María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-Tx), junto a otros 18 congresistas bipartidistas presentaron el 15 de julio una nueva versión del proyecto "Ley Dignidad" de reforma migratoria que busca otorgar estatus protegido a algunos trabajadores migrantes.
"Se necesita mucho valor para dar un paso al frente y decir que se quiere ser parte de la solución, especialmente en el tema de la inmigración, uno de los más difíciles del país", dijo la representante Salazar en una rueda de prensa el 15 de julio en el House Triangle del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D.C.
"Hoy comienza el camino para darle dignidad a los millones que viven en la oscuridad!", escribió Salazar este 15 de junio en X antes de presentar esta ley.
La "Ley Dignidad de 2025" busca abordar cuestiones migratorias después de asegurar la frontera para permitir a ciertos inmigrantes indocumentados solicitar un estatus legal si cumplen criterios específicos y acelerar el proceso de solicitud de asilo, y reemplaza a la presentada en 2023.
"Después de más de dos años de negociación, hay un acuerdo actualizado que aborda el estatus legal y las protecciones para los inmigrantes indocumentados, la seguridad fronteriza, la reforma del asilo y la reforma de visas", puntualiza un comunicado de la congresista Verónica Escobar.
El proyecto de ley presentado propone crear el Programa Dignidad, con una vigencia de siete años, que ofrece estatus legal —no la ciudadanía— a los inmigrantes indocumentados que hayan estado en los Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020, si pagan 7000 dólares en restitución, permanecen en cumplimiento legal y no reciben beneficios federales, para trabajar, obtener un estatus legal y estar en paz con la ley.
"Eso significa que pagarán una multa de 7000 dólares en siete años con su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal, y contribuirán con el 1% de su salario al Tesoro de los Estados Unidos), dijo Salazar.
Además, la ley incluye protecciones para los Dreamers que cumplan con los estándares de educación, trabajo o servicio militar; modernizar y agilizar el sistema de inmigración legal para reducir los retrasos en las solicitudes de green card y crear nuevas opciones de visas temporales para familias y estudiantes; establecer una inversión de 70,000 millones de dólares en la fuerza laboral estadounidense, entre otras iniciativas.
"Todavía tenemos más de 10 millones de personas trabajando en la construcción, la hostelería, la agricultura, las lecherías, la pesca y los mataderos, que son indocumentados, pero que no son delincuentes", dijo Salazar. "Sí, infringieron la ley, pero alguien les dio un trabajo porque necesitaba a esos trabajadores, trabajadores que todavía se necesitan hoy en día".
La congresista Veronica Escobar dijo por su parte que después de dos años de negociación entre los legisladores que apoyan el proyecto, se llegó a un acuerdo que considera se adapta al “entorno político actual”.
"He presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias de nuestro deficiente sistema migratorio y, como congresista, me tomo muy en serio mi obligación de proponer una solución. Un compromiso realista y sensato es alcanzable, y es especialmente importante dada la urgencia del momento", dijo Escobar en el comunicado del 15 de julio.
"Los inmigrantes, especialmente aquellos que llevan décadas en Estados Unidos, constituyen un componente fundamental de nuestras comunidades, así como de la fuerza laboral y la economía estadounidenses", añadió.
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