Las Naciones Unidas y la Unión Europea exigieron al régimen chino que libere a Zhang Zhan, una periodista ciudadana que recientemente fue condenada a otros cuatro años de prisión.
Zhang, de 42 años, había sido acusada de "provocar peleas y agitar disturbios", el mismo cargo utilizado para procesarla a finales de 2020 por publicar vídeos que ofrecían una visión de los primeros días de la pandemia de COVID-19 en China.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció las últimas sentencias como "profundamente inquietantes".
"Esta es la segunda vez que Zhang ha sido condenada y sometida a una pena de prisión por este delito. Pedimos su liberación inmediata e incondicional", dijo el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence, en una declaración el 22 de septiembre.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, declaró que "deplora" la sentencia contra Zhang.
"Pedimos su liberación inmediata e incondicional e instamos a China a que respete la libertad de expresión y garantice el debido proceso", declaró Anitta Hipper, portavoz de la Comisión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en un comunicado del 21 de septiembre en X.
Añadió que la UE también pidió a Beijing que proporcionara "información fiable" sobre el estado de salud de Zhang.
La sentencia dictada por un tribunal de Shanghái el 19 de septiembre se produjo más de un año después de que Zhang fuera detenida formalmente.
Reporteros sin Fronteras (RSF), una organización internacional con sede en París que defiende la libertad de prensa, había expresado su preocupación por el bienestar de Zhang a principios de este año, afirmando que había sido sometida a alimentación forzada tras una prolongada huelga de hambre.
Miembros del personal médico llevan a un paciente al hospital Jinyintan, donde se trataba a pacientes infectados por un misterioso virus similar al SARS, en Wuhan, provincia de Hubei (China), el 18 de enero de 2020. (STR/AFP vía Getty Images)Zhang fue una de las primeras ciudadanas chinas conocidas de haber sido castigada por el régimen comunista por transmitir al exterior información sin filtrar sobre el brote nacional.
Desde que el COVID-19 apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, a finales de 2019, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha controlado estrictamente toda la información relacionada, desde las cifras de infección y el número de muertos hasta las vidas bajo confinamiento y el laboratorio de Wuhan, en el centro de la teoría del origen del virus por fuga del laboratorio, en un intento de suprimir cualquier información que se considere perjudicial para su imagen.
Zhang, una antigua abogada de Shanghái, viajó a Wuhan en febrero de 2020. Detalló sus visitas y entrevistas llevadas a cabo en hospitales, centros de cuarentena y el Instituto de Virología de Wuhan en docenas de vídeos grabados con su teléfono móvil y subidos a plataformas como WeChat y YouTube.
Estos relatos de primera mano, especialmente las caóticas escenas que se desarrollaban en el epicentro de la pandemia durante el confinamiento inicial, contradecían la narrativa del PCCh de que el brote estaba bajo control.
En mayo de 2020, fue detenida por la policía de Shanghái y recibió una pena de cuatro años de cárcel por "provocar peleas y agitar disturbios" en diciembre de 2020.
Según su familia, mientras estuvo encarcelada, esta mujer de 1,80 m de altura llegó a pesar menos de 40 kg debido a una huelga de hambre en protesta por las acusaciones en su contra. En aquel momento, le contó a su abogado que la policía la alimentó a la fuerza con una sonda nasogástrica, un proceso que describió como muy doloroso.
Zhang fue puesta en libertad en mayo de 2024, pero tres meses después fue detenida de nuevo y puesta bajo custodia formal por sospecha de "provocar peleas y agitar disturbios", según grupos de derechos humanos.
El 19 de septiembre de 2025, Zhang fue juzgada en secreto, según Jane Wang, organizadora de la campaña "Free Zhang Zhan" (Liberen a Zhang Zhan). La acusación formal, publicada en la cuenta de X de un simpatizante, citaba los comentarios de Zhang en X y YouTube que "dañaron gravemente la imagen del país".
Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional en China, afirmó que "el compromiso de Zhang con la defensa de los derechos humanos y su constante negativa a guardar silencio" la convirtieron en blanco del PCCh.
"Hasta que las autoridades chinas no se vean presionadas a cambiar leyes vagas y excesivamente amplias y se les exija responsabilidades por privar sistemáticamente de su libertad a los defensores de los derechos humanos, el futuro de los derechos humanos en el país seguirá siendo sombrío", afirmó Brooks en una declaración el 22 de septiembre.
"Y la comunidad internacional, incluidos los socios bilaterales de China, debe dar prioridad no solo a pedir la liberación de Zhang y otras personas detenidas injustamente, sino también a utilizar activamente su influencia para garantizar que sean liberadas".
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