La Oficina de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia de Harvard pasará a llamarse Vida Comunitaria y Universitaria, según informó la universidad en una carta dirigida a los miembros de la comunidad el 28 de abril.
La universidad está actualmente enredada en un conflicto con la administración Trump después de que rechazara las solicitudes para actuar contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), con las autoridades cortando los fondos y Harvard presentando una demanda contra el gobierno.
El cambio de nombre es «efectivo de inmediato», escribió en la carta Sherri Ann Charleston, quien supervisa la oficina. Charleston dijo que la oficina redoblará sus esfuerzos para garantizar que proporciona un foro para que las escuelas de Harvard compartan las mejores prácticas en la construcción de una cultura de pertenencia para «todos los miembros» de la universidad.
También planea ampliar y apoyar programas que den a los miembros de la comunidad «mayores oportunidades de comprometerse por encima de las diferencias». Otro objetivo es impulsar el apoyo a los estudiantes de bajos ingresos y de primera generación.
«En las próximas semanas y meses, tomaremos medidas para concretar este cambio y trabajar con todas las escuelas y unidades de Harvard para implementar estos objetivos vitales, incluyendo esfuerzos compartidos para reexaminar y remodelar las misiones y programas de las oficinas de toda la universidad», dice la carta.
«Gran parte de ese trabajo ya está en marcha en nuestras escuelas».
Mientras que Charleston indica en la carta que su cargo es «Directora de Vida Comunitaria y Universitaria», en la página web de Harvard, a fecha de 29 de abril, sigue figurando como «Directora de Diversidad e Inclusión».
El grupo de trabajo sobre antisemitismo del Departamento de Educación anunció este mes que congelaba subvenciones por valor de USD 2.2 mil millones y contratos por valor de USD 60 millones a la universidad.
La congelación de fondos se aplicó después de que Harvard se negara a cumplir ciertas exigencias de la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Entre las exigencias figuraban la eliminación de las iniciativas DEI, la prohibición de cubrirse la cara durante las protestas en el campus y la reforma de los procesos de contratación y admisión para dar prioridad a los méritos sobre los criterios de raza o género.
El 11 de abril, las agencias plantearon más exigencias, entre ellas la de descartar durante el proceso de admisión internacional a los solicitantes que parecieran «hostiles a los valores estadounidenses» o «partidarios del terrorismo o el antisemitismo».
Harvard se negó a cumplir, y el residente de la universidad, Alan Garber, afirmó en una carta abierta el 14 de abril que la institución «no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales».
El 21 de abril, Harvard dijo que presentó una demanda contra la administración Trump sobre el tema. Garber calificó la congelación de fondos de «ilegal y más allá de la autoridad del gobierno».
«Antes de tomar medidas punitivas, la ley requiere que el gobierno federal se comprometa con nosotros sobre las formas en que estamos luchando y continuaremos luchando contra el antisemitismo. En cambio, las exigencias del gobierno del 11 de abril pretenden controlar a quién contratamos y qué enseñamos», afirmó.
El 17 de abril, el Departamento de Educación pidió a Harvard que presentara una lista de sus financiadores extranjeros tras constatar que las declaraciones de financiación extranjera de la universidad eran «incompletas e inexactas».
Investigación por discriminación racial
El 28 de abril, el Departamento de Educación comunicó que también estaba investigando a la Universidad de Harvard y a la revista Harvard Law Review por presunta discriminación racial.La investigación se produce a raíz de informes según los cuales la Law Review utiliza «criterios basados en la raza» en su proceso de selección de artículos y de miembros de la revista, lo que violaría el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
«Las demandas del Título VI son claras: los receptores de asistencia financiera federal no pueden discriminar por motivos de raza, color u origen nacional», dijo Craig Trainor, subsecretario interino de Derechos Civiles, en el comunicado.
«La Administración Trump no permitirá que Harvard, ni ningún otro receptor de fondos federales, pisotee los derechos civiles de nadie».
Uno de los casos de discriminación reportados involucró a un editor de la revista diciendo que era «preocupante» que la mayoría de las personas que querían responder a un artículo sobre la reforma policial fueran hombres blancos, según el comunicado.
Según la declaración, otro editor de la revista sugirió que un artículo «debía ser objeto de una revisión acelerada porque el autor era de una minoría».
Comentando la investigación, la secretaria de Educación Linda McMahon dijo en una publicación del 29 de abril en X que el gobierno «no permitiría que los receptores de fondos federales discriminen por motivos de raza».
Otras universidades también están sintiendo el calor de las autoridades federales por prácticas o políticas discriminatorias.
El 28 de abril, el Departamento de Educación declaró que su Oficina de Derechos Civiles determinó que la Universidad de Pensilvania infringía el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 al negar a las mujeres «la igualdad de oportunidades al permitir que los varones compitan en el atletismo intercolegial femenino y ocupen instalaciones íntimas sólo para mujeres».
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