Un juez federal bloqueó la iniciativa del presidente Donald Trump de retirar los fondos federales a las ciudades que han adoptado las llamadas políticas de santuario para los inmigrantes ilegales.
En una orden del 24 de abril en la que concedía una medida cautelar, el juez federal William H. Orrick, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, se puso del lado de los demandantes: San Francisco, Santa Clara y otras 14 ciudades que se verían afectadas por las órdenes ejecutivas de retirarles los fondos federales procedentes de los contribuyentes.
«Las secciones impugnadas... que retienen, congelan o condicionan los fondos federales asignados a las localidades por el Congreso, violan los principios de separación de poderes de la Constitución y la cláusula de gastos... [y] la Quinta Enmienda en la medida en que son inconstitucionalmente vagas y violan el debido proceso», escribió Orrick.
Prohibió a la administración aplicar cualquier recorte de fondos a dichas ciudades, una decisión que se mantendrá en vigor hasta que se resuelva el litigio sobre este tema.
Las ciudades santuario son gobiernos locales que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración en la identificación o deportación de inmigrantes ilegales.
La presión para retirar los fondos a estas ciudades encaja en el objetivo más amplio de la administración Trump de detener la inmigración ilegal y llevar a cabo lo que el presidente ha calificado como «la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos».
En 2017, durante su primer mandato, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13768, que pretendía retirar la financiación a muchas de las mismas ciudades implicadas en la demanda actual. En ese momento, Orrick se puso del lado de los demandantes para bloquear la aplicación de la orden ejecutiva.
Esa orden ejecutiva, muy similar a la suspendida por Orrick el jueves, se basaba en garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Código de Estados Unidos 8 § 1373, que prohíbe «a cualquier entidad o funcionario del Gobierno federal, estatal o local [prohibir] o restringir de cualquier manera a cualquier entidad o funcionario gubernamental el envío... o la recepción de... información relativa a la ciudadanía o la situación migratoria, legal o ilegal, de cualquier persona».
Tras recuperar la Casa Blanca, Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas, numeradas 14159 y 14218, cuyo «lenguaje y propósito... reflejan la EO 13768», dijo Orrick.
La sección 17 de la orden ejecutiva 14159, que es objeto de litigio en el caso, ordena al fiscal general y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que «evalúen y emprendan cualquier acción legal para garantizar que las denominadas jurisdicciones «santuario», que tratan de interferir en el ejercicio legítimo de las operaciones de aplicación de la ley federal, no tengan acceso a los fondos federales».
En medio de una avalancha de impugnaciones legales a las directivas de la administración Trump en todo el país, la fiscal general Pam Bondi siguió en febrero las órdenes con una directiva que define una ciudad santuario como «jurisdicciones estatales o locales que se niegan a cumplir con el artículo 8 U.S.C. § 1373, se niegan a certificar el cumplimiento del artículo § 1373 o incumplen deliberadamente otras leyes federales de inmigración aplicables».
La directiva también ordenaba a los organismos pertinentes del Departamento de Justicia que revisaran sus contratos, subvenciones y otros acuerdos financieros con las ciudades santuario y las organizaciones no gubernamentales y que recortaran esa financiación cuando fuera aplicable y de conformidad con la ley.
Orrick afirmó que esta medida era «probablemente arbitraria y caprichosa, contraria a la Constitución y una acción final [de tipo] ultra vires de la agencia en virtud de la [Ley de Procedimiento Administrativo]».
La administración aún no ha respondido a la decisión.
Se produce en medio de una serie de medidas cautelares similares dictadas por jueces federales que limitan la capacidad de la Administración para aplicar las políticas fronterizas y de inmigración de Trump, lo que ha dado lugar a propuestas en el Congreso de Estados Unidos para debilitar el poder judicial y el alcance de sus medidas cautelares contra las políticas de la Administración.
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