El 7 de noviembre, una corte federal de apelaciones se negó a emitir una suspensión de emergencia que dejara sin efecto la orden judicial que exigía al gobierno federal financiar completamente los cupones de alimentos en noviembre.
Al mismo tiempo, la corte indicó que pronto volverá a examinar la solicitud de suspensión presentada por el gobierno.
La corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. emitió su fallo el mismo día en que la administración Trump presentó una moción de emergencia solicitando la suspensión de la orden del juez federal de distrito.
En la nueva orden, emitida fuera del horario laboral, el Primer Circuito indicó que se denegó la solicitud del gobierno de una suspensión administrativa, la cual otorga a los jueces más tiempo para considerar un caso urgente.
Sin embargo, la corte de circuito señaló que la moción del gobierno para una suspensión mientras apela dicha orden "permanece pendiente".
"Tenemos la intención de emitir una decisión sobre la moción lo antes posible", señala la orden.
La moción surge después de que el juez John McConnell Jr., de la corte de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Rhode Island, ordenara al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) pagar a los estados el dinero antes del 7 de noviembre para su distribución entre los aproximadamente 42 millones de participantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del país.
"La gente ha pasado hambre demasiado tiempo. No depositarles los pagos ni un solo día más es simplemente inaceptable", declaró McConnell.
Funcionarios del USDA se negaron a financiar el SNAP durante el cierre del gobierno, argumentando que no podían usar fondos de contingencia ni ingresos arancelarios para el programa.
En respuesta a una demanda, McConnell declaró recientemente que la administración podría financiar parcialmente los beneficios de noviembre con fondos de contingencia o financiarlos en su totalidad con ese dinero y los ingresos arancelarios.
El gobierno afirmó en la nueva moción que no puede gastar dinero que el Congreso no le ha autorizado. Según el gobierno, el Congreso no ha asignado fondos del SNAP para cubrir los beneficios del presente año fiscal federal, que comenzó el 1 de octubre.
"Incluso después de agotar la totalidad de la reserva de contingencia del SNAP —una medida que el Departamento de Agricultura tomó a principios de esta semana en respuesta a una orden de restricción temporal emitida por la corte de distrito— solo hay suficiente dinero para pagar parcialmente los beneficios del SNAP de noviembre. Sin duda, se trata de una crisis, pero es una crisis ocasionada por una falla del Congreso, y esta solo puede resolverse mediante la acción del Congreso", señala la moción.
En cambio, un juez federal de distrito está haciendo una burla a la separación de poderes al ordenar al USDA que compense el déficit del SNAP transfiriendo miles de millones de dólares que fueron asignados a otros programas de seguridad alimentaria igualmente cruciales, y que lo haga en tan solo un día hábil (es decir, hoy mismo), añadió.
La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide al gobierno en tres ramas para evitar que una sola acumule demasiado poder.
Las cortes no tienen permitido asignar ni gastar fondos, sino que son responsables de hacer cumplir la ley. La ley establece específicamente que los beneficios del SNAP están sujetos a las asignaciones disponibles, indicó la moción.
Cuando hay un déficit de fondos, las regulaciones exigen que el USDA ordene a los estados que reduzcan los pagos de los beneficios, lo cual es precisamente lo que hizo el USDA esta semana, concluyó.
Citando la Sección 32 de la Ley de Ajuste Agrícola de 1935, que asigna ingresos a varios programas, la corte de distrito ordenó al USDA "desviar miles de millones de dólares de los Programas de Nutrición Infantil que financian, entre otras cosas, las comidas escolares para millones de niños", según la moción.
"Si cada beneficiario de un programa de gasto obligatorio pudiera acudir a las cortes y obligar a la agencia a transferir fondos de otras fuentes, el resultado sería una multitud inviable y contradictoria de mandatos judiciales que convertirían las finanzas federales en un gigantesco juego de trileros" señala la moción.
La corte de distrito supone que el Congreso "hará la reposición de fondos de los programas de los cuales se tomaron prestados en el futuro" lo cual es "pura especulación", ya que, según la cláusula de asignaciones de la Constitución, "las agencias no pueden gastar dinero basándose en meras ilusiones", indica la moción.
La moción señala que la corte de distrito se equivocó al acusar al presidente de actuar de mala fe por simplemente afirmar que los beneficios completos del SNAP no se reanudarían hasta que el gobierno federal reabriera, ya que el presidente "solo estaba exponiendo un hecho: la asignación presupuestaria caducó y le corresponde al Congreso resolver esta crisis".
Más tarde ese mismo día, el 7 de noviembre, el demandante principal, el Consejo Estatal de Iglesias de Rhode Island, presentó una respuesta a la moción ante el Primer Circuito.
La respuesta afirmaba que la decisión del gobierno federal, a finales de octubre, de suspender los pagos del SNAP correspondientes a noviembre era "contraria a la ley, arbitraria y caprichosa".
La corte de distrito dictaminó correctamente que la decisión del gobierno de realizar pagos parciales era arbitraria y "dejaba una sola opción para mitigar el daño irreparable a los demandantes y a millones de estadounidenses: utilizar los fondos indiscutiblemente disponibles para realizar los pagos completos de noviembre".
El Primer Circuito podría pronunciarse sobre la moción del gobierno federal en cualquier momento.
Con información de Zachary Stieber.
