WASHINGTON—Una cuestión en el Congreso vuelve a unir a los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes y a los republicanos alineados con el Freedom Caucus en apoyo de una nueva legislación.
¿La cuestión? La negociación de acciones por parte de los miembros del Congreso. En los últimos años, varios senadores y representantes fueron objeto de informes críticos sobre operaciones de acciones que realizaron personalmente, obtuvieron ganancias considerables poco antes de anuncios que afectaron al mercado.
Una de las personas más criticadas ha sido la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), cuyo esposo, Paul, es un inversor de capital riesgo y superó habitualmente al índice S&P 500 en sus operaciones bursátiles, lo que ha llevado a los observadores del mercado a seguir de cerca su cartera en las redes sociales en busca de orientación.
El uso de información privilegiada por parte de los miembros del Congreso y su personal ya está prohibido, y están obligados a informar de cualquier compra de acciones a las autoridades del Congreso en un plazo de 45 días a partir de la transacción, según la Ley de Ética en el Gobierno. Aun así, los miembros tienen acceso habitual a información sensible e incluso clasificada que podría influir indirectamente en los mercados, lo que, según algunos legisladores, les da la posibilidad de obtener beneficios injustos de su cargo público.
Varias docenas de miembros de la Cámara de Representantes copatrocinaron la "Ley de Representación Transparente, Servicio y Confianza (TRUST) en el Congreso", que prohibiría a los miembros del Congreso, sus cónyuges e hijos dependientes la negociación de acciones en su totalidad. Esta iniciativa cuenta con el mayor número de copatrocinadores entre los proyectos de ley presentados con este fin.
“Podemos fortalecer la integridad de nuestro gobierno asegurando que los miembros del Congreso sirvan a sus electores y no a sus carteras de acciones”, afirmó el representante Seth Magaziner (D-R.I.), principal patrocinador demócrata del proyecto de ley, en un comunicado.
“Se supone que debemos ser objetivos. ¿Cómo puedes ser objetivo si estás analizando la posibilidad de desmantelar a las grandes tecnológicas … [si] todos estamos aquí y cada uno está comerciando esas acciones?”, dijo el representante Chip Roy (R-Texas), principal patrocinador republicano del proyecto de ley, en una audiencia sobre el mismo celebrada el 4 de marzo. "No debemos permitir que la gente se beneficie del day trading... Es el momento de hacerlo".
La Ley TRUST obligaría a los miembros del Congreso a poner sus acciones en un fideicomiso ciego durante el tiempo que duren sus mandatos. El proyecto de ley no especifica ninguna sanción por incumplimiento.
Se intentó prohibir el comercio de acciones por parte de miembros del Congreso en varios periodos legislativos, pero ninguno recibió nunca una votación final en el Senado ni en la Cámara de Representantes. En ambas cámaras, los líderes de los partidos controlan de forma efectiva la inclusión de proyectos en el pleno y pueden impedir que se considere la legislación.
La iniciativa recibió el respaldo de la dirección del Grupo Demócrata de la Cámara de Representantes, especialmente tras la noticia de que la diputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) adquirió recientemente acciones por valor de hasta 315,000 dólares durante un periodo de caída del mercado, poco antes de que el presidente Donald Trump anunciara una suspensión de 90 días de los aranceles sobre los productos extranjeros, lo que provocó una subida de los precios de las acciones. Greene afirmó que ella no realizó las operaciones, sino que fueron realizadas por su gestor de cartera.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), apoya la iniciativa. "Es hora de prohibir la compraventa de acciones por parte de los miembros del Congreso", escribió el 15 de abril.
En el Senado, una iniciativa anterior para prohibir la negociación de acciones por parte de los miembros del Congreso fue liderada por el senador Josh Hawley (R-Mo.), quien presentó un proyecto de ley junto con el senador Gary Peters (D-Mich.) durante el 118.º Congreso, aunque nunca fue aprobado por el pleno.
El proyecto de ley no se ha vuelto a presentar en el 119.º Congreso.
A pesar de que las encuestas muestran que muchos votantes están a favor de estas prohibiciones, hay oposición en el Congreso. La legislación de Hawley, cuando se examinó en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en julio de 2024, recibió votos en contra de los senadores Ron Johnson (R-Wis.), Rand Paul (R-Ky.) y James Lankford (R-Okla.). Ninguno de ellos ha hecho pública su declaración sobre su voto en contra del proyecto de ley.
Otras ramas del Gobierno tienen normas éticas que exigen la desinversión de activos o la creación de fideicomisos ciegos para evitar conflictos de intereses. Los jueces de la Corte Suprema y otros jueces federales pueden poseer acciones individuales, pero deben recusarse en los casos que afecten a esas empresas.
En el poder ejecutivo, los funcionarios también pueden poseer acciones, pero no pueden trabajar en asuntos relacionados con esas empresas, y el incumplimiento de esta norma conlleva sanciones penales. Solo el presidente y el vicepresidente están exentos de estos conflictos.
Las oficinas de Hawley y Pelosi no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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