Manifestantes pro palestinos en un campamento universitario en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, en Los Ángeles, el 6 de mayo de 2024. (Etienne Laurent/AFP/Getty Images).

Manifestantes pro palestinos en un campamento universitario en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, en Los Ángeles, el 6 de mayo de 2024. (Etienne Laurent/AFP/Getty Images).

Trump investiga al sistema universitario de California por antisemitismo y discriminación racial

Las dos investigaciones pusieron a los 22 campus del sistema en el punto de mira de los investigadores federales en medio de acusaciones de antisemitismo y discriminación racial

CALIFORNIA
Por Tom Ozimek
30 de septiembre de 2025, 1:01 a. m.
| Actualizado el30 de septiembre de 2025, 1:01 a. m.

La administración Trump inició una investigación en los 22 campus del sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) por acusaciones de antisemitismo y discriminación racial.

La rectora Mildred García declaró en una carta del 26 de septiembre a la comunidad de la CSU que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) presentó una denuncia por antisemitismo contra la CSU. García indicó que los investigadores ya comenzaron a contactar al profesorado y al personal para revisar las acusaciones y hablar con ellos sobre sus experiencias en el campus.

García también reveló que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación inició una investigación independiente sobre la CSU. Dicha investigación se centra en acusaciones de discriminación racial debido a interacciones con el Proyecto de Doctorado (PhD Project), una organización sin fines de lucro creada para diversificar la educación empresarial y la fuerza laboral corporativa.

García afirmó que la noticia de las investigaciones "podría ser inquietante" para el profesorado y el personal, y negó cualquier mala conducta, enfatizando que la CSU tiene la intención de cooperar plenamente con las investigaciones.

"La CSU no discrimina ni da preferencia a ninguna persona o grupo por motivos de raza, etnia, nacionalidad, ascendencia compartida, religión o cualquier otra condición protegida", escribió García.

Añadió que el sistema está "firmemente comprometido" a garantizar que las admisiones y la contratación se basen únicamente en el mérito.

Las investigaciones someten al sistema universitario público de cuatro años más grande del país al escrutinio de dos agencias federales, lo que plantea interrogantes sobre la libertad académica, la privacidad y la gobernanza universitaria.

La carta de García fue difundida en redes sociales por el Caucus of Rank and File Education Workers (CREW), un grupo no oficial dentro de la Asociación de Profesores de California (CFA). El grupo, compuesto por profesores, docentes y otro personal académico, impulsó una mayor rendición de cuentas sindical y transparencia en la CSU.

CREW también publicó en Instagram una comunicación separada enviada al profesorado y al personal de CSU Los Ángeles por el vicepresidente del campus. Ese correo electrónico revelaba que la EEOC había emitido una citación que obligaba a la universidad a proporcionar los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico personales de todos los empleados.

"La universidad está legalmente obligada a responder a esta citación federal", declaraba el correo electrónico. "La universidad se compromete a manejar su información de forma responsable y solo divulgará lo que la EEOC exija específicamente. Esta solicitud no implica que usted, individualmente, sea objeto de una investigación".

La presidenta de la CFA, Margarita Berta-Ávila, afirmó que la exigencia de información de contacto personal "plantea serias dudas sobre la privacidad de los miembros".

"Nuestros miembros exigen una copia de la citación y solicitan que CSULA no la cumpla hasta que hayamos tenido la oportunidad de revisarla y formular una respuesta", declaró en un comunicado.

Berta-Ávila también informó al profesorado y al personal que, si los investigadores federales los contactan en relación con las investigaciones de antisemitismo o discriminación racial, no están obligados a responder de inmediato.

"Háganles saber que se pondrán en contacto con ellos luego de haber tenido la oportunidad de consultar con su sindicato o asesor legal", escribió.

La CSU-Los Ángeles, objeto de la citación, fue sede de un campamento pro-palestino de alto perfil en 2024, parte de una ola más amplia de protestas en campus universitarios de todo el país por la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, desencadenada por el ataque de este grupo a Israel el 7 de octubre de 2023. Los manifestantes de la CSU-Los Ángeles ocuparon el campus durante semanas y estallaron enfrentamientos antes de que la administración finalmente les prohibiera regresar.

"Durante cuarenta días, ha habido un Campamento en nuestro campus", declaró Berenecea Johnson Eanes, presidenta de la CSU-Los Ángeles, en un comunicado en junio de 2024. "Hemos mantenido una comunicación formal e informal continua con el Campamento y sus asesores... Me comprometí a que la universidad continuara el diálogo, mientras el Campamento permaneciera sin disturbios. Anoche, quienes participaron en el Campamento optaron por la violencia y la destrucción".

Aunque no se realizaron arrestos, Eanes declaró posteriormente que los manifestantes ya no serían bienvenidos en el campus.

Las investigaciones de la CSU forman parte de un esfuerzo federal más amplio dirigido contra universidades acusadas de violar las leyes de derechos civiles o de participar en prácticas discriminatorias. Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que prohíben el antisemitismo, la contratación basada en la raza y la participación de hombres que se identifican como mujeres en deportes femeninos en los campus universitarios.

Su administración abrió más de 60 investigaciones en todo el país, incluyendo casos de alto perfil en Harvard, Columbia y Duke.

Las acciones del gobierno ya han dado lugar a importantes acuerdos financieros. En julio, la Universidad de Columbia acordó pagar 200 millones de dólares para resolver las acusaciones de discriminación a cambio de la restitución de la financiación de la subvención federal. Un mes después, la Universidad de Brown llegó a un acuerdo de 50 millones de dólares con el gobierno. Casi al mismo tiempo, el Departamento de Justicia declaró que la Universidad George Washington violó la ley federal por su gestión de las protestas pro palestinas.

Un portavoz de la EEOC declaró por correo electrónico que, según la ley federal, las denuncias presentadas ante la EEOC son confidenciales.

"La EEOC no puede confirmar ni negar la existencia de ninguna denuncia", declaró el portavoz.

The Epoch Times se puso en contacto con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación para solicitar comentarios sobre las investigaciones.


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