La Universidad del Sur de California (USC) se enfrenta a una posible pérdida de ingresos de cientos de millones de dólares en fondos federales y despidos de personal, en medio de un "entorno externo volátil", según afirmó el presidente interino Beong-Soo Kim en una carta dirigida a los miembros del cuerpo docente el 14 de julio.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo a principios de este año, su administración trató de implementar ciertos cambios políticos en las instituciones del país, centrándose en cuestiones como la participación de hombres en deportes femeninos, el antisemitismo en los campus y los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La financiación federal depende ahora de que las instituciones se alineen con las políticas de la administración.
Kim escribió en su carta: "Al igual que otras instituciones similares, estamos experimentando cambios significativos en el apoyo federal a nuestra investigación, nuestros hospitales y la ayuda financiera a los estudiantes, junto con una posible disminución de la matriculación de estudiantes internacionales".
La pérdida potencial de ingresos anuales para la USC solo en fondos de investigación patrocinados por el gobierno federal podría ascender a 300 millones de dólares o más, según afirmó, añadiendo que la institución cerró el año fiscal 2025 con un déficit operativo superior a los 200 millones de dólares, más alto que el déficit de 158 millones del año pasado.
Para hacer frente a estos retos, la USC tomó medidas como la congelación de la contratación y los aumentos salariales, el despido de personal, la reducción de los gastos discrecionales, la venta de propiedades no utilizadas, la consolidación de funciones duplicadas y el "ajuste de la remuneración de los miembros mejor remunerados de nuestra comunidad".
Kim señaló que no era viable aumentar las matrículas, recurrir en mayor medida a la dotación de la USC o contraer más deuda.
Con sede en Los Ángeles, la USC emplea a unos 4000 profesores y unos 17,000 empleados no docentes, según cifras de Univstats.
El número de estudiantes de grado a tiempo completo y a tiempo parcial matriculados en programas de grado o certificado asciende a unos 20,817, según datos del gobierno.
En el año fiscal 2024, la universidad recibió alrededor de 1350 millones de dólares en fondos federales, incluidos 569 millones para investigación financiada con fondos federales y unos 650 millones en ayudas económicas para estudiantes, que incluyen préstamos directos para estudiantes, becas Pell, programas de trabajo y estudio y préstamos federales Perkins, según el sitio web de la universidad.
Hasta el momento, la USC no recibió ninguna notificación de rescisión o suspensión de contratos o subvenciones federales, salvo algunos proyectos en los que participan el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte.
El 2 de mayo, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean P. Duffy, retiró la financiación de unos 9 millones de dólares destinados a la investigación de la USC sobre cómo "el sistema de transporte crea y perpetúa las desigualdades".
El Departamento de Educación envió una carta el 10 de marzo a la USC advirtiendo a la institución de posibles medidas coercitivas si no cumplía con sus obligaciones en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles para proteger a los estudiantes judíos en el campus. La USC fue una de las 60 universidades señaladas por la administración por acusaciones de antisemitismo en el campus.
Desde que Trump asumió el cargo, la universidad creó una página web en la que se detallan las diferentes órdenes ejecutivas y memorandos presidenciales emitidos por el presidente que tienen un impacto directo en el funcionamiento de la institución.
Las órdenes incluyen la aplicación de medidas para combatir el antisemitismo, la exclusión de los hombres de los deportes femeninos, la puesta en marcha de iniciativas de recorte de costos recomendadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y la obligación de las instituciones de educación superior de informar sobre las fuentes significativas de financiación extranjera.
Varias universidades se vieron afectadas por las órdenes, y la administración retuvo fondos federales y amenazó con otras consecuencias graves en caso de incumplimiento.
El 16 de julio, el Departamento de Educación inició una investigación sobre la Universidad de Michigan por sospechas de financiación extranjera no revelada o revelada de forma inadecuada.
Anteriormente, el 10 de julio, se llevaron a cabo investigaciones sobre las prácticas de contratación de DEI por parte de la Universidad George Mason en Virginia.
La Universidad de Harvard estuvo en desacuerdo con la administración Trump por varias cuestiones, como el antisemitismo, la no divulgación de financiación extranjera y las iniciativas DEI.
El 9 de julio, la administración advirtió a Harvard que podría dejar de cumplir los estándares de acreditación debido a la mala gestión de las cuestiones relacionadas con el antisemitismo por parte de la dirección.
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