Un juez federal permitió que la administración Trump aplique los requisitos de identificación para los inmigrantes presentes ilegalmente en Estados Unidos.
En un fallo del jueves, el juez Trevor Neil McFadden dijo que una norma del Departamento de Seguridad Nacional que exige a los inmigrantes ilegales cumplir con el registro legal y la toma de huellas dactilares puede seguir adelante, ya que los demandantes que se oponen a ella no han «demostrado que tienen legitimación para presentar esta demanda».
El caso se presentó el 31 de marzo en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington, siendo el demandante principal la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, junto con otros grupos de defensa de los inmigrantes.
El 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo por segunda vez, emitió una orden ejecutiva, «Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión», en la que declaró que los inmigrantes ilegales deben ser identificados y registrados ante el gobierno federal.
Tras su orden, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el 25 de febrero que el DHS aplicaría plenamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en virtud de la cual se rastreará a los inmigrantes ilegales y se les obligará a abandonar el país voluntariamente.
Se impondrán sanciones penales a quienes no abandonen el país, no registren su identidad ante el gobierno federal y no se tomen sus huellas dactilares, o no informen a las autoridades de un cambio de domicilio.
«El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría dar lugar a una multa, a una pena de prisión o a ambas. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, pero ya no», decía el anuncio del DHS, en referencia a la Ley de Registro de Extranjeros, que fue promulgada por primera vez por el Congreso en 1940.
El requisito de registro entrará en vigor a partir del 11 de abril de 2025.
Según el requisito de registro de extranjeros, todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que no se registraron ni se tomaron las huellas dactilares al solicitar un visado estadounidense y que permanecen en Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares.
La INA exige que todos los «padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años se aseguren de que esos extranjeros estén registrados».
Los inmigrantes ilegales registrados mayores de 18 años deben llevar consigo en todo momento una prueba de registro, según la norma.
«El incumplimiento puede dar lugar a sanciones penales y civiles, que pueden llegar a incluir el procesamiento por delito menor, la imposición de multas y el encarcelamiento».
El sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. afirma que, como parte de la habilitación del requisito, el gobierno ha establecido un nuevo formulario, el G-325R, Información biométrica (registro), y un proceso online «mediante el cual los extranjeros no registrados pueden registrarse y cumplir con la ley».
En su demanda, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes argumentó que la norma del DHS «revierte el enfoque de larga data del gobierno con respecto al registro... de una manera que causará confusión, miedo y una perturbación económica significativa.
«Los demandados intentan adecuarse a estos cambios radicales sin ninguna explicación significativa del cambio de política y sin la notificación, el comentario público y la consideración cuidadosa que el Congreso requiere para evitar exactamente este tipo de daños».
Los demandantes solicitaron la suspensión de la norma.
McFadden dictaminó que los demandantes no habían logrado establecer su legitimación a nivel organizativo y en nombre de los miembros de la organización.
Los «daños» de la coalición son «muy especulativos, y suenan a miedos prospectivos sobre lo que podría suceder cuando la norma entre en vigor», dijo.
La organización tampoco ha demostrado cómo un «mero requisito de acatar la ley» constituye un daño concreto.
Los demandantes argumentaron que esta «admisión forzada» sobre el estatus migratorio de sus miembros viola el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.
En respuesta, McFadden dijo que la coalición no había «demostrado que alguno de sus miembros fuera realmente objeto de un proceso penal basado en sus respuestas al formulario G-325R».
Mientras tanto, según el DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó 32,809 detenciones en los primeros 50 días de la administración Trump, una cifra que casi iguala el total de detenciones realizadas en el año fiscal 2024.
El DHS dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X el 9 de abril: «Los extranjeros ilegales deben usar la aplicación CBP Home para auto-deportarse y abandonar el país ahora. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias. Esto incluye una multa de 998 dólares por cada día que el extranjero ilegal se haya quedado más tiempo del que le correspondía según su orden de deportación final».
The Epoch Times se puso en contacto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes para recabar sus comentarios.
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