Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente una nueva política del gobierno de Trump dirigida a las transacciones transfronterizas de pequeña cuantía con el objetivo de frenar el lavado de capitales por parte de los cárteles, dando la razón a dos empresas que argumentaban que estaba paralizando sus operaciones y ahuyentando a sus clientes.
En una sentencia del 24 de junio, el juez federal Leon Schydlower concedió una orden de restricción temporal a Valuta Corporation y Payan's Fuel Center, dos empresas de servicios monetarios con sede en El Paso, al considerar que era probable que prosperara su alegación de que la política —que exige informar de las transacciones en efectivo de tan solo 200 dólares— era arbitraria y caprichosa.
La política, impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro a través de una Orden de Focalización Geográfica (GTO) emitida el 11 de marzo, obliga a las empresas de servicios monetarios de 30 códigos postales de California y Texas a presentar informes de transacciones monetarias sobre todas las transacciones en efectivo entre 200 y 10,000 dólares. El umbral de notificación estaba fijado anteriormente en 10,000 dólares, en virtud de las normas de la Ley de Secreto Bancario, vigente desde hace mucho tiempo.
La nueva medida, que forma parte de una iniciativa más amplia de la administración Trump para designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y estrangular su financiación en Estados Unidos, fue justificada por los funcionarios como necesaria para impedir que los traficantes dividieran grandes sumas en transacciones en efectivo más pequeñas para evitar ser detectados.
Sin embargo, los demandantes, que testificaron a principios de este año en un caso relacionado, afirmaron que la política, en cambio, atrapaba a empresas que cumplían la ley en barrios de alto riesgo, ahuyentando a los clientes y abrumando al personal con trámites burocráticos. En los documentos presentados ante el tribunal, ambos describieron cómo se quedaban hasta altas horas de la noche para completar el papeleo y cómo rechazaban a clientes habituales que no estaban dispuestos a proporcionar datos personales, como el número de la Seguridad Social, para convertir o transferir modestas sumas.
Ashley Light, copropietaria de Valuta, dijo que el negocio de su familia llevaba funcionando desde principios de la década de 1980 y que solo había presentado 123 informes de transacciones monetarias (CTR) en todo el año 2024. Con la nueva norma, se vio obligada a presentar aproximadamente 1600 informes en un solo mes, lo que supuso una explosión de papeleo que, según ella, amenazaba la viabilidad del negocio.
"Un empleado asalariado y yo hemos aumentado nuestras horas en aproximadamente un 50%. Trabajo hasta la 1:00 de la madrugada, solo haciendo CTR", escribió Light en una declaración. "No presentar los informes a tiempo es un delito. Cada CTR atrasado puede suponer una multa de más de 1400 dólares, o de más de 70,000 dólares si el gobierno decide que la infracción es intencionada. Si Valuta comete el más mínimo error, ahora nos enfrentamos a multas que podrían arruinarnos".
Andrés Payán Jr., que tiene una gasolinera que también ofrece servicios de cambio de cheques, afirmó en documentos presentados que muchos de sus clientes se sentían incómodos con las nuevas exigencias de identificación. Desde la entrada en vigor de la GTO, Payán dijo que ha perdido alrededor del 35% de su negocio de cambio de cheques, además de ingresos secundarios, como los procedentes de la venta de productos que los clientes que cambian cheques suelen comprar.
En respuesta, los abogados de la administración Trump argumentaron que la GTO está justificada porque las empresas de servicios monetarios a lo largo de la frontera suroeste son "particularmente vulnerables" a los abusos de lavado de dinero por parte de los cárteles, que blanquean ganancias ilícitas a través del sistema financiero estadounidense. También cuestionaron la supuesta carga que supone el cumplimiento de la nueva norma, calificándola de "exagerada". Pero incluso si el tribunal concediera la reparación solicitada por los demandantes, debería hacerlo de forma restrictiva, adaptando la sentencia para que solo se aplique a las empresas implicadas en la demanda, en lugar de anular la GTO con respecto a todas las empresas de las zonas cubiertas en Texas o en otros lugares.
El juez se puso del lado de los demandantes, pero adaptó la sentencia para que solo proteja a Valuta y Payan's Fuel Center de nuevas medidas de ejecución, lo que significa que otras empresas que no se han sumado a la demanda no están cubiertas.
En su sentencia, Schydlower señaló que el gobierno no había abordado las consecuencias reales del diseño geográfico de la norma, que penaliza a las empresas basándose únicamente en los límites de los códigos postales. Señaló Yarbrough Drive, una calle de El Paso que separa dos códigos postales adyacentes, uno cubierto por la orden y otro no, y dijo que un miembro del cártel "podría simplemente cruzar" la calle para eludir los requisitos.
“Las empresas inocentes pueden verse profundamente perjudicadas si se encuentran en el lado ‘equivocado’ de una calle de El Paso”, escribió, calificando a la GTO de “completamente ineficaz” desde el punto de vista de la aplicación de la ley.
El caso es uno de los varios recursos legales contra la GTO. Jueces federales de California y Texas concedieron anteriormente medidas cautelares, pero esas órdenes solo se aplicaban a un número limitado de demandantes. Dado que Valuta y Payan's Fuel Center no estaban cubiertos por las sentencias anteriores, a pesar de haber prestado testimonio en esos juicios, presentaron una nueva demanda en junio en busca de protección.
La GTO se centra en los códigos postales de seis condados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México: Imperial y San Diego en California, y Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb en Texas. Las autoridades argumentan que estas zonas presentan un riesgo elevado de actividades financieras ilícitas relacionadas con el tráfico transfronterizo de drogas.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro para solicitar comentarios sobre la sentencia de Schydlower del 24 de junio y si la administración tiene previsto apelar o modificar la GTO a la luz de las conclusiones de la corte.
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