A partir del 15 de julio, el Partido Comunista Chino (PCCh) pondrá en marcha un nuevo y amplio sistema de identificación en Internet, lo que ha suscitado la preocupación sobre una nueva era de vigilancia y control de la vida digital de más de 1000 millones de personas.
El nuevo programa, presentado por seis importantes departamentos gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública del PCCh y el principal regulador de Internet de China, exigirá a los usuarios que se registren con sus nombres reales y obtengan un «número de Internet» y un «certificado de Internet» emitidos por el Estado. Estas identificaciones digitales se utilizarán para acceder a cualquier plataforma online que requiera la autenticación con el nombre real, lo que podría incluir desde las redes sociales hasta los registros sanitarios, los portales educativos y los servicios gubernamentales.
Aunque el régimen chino insiste en que la participación es voluntaria, los críticos advierten que el sistema está diseñado para su aplicación gradual, ya que el régimen busca centralizar el control y la vigilancia de los usuarios de Internet en China.
«Se trata claramente de la puesta en marcha gradual de un aparato de vigilancia integral», declaró Cao Lei, analista independiente de datos de Internet en China, a The Epoch Times.
Los medios de comunicación estatales del PCCh anunciaron el nuevo sistema en mayo y promovieron el DNI digital como un medio para «salvaguardar la información personal» y agilizar la regulación y la verificación gubernamentales. Para solicitar un DNI digital, los usuarios deben presentar documentos de identidad oficiales, como el documento de identidad chino, el pasaporte o el permiso de residencia en China continental para los residentes de Hong Kong, Macao y Taiwán. En el proceso también se requiere el reconocimiento facial y la verificación del teléfono móvil. Se anima incluso a los menores a registrarse, y sus tutores deben proporcionar su identificación en su nombre.
Por el momento, el sistema ya está integrado en más de 400 aplicaciones, que abarcan el comercio electrónico, la sanidad, el turismo, la educación y los servicios públicos.
En nombre de la seguridad
El régimen chino afirma que el nuevo sistema tiene por objeto luchar contra las estafas en Internet y la ciberdelincuencia, pero los juristas y los usuarios de Internet chinos han expresado sus críticas.Zhang Hong, sociólogo de la prestigiosa Universidad Tsinghua de China, señaló que las políticas de identificación real anteriores, como la identificación obligatoria para registrar números de teléfono, solo pueden utilizarse en teoría para combatir las estafas y los delitos cibernéticos, pero que, en realidad, no han dado lugar a una reducción significativa de la delincuencia. «Sigue habiendo robos de cuentas bancarias», declaró a The Epoch Times.
En un artículo publicado en junio, la profesora de Derecho de la Universidad de Tsinghua, Lao Dongyan, criticó la ampliación del control estatal. «El sistema de identificación en Internet aplica esencialmente herramientas de investigación criminal para sospechosos a todos los ciudadanos comunes», escribió. «Viola claramente los principios legales».
Ampliación de la censura
Para muchos ciudadanos chinos, la creciente lista de requisitos de identificación digital está creando un clima de miedo en un régimen que ya aplica una vigilancia y una censura estrictas.Chen Xiaoping, residente en Dongguan (China), describió la situación a The Epoch Times. «La aplicación generalizada de la verificación de la identidad real restringe aún más el espacio para la libertad de expresión en Internet, lo que hace que la gente tenga miedo de expresarse [por temor a ser señalada]».
Desde la llegada de Internet a China a principios de la década de 1990, el PCCh ha considerado el libre acceso a la información como una amenaza para su control político. Preocupado por que el pueblo chino pudiera estar expuesto a ideas ajenas al discurso oficial, el régimen comenzó a construir un aparato de censura que no ha hecho más que endurecerse con el tiempo.
La censura a los sitios web extranjeros se ha extendido a las plataformas de redes sociales y a los motores de búsqueda. El régimen chino creó sus propios motores de búsqueda, plataformas de streaming de vídeo y chats online paralelos desde que prohibió Google, YouTube, Facebook y otros.
El PCCh ya había implantado la verificación obligatoria de la identidad para los números de teléfono y las principales plataformas de redes sociales, a pesar de sus estrictos mecanismos de censura que eliminan y bloquean cualquier contenido en online que sea mínimamente crítico con el régimen. No obstante, estos mecanismos de verificación de la identidad eran gestionados por cada sitio web o plataforma de aplicaciones individual. Ahora, la nueva identificación en Internet traslada la responsabilidad al régimen bajo el sistema de gestión centralizada del PCCh.
Los iconos de las aplicaciones WeChat y Weibo se ven en un teléfono inteligente en una foto de archivo. (Petar Kujundzic/Reuters)
Vigilancia en Internet
Weibo, la principal plataforma de microblogging de China, comenzó a exigir la verificación de la identidad para las nuevas cuentas en 2011. Estos requisitos pronto se extendieron a los grupos de chat en Internet y otras plataformas de redes sociales.WeChat, la principal plataforma de chat en online de China, similar a WhatsApp, se ha integrado en el sistema de pagos chino, convirtiéndose en el método de pago más aceptado en todo el país, y casi todos los chinos que tienen un teléfono están registrados en WeChat con verificación de identidad, ya que sin ella los pagos y transacciones diarios se vuelven innecesariamente incómodos. Esto le permite al régimen identificar a casi todos los usuarios de las redes sociales.
Incluso en Estados Unidos y otros países occidentales, el PCCh utiliza WeChat para infiltrarse y vigilar a los chinos en el extranjero, ya que la aplicación cubre casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los chinos en Internet.
Con la implementación del 15 de julio, China parece dispuesta a ir más allá de las políticas fragmentadas de nombre real hacia un sistema de identidad digital único y controlado por el Estado, que, según los críticos, deja poco margen para la privacidad, la disidencia o el anonimato en Internet.
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