La administración Trump anunció una reforma radical del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que reducirá en más de la mitad su plantilla en el área de Washington y trasladará miles de puestos a centros regionales, como parte de la iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para reducir el tamaño del gobierno federal y acercar las agencias a las comunidades a las que sirven.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció el plan de reorganización en un memorándum del 24 de julio, en el que se establecen planes para reducir el personal del departamento en el área de Washington D. C. de unos 4600 a menos de 2000 empleados.
"La agricultura estadounidense alimenta, viste y abastece de combustible a esta nación y al mundo, y ya es hora de que el Departamento preste un mejor servicio a los grandes y patriotas agricultores, ganaderos y productores a los que tenemos el mandato de apoyar", dijo Rollins en un comunicado. "El presidente Trump fue elegido para introducir cambios reales en Washington, y eso es precisamente lo que estamos haciendo al trasladar nuestros servicios clave fuera del cinturón de la capital y a grandes ciudades estadounidenses de todo el país".
La medida consolidará las operaciones de la sede, desocupará varios edificios federales en la capital y trasladará gran parte del trabajo de la agencia a cinco ciudades centrales: Raleigh, Carolina del Norte; Kansas City, Misuri; Indianápolis, Indiana; Fort Collins, Colorado y Salt Lake City, Utah.
Según el USDA, el plan de reorganización se basa en cuatro "pilares": reducir la plantilla para que se ajuste mejor a la financiación disponible y a las prioridades políticas, reubicar los recursos más cerca de los agricultores y ganaderos, eliminar los niveles de gestión y la burocracia, y consolidar las funciones de apoyo redundantes.
Gran parte de la reducción de la plantilla se llevará a cabo mediante jubilaciones voluntarias y el Programa de Jubilación Diferida, que ofrece incentivos a los empleados para que dimitan en una fecha futura. El USDA ha indicado que, hasta el momento, 15,364 trabajadores se han acogido a este programa. Si las medidas voluntarias no son suficientes, podrían producirse despidos selectivos.
"Haremos lo correcto por el gran pueblo estadounidense al que servimos y por los miles de trabajadores del USDA que sirven tan noblemente a su país", dice Rollins sobre el proceso.
La plantilla del USDA se ha ampliado un 8 por ciento en los últimos cuatro años, con un aumento salarial del 14.5 por ciento. Los responsables de la agencia afirmaron que el crecimiento no ha supuesto un aumento cuantificable de los servicios prestados a los agricultores y ganaderos. Afirmaron que la presencia del departamento en el área de Washington es redundante y costosa, lastrada por el gasto excesivo y años de mantenimiento diferido.
"El presidente Trump ha dejado claro que el gobierno debe ser objeto de un escrutinio minucioso y, tras esta revisión exhaustiva del USDA, los resultados muestran una organización inflada, costosa e insostenible", dijeron funcionarios de la agencia en un comunicado.
El anuncio sigue a una decisión de la Corte Suprema del 8 de julio que allanó el camino para que la administración Trump proceda con reducciones masivas de la fuerza laboral federal y reestructuraciones de agencias.
El alto tribunal anuló una orden de un tribunal inferior que había bloqueado los despidos vinculados a la iniciativa de optimización de la plantilla de Trump y a las recomendaciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Se han producido recortes sustanciales de personal en varias agencias federales, entre ellas el Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Según el plan de reorganización del USDA, el departamento desocupará importantes propiedades, entre ellas el Edificio Sur, Braddock Place y el Centro de Investigación Agrícola de Beltsville, todas ellas con importantes costes de mantenimiento aplazados. Solo el Edificio Sur tiene un atraso de 1300 millones de dólares y está ocupado en menos de un tercio. Se mantendrán otras instalaciones, pero se revisará su uso y sus funciones.
Rollins afirmó en su memorándum que todas las funciones críticas continuarán sin interrupción, incluidas las inspecciones de seguridad alimentaria, la respuesta a incendios forestales y otras funciones de seguridad pública. Anteriormente, había eximido a 52 categorías de puestos relacionados con la seguridad nacional y la seguridad pública de la congelación de la contratación federal, y aunque esos empleados conservarán sus puestos de trabajo, también podrán ser reubicados.
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