instituciones ucranianas y eliminaría la influencia rusa de la infraestructura anticorrupción.
Ucrania debe mantener la independencia de sus instituciones anticorrupción y continuar con las reformas para combatir la corrupción, según las siete condiciones de la Comisión Europea para la adhesión a la UE.
Los críticos han afirmado que la reforma socava la autonomía de los organismos de control que recientemente han acusado a altos funcionarios de aceptar sobornos.
Investigación de las agencias anticorrupción
La legislación sigue a una operación de seguridad de alto perfil a principios de esta semana, durante la cual las fuerzas del orden ucranianas llevaron a cabo decenas de registros que involucraron a funcionarios anticorrupción.El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que había detenido a un funcionario de la NABU sospechoso de espiar para Rusia y a otro por presuntos vínculos comerciales con el país.
Otros fueron acusados de tener vínculos con el partido prohibido del expresidente ucraniano fugitivo Víktor Yanukóvich.
En total, el SBU, la Fiscalía General y la Oficina Estatal de Investigación llevaron a cabo alrededor de 70 registros, dirigidos al menos a 15 empleados de la NABU.
Según la NABU, la mayoría de los casos se referían a infracciones administrativas, como infracciones de tráfico, pero varios funcionarios están siendo investigados por acusaciones más graves, entre ellas vínculos con servicios de inteligencia extranjeros.
Según la NABU, algunas de las medidas de investigación fueron demasiado lejos.
Zelenski defiende la reforma
Zelenski afirmó que la legislación era necesaria para eliminar la influencia rusa en los organismos encargados de hacer cumplir la ley.El 22 de julio, declaró que se había reunido con el director de la NABU, Semen Kryvonos, el fiscal de la SAPO, Oleksandr Klymenko, el fiscal general Ruslan Kravchenko y el jefe del SBU, Vasyl Maliuk.
Hizo hincapié en que la infraestructura anticorrupción de Ucrania seguiría funcionando y afirmó que debía investigarse el retraso de los procedimientos penales.
"Durante años, funcionarios que han huido de Ucrania han estado viviendo tranquilamente en el extranjero por alguna razón, en países muy agradables y sin consecuencias legales, y esto no es normal", dijo en X.
“No hay una explicación racional para que procedimientos penales por valor de miles de millones hayan estado ‘pendientes’ durante años”.
El 23 de julio, Zelenski afirmó que había mantenido nuevas reuniones con funcionarios de seguridad y anticorrupción, y se comprometió a presentar un plan de acción conjunto contra la corrupción en un plazo de dos semanas.
“Todos compartimos un enemigo común: los ocupantes rusos. Y defender el Estado ucraniano requiere un sistema policial y anticorrupción lo suficientemente fuerte, que garantice un verdadero sentido de la justicia”, afirmó en X.
“Los procesos penales no deben prolongarse durante años sin que se dicten sentencias legales. Y quienes trabajan en contra de Ucrania no deben sentirse cómodos ni inmunes a la inevitabilidad del castigo”.
Protestas y alarma en la UE
La aprobación de la ley el 22 de julio provocó manifestaciones públicas poco habituales en Kiev y otras ciudades, las primeras protestas importantes contra el gobierno de Zelenski desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.La Delegación de la Unión Europea en Ucrania expresó su preocupación por el nuevo proyecto de ley.
“Socavar las garantías fundamentales de la independencia de la NABU es un importante paso atrás”, declaró en X. “Instituciones independientes como la NABU y la SAP son cruciales en el camino de Ucrania hacia la UE. El Estado de derecho sigue siendo el núcleo de las negociaciones de adhesión a la UE”.
La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, declaró el X que había debatido las preocupaciones de la UE con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y su adjunto para la integración europea, Taras Kachka.
Kachka declaró el X el 23 de julio que había comunicado al director general de Ampliación de la UE, Gert Jan Koopman, que Ucrania estaba interesada en resolver de forma transparente los acontecimientos relacionados con el nuevo proyecto de ley.
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