Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dijo que la prohibición de redes sociales impuesta al expresidente Jair Bolsonaro la semana pasada incluye dar entrevistas y usar las redes sociales directa o indirectamente.
"La medida cautelar que prohíbe a Bolsonaro usar redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, incluye obviamente la transmisión, retransmisión o publicación de audio, video o transcripciones de entrevistas en plataformas de redes sociales de terceros", dijo De Moraes al medio de comunicación estatal Agência Brasil el 21 de julio.
Las declaraciones de Moraes se refirieron a una serie de videos difundidos ampliamente desde el 21 de julio en las redes sociales que muestran a Bolsonaro rodeado de reporteros mostrando una tobillera electrónica colocada por agentes de la policía federal la semana pasada.
Según el juez, el incumplimiento de esta prohibición podría resultar en la prisión preventiva de Bolsonaro.
Los abogados de Jair Bolsonaro respondieron el 21 de julio que el expresidente no ha incumplido la medida cautelar que prohíbe el uso de las redes sociales.
"Al tiempo que rechaza vehementemente cualquier incumplimiento, la recurrente, para evitar cualquier malentendido sobre el alcance pretendido de la medida cautelar impuesta mediante estos recursos, solicita que se aclare la decisión, a fin de precisar los términos exactos de la prohibición del uso de redes sociales, aclarando, además, si dicha prohibición implica la concesión de entrevistas", afirma la defensa.
El 17 de julio, el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso a Jair Bolsonaro prisión preventiva nocturna domiciliaria de las 19:00 hasta las 6:00 horas todos los días, incluidos festivos y fines de semana, vigilancia electrónica "para evitar su fuga", ver redes sociales y acceder a las sedes de embajadas de países extranjeros por presuntamente "atentar contra la soberanía nacional" y supuestamente instar al gobierno de Estados Unidos a interferir con el gobierno de Brasil.
El 18 de julio, agentes de la policía federal trasladaron a Bolsonaro a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde le colocaron una tobillera electrónica y le impusieron las medidas cautelares.
Los agentes de la Policía Federal también llevaron a cabo dos órdenes de allanamiento e incautación en el domicilio del expresidente brasileño y de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por presunta "coacción en el curso del proceso (art. 344 del Código Penal), obstrucción de la investigación de un delito que involucra a una organización criminal".
El expresidente Bolsonaro y siete de sus colaboradores fueron acusados el 14 de julio ante el STF por el Fiscal General de Brasil, Paulo Gonet Branco, de cometer "actos contrarios al Estado Democrático de Derecho" por el supuesto intento de golpe de Estado en 2023, tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Jair Bolsonaro ha negado las acusaciones diciendo que los hechos demuestran lo contrario y calificó la demanda como una persecución.
"Todas las acusaciones son falsas. Nunca he atentado contra la democracia ni contra la Constitución. (...) Estamos viviendo una verdadera CACERÍA DE BRUJAS, una persecución descarada contra mí y contra los millones de brasileños a quienes represento y a quienes doy voz", dijo Bolsonaro en una publicación en su cuenta de X el 14 de julio.
El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio calificó el 18 de julio las acciones del juez De Moraes contra el expresidente brasileño Bolsonaro como "una cacería política" y ordenó la revocación de las visas estadounidenses del juez y de sus aliados en el tribunal, así como de sus familiares directos, con efecto inmediato.
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