El 23 de septiembre, un juez federal de San Francisco ordenó a la administración del presidente Donald Trump que restituyera 500 millones de dólares en subvenciones a los investigadores de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA).
La jueza federal Rita Lin había ordenado previamente a la Fundación Nacional para la Ciencia que descongelara 81 millones de dólares en subvenciones a la universidad, alegando que el gobierno había actuado "mediante cartas tipo sin fundamento y con poca o ninguna explicación y cortando los fondos para detener la investigación sobre temas prohibidos como la diversidad, la equidad y la inclusión".
El Departamento de Justicia anunció el 29 de julio que la UCLA había violado la 14.ª Enmienda y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles al no defender a sus estudiantes judíos del antisemitismo.
Unos días más tarde, la UCLA reveló que el gobierno iba a cancelar 584 millones de dólares en subvenciones para investigación destinadas a la universidad.
Posteriormente, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la Administración estaba tratando de resolver la disputa sobre derechos civiles por 1000 millones de dólares. Trump resolvió recientemente disputas similares con la Universidad de Brown por 50 millones de dólares y con la Universidad de Columbia por 221 millones de dólares.
Harvard demandado al gobierno por recortes similares en la financiación y, el 3 de septiembre, un juez federal dictaminó que dichos recortes eran ilegales.
Los demandantes en el caso de la UCLA eran investigadores individuales, no la propia universidad. Dijeron que el gobierno había infringido la Ley de Procedimientos Administrativos al cancelar las subvenciones de forma repentina y sin proporcionar una justificación suficiente.
También acusaron al gobierno de infringir la Primera Enmienda, alegando que las subvenciones se cancelaron por "discriminación por motivos de opinión".
El gobierno rebatió la idea de que las subvenciones se cancelaron mediante "cartas tipo" y sin consideración alguna. Para demostrarlo, presentó varias cartas de cancelación de subvenciones que había enviado anteriormente a la UCLA y a otras universidades.
En el caso de un proyecto, "Efectos sobre la salud del estigma interseccional entre las mujeres pertenecientes a minorías sexuales", una carta de los NIH indicaba que, aunque su política general es suspender las subvenciones y permitir a los beneficiarios corregir cualquier problema, "en este caso no es posible adoptar medidas correctivas" porque la premisa de ese proyecto de investigación "es incompatible con las prioridades de la agencia y ninguna modificación del proyecto podría alinearlo con las prioridades de la agencia".
El gobierno también alegó, al igual que en muchas demandas que impugnaban sus recortes de financiación, que el caso no correspondía a la corte de distrito, sino que debía ser visto por la Corte de Reclamaciones Federales, ya que se trataba de una disputa contractual.
Lin rechazó ese argumento. Escribió que, aunque una reciente orden de la Corte Suprema se había puesto del lado del gobierno al devolver los casos a la Corte de Reclamaciones Federales, esa sentencia no era aplicable en este caso.
Dijo que los argumentos en ese caso eran diferentes, ya que los investigadores de la UCLA "no son parte en los acuerdos de subvención y no podían obtener ninguna compensación en la Corte Federal de Reclamaciones, que solo puede proporcionar compensaciones a las partes contratantes".
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar sus comentarios.
Con información de Aaron Gifford.
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